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LA DISPUTA ENTRE MONCLOVA y SALTlLLO y LA INDEPENDENCIA DE TEXAS 125
un mes de haberse proclamado; por medio de un decreto las autoridades coahuiltexanas
advertían que no iban a permitir que se invocara a la religión como
pretexto para ningún pronunciamiento político. 8 También prometían castigar a
quienes, usando dicho pretexto, trataran de destruir las instituciones federales
del país para restaurar el régimen derrocado en 1833. Por otra parte, sin mencionarla
por su nombre, los funcionarios prometían cumplir en su entidad con
la controvertida "ley del caso" con la cual, como es sabido, se expulsó a los enemigos
del gobierno reformista sin explicar cuál era su "caso". Además del gobernador
Vidaurri firmaban este documento Marcial Borrego, presidente de la
diputación permanente, y José Jesús Grande, su secretario.
En ese mismo día, estas autoridades convocaron a sesiones extraordinarias
del congreso del estado y dos más tarde autorizaron al gobierno de la entidad
a reclutar y organizar a la milicia cívica, prácticamente sin restricciones,
con tal de defender las instituciones federales. 9
Tres semanas después, en la ciudad de Monterrey, tuvo lugar un pronunciamiento
que demostró claramente el grado de complejidad política que se
vivía entonces en el país: la guarnición militar, al mando del coronel Domingo
de Ugartechea, se declaró defensora tanto de la religión católica -sin tolerancia
de ninguna otra- como del sistema federal; además reconocía a Santa
Anna en. su carácter de presidente. Por otra parte, en relación a las "reformas
religiosas", los militares de Nuevo León proponían exclusivamente que
se suspendieran -no que se derogaran-, hasta que otro congreso nacional las
revisara con detenimiellto. Con lo cual se cumplía sólo en parte con el plan
cuernavaquense. Por último, los oficiales invitaron al Comandante General
de los Estados Internos de Oriente, general Pedro Lemus, para que se uniera
al pronunciamiento; cuestión a la cual accedió el aludido. 10
A los dos días, seguramente incitado por estos sucesos, el ayuntamiento
de Saltillo -() Leona Vicario como se llamaba entonces- tratando de aprovechar
la confusión, proclamó su apoyo al plan contrarreformista de Cuernavaca.
Pero 'llevando el espíritu rectificativo del mismo hasta sus últimas
consecuencias, postulaba la anulación de todos los decretos proclamados por
la legislatura estatal a partir del lo. de enero de 1833;11 aunque los objetivos
de los saltillenses consistían supuestamente en eliminar las medidas radicales
decretadas en los meses anteriores, lo cierto es que, en este caso, más
bien parecían apuntar sobre todo a la derogación de un decreto específico: el
del 9 de marzo de 1833, que les había quitado la capital del estado para llevarla
a Monclova. Con esto, las autoridades de Saltillo al igual que otras en
diversas zonas del país, sin que participaran necesariamente del afán regresivo
del momento, más bien trataron de aprovechar la situación para cambiar
alguna circunstancia local que les perjudicaba y con ese objeto se subieron al
tren de la contrarn'forma en los meses siguientes.
En todo caso, a tono con la tendencia general del país, los saltillenses culpaban
al congreso y al gobierno del estado de haber sancionado las medidas
radicales pero, además, lo que no era una falta menor, de desconocer al presidente
Santa Anna; por lo tanto proponían su remoción de tales cargos. Para