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al TRLCAP) deberán de incluir obligatoriamente los
plazos de pago e intereses de demora antes citados,
no existiendo posibilidad de incluir en los
pliegos, ofertar o pactar unos diferentes.
La cuantía de los intereses de demora aplicables,
que ronda el 10 %, sumado a la mayor agilidad
de los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo en la resolución de los litigios frente
a la tradicional lentitud de los TSJ , provoca que cada
vez más empresas reclamen a los
Ayuntamientos morosos los intereses que legalmente
les corresponden.
Además, las probabilidades de ganar estos litigios
es elevada, especialmente cuando la
Administración ha firmado las certificaciones y
existe constancia de que el servicio se ha realizado
a conformidad (p.ej.: recepción, no existen penalidades,
etc.)
ADMINISTRACIÓN, MAL PAGADOR
Fuente: Publicado en Expansión el día 10/05/2007
La morosidad de la Administración es una queja
permanente de las empresas. El pago de los servicios
prestados al Ejecutivo central, las comunidades
autónomas y los ayuntamientos supera los 100
días de media, cuando el máximo legal permitido
son 60 días. No obstante, según la patronal CEOE,
España es el tercer país europeo que más incumple
estos plazos, sólo superado por Grecia y Portugal.
Uno de los sectores que se ha visto más afectado
por estos retrasos es el constructor. Según un informe
elaborado por Deloitte para la patronal de la
construcción, Seopan, el plazo medio de pago de
la Administración es de 176 días. El Estado es
quien menos tarda, con 154 días, mientras que
ayuntamientos y comunidades autónomas alargan
los abonos hasta 209 y 210 días, respectivamente.
Aún así, según su director general, Julián
Núñez, las últimas cifras que maneja el sector indican
una ligera mejoría en los plazos del Gobierno
central, mientras que ni las regiones ni los municipios
habrían avanzado en este terreno. Entre las regiones,
es Andalucía quien más se dilata en sus pagos.
Francisco Jardón, presidente del comité de
contratistas con la Administración Pública de CE-
OE, apunta que en esta región tanto la administración
regional como la local suma importantes retrasos,
que en casos extremos llega a los 500 días.
DE NUEVO CANARIAS
Después de las Sociedades Anónimas
Deportivas, y en línea con la actual coyuntura económica
del país, parece que les toca el turno a las
Empresas Municipales, traer a la actualidad el debate
sobre la LC, siendo Canarias una vez más la
primera Comunidad Autónoma en abordarlo.
Los argumentos presentados por URVITEL
(Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la
Ciudad de TELDE), a través del Abogado D. José
María Ayala miembro del despacho Ramón &
Cajal, para la solicitud de Concurso fueron los siguientes.
Para que una sociedad mercantil (y entre ellas
las de capital público) sea declarada en concurso
no es necesario que tengan una masa activa de bienes
y derechos, sino que el concurso cabe aunque
no tengan bienes.
Las sociedades mercantiles de responsabilidad
limitada participadas al cien por cien por el Estado,
las Comunidades Autónomas o los Municipios
(que ciertamente pueden constituir en este último
caso un medio de gestión directa de servicio público),
pueden ser declaradas en concurso, y deben
serlo si se encuentran en una situación de insolvencia
(art. 5 LC).
No resulta frecuente la declaración de concurso
de una sociedad mercantil pública, porque en muchas
ocasiones la Administración de la que depende
acude a otros procedimientos para evitar el concurso
(como son la intervención de la compañía o,
sencillamente, su disolución).
De excluir a estas compañías, que operan en el
tráfico jurídico privado, del concurso, se estaría
dando a las empresas públicas un trato privilegiado
que constituiría una ayuda de Estado contraria al
Derecho Comunitario.
Art. 1.3 LC a contrario sensu: El art. 1 la LC es
claro cuando en su apartado 1 establece que la declaración
de concurso procederá respecto de
“cualquier deudor, sea persona natural o jurídica”,
y en el apartado 3 excluye exclusivamente a “las
entidades que integran la organización territorial
del Estado, los organismos públicos y demás entes
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