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del incidente a fecha de 2 de julio de 2007. Para el
cómputo de dichos llamamientos la ley exige que hubieran
sido designados dentro de los dos años anteriores.
El nombramiento, conforme a dicho documento
aportado por la actora, se produciría en fecha de
26 de marzo de 2007 (fecha de aceptación). Antes de
eso es nombrada la sociedad A., S.L: como administradora
concursal y esta designa al profesional que
acepta en el mismo momento en la fecha señalada.
La estimación del incidente conllevaría el hecho -hipotético-
de cesar en el cargo a dicho profesional
que, sin embargo, podría ser designado, tras ese supuesto,
de nuevo por la acreedora designada administradora
concursal, puesto que a la fecha de interposición
del incidente ya habrían transcurrido los dos
años prohibitivos que la norma señala. Ello hace que
el planteamiento del incidente sea inocuo y carezca
realmente de objeto (art. 22 LEC) puesto que en el
momento en que se plantea habrían dejado de existir
las causas de prohibición que la parte señala.
Séptimo.- Por último es procedente plantearse el
petitum en cuanto solicita su separación y que se “le
designe un sustituto”. Dicha afirmación se contradice
con lo previsto en el artículo 38.2 de la de la Ley
Concursal, precepto que nos sirve nuevamente para
desestimar la cuestión concreta. Si el cesado es el representante
de una persona jurídica administradora el
procedimiento es requerir la comunicación de otra
persona natural que haya de representarla en el ejercicio
de su cargo al acreedor designado. Como vemos,
el citado precepto, distingue nuevamente entre
persona jurídica administradora y persona natural
que haya de representarla en el ejercicio de su cargo,
sin referencia al profesional […]».
• SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO MER-
CANTIL NÚMERO 6 DE MADRID [Autos
208/2006] DE 26 DE FEBRERO DE 2008
[Magistrado: Francisco Javier Vaquer Martín]
Solicitud de recusación del administrador concursal
acreedor Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.- Estimación judicial por carecer de la imparcialidad
subjetiva y objetiva necesaria para ejercer
la función de administrador concursal
«Segundo.- Insta la parte actora la recusación del
administrador concursal acreedor, por el cauce del
artículo 33 de la Ley Concursal, alegando tres causas
o motivos, que han de examinarse separadamente.
Tercero.- La primera de las causas invocadas contra
la Agencia Estatal de Administración Tributaria
–pues la recusación se dirige contra la persona jurídi-
ca y no contra la inspectora designada en cada momento
por la agencia- es haber formulado denuncia
penal previa contra la mercantil A., S.A., invocando la
causa 7ª del artículo 219 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, al que se remite el artículo 124.3 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil y a su vez, a éste, el artículo
33.2 de la Ley Concursal.; a lo que se opone la
administración concursal, Dña. T. y otros, así como la
propia Agencia Española de Administración Tributaria
afirmando que tal denuncia no existió, sino un mero
informe o comunicación de los datos aparecidos en
la inspección tributaria realizada a la concursada.
Para resolver tal cuestión y partiendo de las remisiones
legales en cascada antes referidas, resulta que es
voluntad del legislador el dotar a los administradores
concursales –sea cual fuera su condición- de las mismas
garantías de independencia e imparcialidad que
a los jueces y magistrados (artículo 33.2 LC en relación
con el artículo 124 L.E.Civil, que remite al artículo
219 L.O.P.J.), de tal modo que si bien dichas
causas de abstención y recusación deben interpretarse
restrictivamente resultan exigibles con todo rigor.
Tales exigencias resultan absolutamente necesarias,
pues dadas las variadas funciones y competencias de
la administración concursal, diferentes según la clase,
circunstancias y fases del concurso, dicha administración
aparece configurada legalmente como un órgano
técnico de impulso del proceso y de asesoramiento
y auxiliar del juez del concurso, hasta el punto de
excluir del ámbito revisor del juez los actos y decisiones
de la administración concursal que pretendan
cuestionar la inactividad o las decisiones de oportunidad
tomadas por dicha administración [artículo
192.1-2º Ley Concursal.].
Cuarto.- Bajo tal prisma, procede estimar la causa
de recusación invocada. De la mera lectura del informe
de la Agencia Española de Administración
Tributaria de Dña. M. de 29.6.2005 [unido a la
Sección 1ª de este concurso mediante soporte digital]
resulta que en su Fundamento Jurídico 1º y con invocación
del artículo 95.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, procede a comunicar a
la Fiscalía la existencia de hechos con apareciencia
delictiva, en cuanto “…constituyen indicios suficientes
de actividades supuestamente calificables como
delito a juicio de la actuaria…”. Siendo ello así y habiendo
conceptuado la mejor Doctrina procesalista
penal a la denuncia como el acto iniciador del proceso
penal constituido por una declaración de conocimiento
por medio del cual se da a conocer a la
Autoridad o sus Agentes la existencia de hechos que
pueden presentar apariencia delictiva, resulta que el
informe emitido por la Agencia Española de
Administración Tributaria (sin que pueda deslindarse