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motivo de la tercería de dominio interpuesta por una
Comisión Liquidadora nombrada en el convenio
que había puesto fin a un expediente de suspensión
de pagos: “La datio pro soluto es significativa de adjudicación
del pago de deudas, que, si bien carece
de específica definición en el derecho sustantivo civil,
se trata de un acto por virtud del cual del deudor
transmite bienes de su propiedad al acreedor a fin
de que éste aplique el bien recibido a la extinción
de su crédito, actuando este crédito con igual función
que el precio en el contrato de compraventa;
en cambio, la datio pro solvendo, reveladora de adjudicación
para pago de deudas, que tiene una específica
regulación en el art. 1175 del Código Civil,
se configura como un negocio jurídico por el cual,
el deudor propietario transmite la posesión de sus
bienes y la facultad de proceder a su realización pero
con la obligación de aplicar el importe obtenido
en la enajenación al pago de las deudas contraídas,
sin extinción del crédito en su totalidad, pues el
deudor sigue siéndolo respecto al adjudicatario en
la parte del crédito a que no hubiese alcanzado el
importe líquido de los bienes cedidos, toda vez que
la adjudicación sólo libra de responsabilidad al deudor
por el importe líquido de los bienes cedidos, como
expresamente previene el meritado art. 1175”.
Así, la cesión de bienes para pago no es una verdadera
cesión sino una cesión meramente aparente
porque no existe transmisión de la propiedad de los
bienes al cesionario sino un mandato o negocio autorizativo
en virtud del cual el cesionario está facultado
para enajenar los bienes y aplicar el producto
obtenido a la reducción de la deuda, quedando ésta
cancelada o extinguida sólo en cuanto a la parte
que alcanzare dicho producto. Por ello se desestima
la tercería de dominio interpuesta por la Comisión
Liquidadora y cabría desestimar, en su caso, una
pretensión de separatio ex iure dominii si quien ha
recibido unos bienes en concepto de cesión para
pago (pro solvendo) intentase su separación de la
masa activa de un concurso mediante la acción que
prevé el art. 80 de la vigente Ley Concursal
1.2 La confusión terminológica.
Existe en la práctica forense cierta confusión,
que se manifiesta especialmente en el ámbito concursal
y en el de las tercerías de dominio, en relación
con la calificación y consecuencias jurídicas
de las cesiones de crédito. Esta confusión es propiciada
por el uso de expresiones equívocas -o del uso
equívoco, analógico o incluso metafórico de expresiones
que se convierten en equívocas- por parte
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tanto de la doctrina civil y mercantil como por la jurisprudencia
del Tribunal Supremo y las resoluciones
de los juzgados y tribunales de instancia. Así,
una misma expresión se usa en sentidos diversos lo
que da lugar a que, en algunas ocasiones, se atribuyan
indebida o erróneamente a un supuesto las consecuencias
o efectos que serían propios de otro.
Nos referimos, en particular, el uso de la expresión
“pro solvendo” -“para pago”- (y a su reverso o
contraste, “pro soluto” –“en pago”-).
La expresión “pro solvendo” se utiliza indistintamente
por nuestra doctrina y tribunales tanto en lo
que se sería su sentido original o propio en el ámbito
de las cesiones con finalidad sustitutiva del pago
inicialmente convenido, como, en sentidos diversos,
en el ámbito del contrato de descuento, en el de la
cesiones en garantía, en el del pago mediante documentos
representativos de un crédito dinerario, etc.,
para designar los casos en que el cedente no se libera
de responsabilidad frente al cesionario hasta el
momento del cobro del crédito cedido. Hasta aquí,
si sólo se trata de una forma pedante de decir “salvo
buen fin” 3 no habría mayor dificultad. Sin embargo,
este uso da lugar, antes o después, a la confusión y
al error, cuando el intérprete o el aplicador del derecho
dan un segundo paso en el vacío: con el razonamiento
siguiente (válido necesariamente sólo en el
ámbito de las cesiones de bienes con finalidad solutoria
sustitutivas del pago inicialmente convenido)
• La cesión (solutoria) de bienes pro soluto
transmite la propiedad de lo cedido y libera al
deudor cedente frente al cesionario
• La cesión (solutoria) de bienes pro solvendo
no transmite la propiedad de lo cedido (es un
mandato o negocio autorizativo) y no libera
al deudor cedente frente al cesionario
• Si la cesión (solutoria) no es pro soluto es pro
solvendo
• Si una cesión (aunque no sea solutoria) no libera
al cedente frente al cesionario, es pro
solvendo y por consiguiente no se transmite
la propiedad del crédito sino que se trata de
un mero mandato liquidatorio o negocio autorizativo.
Los tres primeros hitos argumentales pueden admitirse,
pero el cuarto paso incurre en error o vicio
lógico y no es consecuencia o no puede basarse válidamente
en los tres anteriores, porque éstos no
permiten predicar nada respecto de las cesiones no
solutorias.
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