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LA DISPUTA ENTRE MONCLOVA y SALTILLO y LA INDEPENDENCIA DE TEXAS 143
Como se dijo en su oportunidad, la designación de Marcial Borrego como
gobernador interino no fue la más acertada ante los ojos del gobierno nacional,
debido a su actitud antisantanista del año anterior. 90
Con motivo de ciertas movilizaciones militares que podían representar
un peligro para su existencia, la legislatura reaccionó expidiendo decretos
que violaban los requisitos más elementales de legalidad: primero --el 8 de
abril-, emitió una serie de medidas con una fecha anterior; después --el 21
de mayo- dictó una ley fuera de su periodo de sesiones, tanto ordinario
como extraordinario. 91
Pero, desde luego, los problemas más serios consistieron en los decretos
de la legislatura que desafiaron a los del congreso general, tanto el relativo a
la venta de tierras como el de reclutamiento y organización de la milicia cívica
sin circunscribirse a los límites que estableció el gobierno de la república.
Estas anomalías de las autoridades coahuiltexanas, representaban sendos
desafíos al gobierno nacional; sin embargo, no fueron ellas las que determinaron
los acontecimientos que siguieron en Coahuila y Texas. En efecto, utilizando
el decreto correspondiente, el gobierno de la entidad celebró una serie de
contratos descomunales de venta de tierras con el objeto de conseguir recursos
que le permitieran lidiar con las circunstancias que enfrentaba.
Cuando la legislatura se reunió en marzo de 1835 varios negociantes hicieron
acto de presencia en Monclova. Parece que el año anterior, cuando la
disputa entre las ciudades coahuilenses se había agudizado, algunos políticos
locales ofrecieron la venta de predios a cambio de ayuda militar o económica
para resolver sus conflictos. Además se corrió el rumor que el gobierno de la
entidad ofrecería extensiones considerables de tierra en subasta pública. Por
ello, efectivamente, un buen número de empresarios se dio cita en la capital
dispuestos a adquirir los más de terrenos posibles. 92
Así, a cuarenta y ocho horas de que la legislatura expidiera su decreto
permitiendo la venta de cuatrocientas leguas en los baldíos del estado, el gobierno
de la entidad concluyó una primera transacción con los diputados
John Durst, de Nacogdoches, James Grant, de Parras, y el empresario texano
Samuel M. Williams; por ella, las autoridades enajenaron esa cantidad de terrenos
precisamente. Se sabe que por una cuarta parte, Williams se comprometió
a pagar $5 000; lo que permite suponer que el costo total habría
ascendido a $20 000. 93
Más tarde, a raíz de una sesión extraordinaria del congreso, el gobierno
usó las facultades que le otorgaba el decreto del 7 de abril para disponer de
los recursos del estado con el objeto de enfrentar cualquier amenaza a su soberanía
y vendió otras trescientas leguas; en esta ocasión el adquiriente fue
sólo el diputado y empresario James Grant. El costo de esta operación ascendió
a $15000. 94
Otro contrato, por cuatrocientas leguas más, se firmó el mismo día en
que la legislatura comunicaba al congreso general que no podía derogar su
decreto autorizando la venta de tierras, esto es, el 13 de mayo. A cambio de esta
enorme extensión de territorio, tres individuos, Robert Peebles, Frank Johnson