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La Ley de Bases de Régimen Local, (LBRL) establece
en su artículo 85 que los servicios públicos
de la competencia local podrán gestionarse de forma
directa, o a través de gestión indirecta, disponiendo
la forma de Sociedad mercantil local (donde
el capital social pertenece íntegramente a la
entidad local o a un ente público de la misma), como
una de las formas de gestión directa.
La sociedad deberá adoptar una de las formas
de sociedad mercantil de responsabilidad limitada
y, en la escritura de constitución constará el capital,
que deberá ser aportado íntegramente por la
entidad local o un ente público de la misma.
Los estatutos determinarán la forma de designación
y el funcionamiento de la Junta General y del
Consejo de Administración, así como los máximos
órganos de gestión de la misma.
Se trata de una modalidad de gestión directa
mediante la que la Administración titular del servicio
descentraliza su organización y prestación, con
el otorgamiento al mismo de personalidad jurídica
de carácter público, aunque dependiente de aquélla.
La administración institucional local se integra
por organismos públicos y empresas mercantiles
El artículo 1 de la Ley 22//2003, de 9 de Julio
(LC), indica que no podrán ser declaradas en concurso
las entidades que integran la organización territorial
del Estado, los organismos públicos y demás
entes de derecho público.
En el artículo 85 ter, de la LBRL, se indica que
cualquiera que sea la forma jurídica que la
Sociedad Mercantil local adopte, se regirá íntegramente
por el ordenamiento jurídico privado, salvo
en las materias en que les sea de aplicación la nor-
Francisco Javier Rodríguez Pérez
Profesor de Economía de la Empresa
UNED de Las Palmas de Gran Canaria
Miembro del Refor nº 1403
Las Sociedades mercantiles locales
(Empresas Municipales) en la Ley Concursal
mativa presupuestaria, contable, de control financiero,
de control de eficacia y contratación.
Queda, por tanto, abierto el debate Organismos
Públicos (Autónomo local, Entidad Pública
Empresarial local) – Sociedad Mercantil local
El artículo 3 de la LC, dispone la legitimación
para solicitar la declaración de concurso para el
deudor y cualquiera de sus acreedores, estando
también legitimados los socios, miembros o integrantes
que sean personalmente responsables, conforme
a la legislación vigente, de las deudas de
aquélla.
Piénsese lo que para los miembros de la oposición
en el plano político, miembros además del
Consejo de Administración de una empresa
Municipal, supone la obligación del artículo 5 de
la LC donde se establece la obligación de solicitar
la declaración de concurso dentro de los dos meses
siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido
conocer su estado de insolvencia.
MOROSIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS
EN EL PAGO A CONTRATISTAS, SUMI-
NISTRADORES Y EMPRESAS DE SERVI-
CIOS
Las Administraciones Públicas están obligadas a
pagar a sus contratistas en el plazo general de 60
días desde la expedición de las certificaciones o
documentos equivalentes (art. 99.4 TRLCAP).
Además, en caso de demora en el pago, la
Administración estará obligada a pagar el interés
del BCE incrementado en 7 puntos.
La Junta Consultiva de Contratación
Administrativa en su Informe 5/05, de 11 de marzo,
concluye que los contratos administrativos (sujetos