Tempus_1_ 1993.pdf - Repositorio de la Facultad de Filosofía y ...

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y, otra vez, Williams, en vez de cubrir el costo con dinero, le ofrecían al gobierno
de la entidad los servicios de mil soldados voluntarios, "expertos en el uso de las
armas", por el término de un año, la mitad de los cuales estaría dispuesta a combatir
en dos meses y el resto en otros dos más, en cualquier lugar del estado en
que fueran requeridos; los empresarios se comprometían a ver que cada uno de
esos milicianos recibiera un título de propiedad de acuerdo a las leyes y el gobierno
por su parte ratificaría los procedimientos a través de los alcaldes municipales.
95 Aunque, en principio, el propósito de esta fuerza armada sería repeler
los ataques de los indios en las colonias, lo cierto es que -como Malcolm McLean
ha destacado con oportunidad- 96 los voluntarios también podrían usarse contra
las fuerzas mexicanas que vinieran a someter a las autoridades del estado, lo
cual era muy factible, pues dos días antes el bastión federalista de Zacatccas se
había desplomado ante el embate del ejército que dirigía Santa Anna.
Así, frente a la proposición del gobierno general a las autoridades del estado
para que le dieran prioridad a la hora de enajenar predios, éstas respondieron
que preferían no "distraerlo" de sus "múltiples ocupaciones" y aceptaban
el ofrecimiento de los tres empresarios. 97 Aunque los dirigentes estatales argumentaron
que la bancarrota permanente del erario nacional -conocida por todo
el mundo- no los sacaría de ningún apuro, muy pronto se hizo evidente que en
realidad los políticos coahuiltexanos no querían ninguna ayuda del gobierno general,
sino, por el contrario, aspiraban a reunir los mayores recursos posibles
para combatirlo.
De tal manera, para el momento en qlle la legislatura le respondió al congreso
general que no podía derogar su decreto para la venta de tierras, entre
otros motivos, por las transacciones que el gobierno estatal había concluido,
este último, en efecto, finiquitó contratos que involucraban no cuatrocientas,
como decía el decreto correspondiente, sino mil cien leguas, esto
es, la friolera de aproximadamente cuatro millones y medio de acres de tierra.
98 Pero la cosa no paró ahí, pues dos días más tarde la legislatura cometió
otra tropelía que implicaba varios cientos de leguas más.
Los empresarios Stephen F. Austin y, el tan favorecido con los recientes
convenios, Sam Williams, manteuían una disputa con el capitalista Sterling
C. Robertson, con motivo de una colonia ubicada hacia la vertiente del Río
Brazos, en la parte central de Texas. 99 Con un juego de palabras caro a políticos
mexicanos contemporáneos, la legislatura declaró que la causa respectiva no estaba
ni "pendiente ni tampoco fenecida" -sino todo lo contrario- y, en el colmo
del atropello y la arbitrariedad, anuló una resolución que las propias
autoridades del estado, por medio del gobernador Vidaurri y Villaseñor, emitieron
un año antes, pues, dijo, esa cuestión era de la exclusiva competencia del
poder judicial y una decisión dictada por cualquier otro, carecía de validez. 100
En primer lugar, el funcionario actuó entonces con la autorización plena del
congreso, quien le invistió de autoridad específicamente para quc resolviera
ese litigio. 101 Por otra parte, a pesar de insistir en que correspondía al poder
judicial la resolución del problema, en vez de dejar que esta rama del gobierno
emitiera su dictamen la legislatura se precipitó y -¡oh mancs de legalidad