Revista del - REFor

de infraestructura formativa. La Agenda de Lisboa ha
propuesto una serie de iniciativas que junto al programa
de títulos Bolonia (2001, 2007) (2008) tiene
como última referencia la Directiva sobre Prestación
de Servicios (2006) y su transposición en marcha en
el Estado Español (2007).
En este contexto aparece la Ley 2/2007, de 15 de
Marzo de Sociedades Profesionales y con ello se da
respuesta a lo que venía siendo una realidad en el
contexto español, así por ejemplo la solución
Reglamentaria de la Ley de Auditoria (1990) , la versión
fiscal de la transparencia fiscal de las sociedades
de profesionales (1998) y la solución en este tipo
de sociedades hasta las leyes 35 y 36 del I.R.P.F y
de Lucha contra el Fraude (2006) o las diferentes articulaciones
dentro de los mundos colegiales.
Estamos pues ante un cierre normativo que sale al
paso del difícil encaje que a lo largo de los años venía
resolviéndose en el marco de las llamadas sociedades
de intermediación (1986, 1993 y 1995).
2.- LA SOLUCIÓN ELEGIDA: NORMA DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN UN ES-
CENARIO DE FLEXIBILIDAD ORGANIZA-
TIVA.
El artículo primero de la Ley 2/2007 delimita bajo
la rúbrica de la definición de las sociedades profesionales
dos cuestiones: el carácter obligatorio de
la norma frente a otras opciones posibles, donde primase
el libre albedrío y por otro lado, la decisión de
no crear un nuevo tipo societario en la constelación
jurídico corporativa española sino que lo que hace
es regular lo así decidido en el texto y dejar que el
resto funcione de acuerdo con la norma correspondiente
a la forma social adoptada.
En el contexto de la obligatoriedad puede resultar
ilustrativo aclarar que no estamos ante una cuestión
que se resuelve de forma pasiva, es decir que no
cabe preguntar a terceros ajenos a la organización
profesional particular de que se trate si se está o no
en la geografía de la Sociedad Profesional sino que
por el contrario el y tal como aclara la Resolución
691 de la DGRN (2008) que también tendremos
ocasión de abordar en este trabajo el asunto se contesta
de forma activa o por decirlo con licencia literaria
de forma introspectiva y subjetiva.
Así pues y siempre siguiendo al legislador cuando
estemos ante una sociedad que tiene por objeto
social el ejercicio en común de una actividad profe-
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sional será una Sociedad Profesional. A continuación
se traslada de la actividad profesional a la propia
profesión cuando habla de titulación universitaria
oficial e inscripción en el correspondiente
Colegio Profesional como requerimiento de obligada
acreditación para poder ejercer en el mercado
este tipo de prestaciones de servicios.
Los economistas, titulados universitarios superiores
oficiales debidamente inscritos en el correspondiente
colegio de economista que se organicen el
escenario societario definido en las SP, ya sea unipersonalmente,
asunto resuelto en la practica conocida,
o colectivamente, y aquí cabe la multidisciplinariedad
con otras profesiones, deberán adoptar de
forma obligatoria tal conformación jurídica, sea por
la vía ex novo o por adaptación de las ya existentes.
3.- LAS SITUACIONES ESPECIALES: DEL
MUNDO AUDITOR A LAS ACTIVIDADES
FORENSES.
El ejercicio Profesional no ha casado nunca bien
con las fórmulas jurídicas societarias por lo que, en
soluciones de antaño, solo se podía ubicar en este
escenario cuando el mismo revestía la geografía de
las sociedades regulares colectivas y sus homónimos
del mundo anglosajón. Sin embargo, los años 80
produjeron en la geografía profesional española un
conjunto de soluciones societarias bajo la denominación
mercantil típica de las Sociedades Limitadas.
Saliendo al paso de esta realidad, la Ley de
Auditoria de 1988 artículo 10 establece en 5 apartados
las características que deberán reunir las sociedades
de Auditoria de Cuentas mientras que su desarrollo
reglamentario de 1990, RD 1636/1990 de 20
de diciembre, en su articulo 28 delimito en 4 apartados
lo ya regulado en el art 10 de la Ley 12/1988,
los mismos establecían, y establecen, que todos los
socios sean personas físicas, que, como mínimo, la
mayoría de sus socios sean auditores de cuentas inscritos
como ejercientes, y a su vez les corresponda
la mayoría del capital social y de derechos de voto
que la mayoría de los administradores y directores
de la sociedad sean socios auditores de cuentas
ejercientes, debiendo serlo , en todo caso, el administrador
único en sociedades de este tipo; y que se
inscriban en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas. Además el regulador ha establecido que la
dirección y firma de los trabajos de auditoria corresponderá,
en todo caso, a uno o varios de los socios
auditores de cuentas de la sociedad auditoria de
cuentas.
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