Referencia Bibliográfica: Alvarez Cadavid y Giraldo Ramírez (20

ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LA POLÍTICA DE
DEFENSA Y SEGURIDAD DEMOCRÁTICA DEL
PRESIDENTE ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Unidad académica: Derecho y Ciencias Políticas
Facultad: Facultad de Ciencias Políticas
Profesor: Angela Maria Arbeláez Herrera
SEGURIDAD Y TERRITORIO EN
COLOMBIA 2002 – 2006
ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LA
POLÍTICA DE DEFENSA
Y SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
DEL PRESIDENTE ÁLVARO URIBE VÉLEZ
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS POLÍTICOS
DIRECTOR:
DR. JOSÉ OLIMPO SUÁREZ MOLANO
INVESTIGADOR PRINCIPAL:
MG. ÁNGELA MARÍA ARBELÁEZ HERRERA
ASISTENTES:
ALEJANDRO TORO - BEATRIZ CAMPILLO
CIENCIAS POLÍTICAS -UPB
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
CENTRO INTEGRADO PARA EL DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN - CIDI
ÁREA DE CIENCIAS POLÍTICAS
2006
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ÍNDICE
AGRADECIMIENTOS
INTRODUCCIÓN
El núcleo del conflicto colombiano: el control territorial
1. EL NUEVO PARADIGMA: LA CONFRONTACIÓN
2. LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
3. AVANCES EN LA SEGURIDAD EN COLOMBIA: 2002-2206
El presupuesto para la PDSD
El Secuestro
Reducción de los homicidios
Control territorial
Lucha contra el Terrorismo
Minas antipersonal
Lucha contra el narcotráfico
Las desmovilizaciones y procesos de paz
Las capturas
Un balance del Conflicto
4. LA REFORMA MILITAR
BIBLIOGRAFÍA
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AGRADECIMIENTOS
La siguiente investigación es el resultado del trabajo académico e
investigativo realizado por el Grupo de Investigación en Estudios
Políticos del Área de Ciencias Políticas la Escuela de Derecho y
Ciencias Políticas, con el apoyo financiero del Centro Integrado
para el Desarrollo de la Investigación -CIDI- de la Universidad
Pontificia Bolivariana.
El trabajo pudo cumplirse debido al soporte y confianza recibido
del Director del Área de Ciencias Políticas, también director del
Grupo de Investigación, el Doctor José Olimpo Suárez Molano.
Igualmente al trabajo de asistencia realizado de forma voluntaria
por los estudiantes de Ciencias Políticas de la UPB, Alejandro Toro
y Beatriz Campillo, quienes se encargaron de la recopilación de
buena parte de la información utilizada y de algunas lecturas
importantes. Agradezco también, el apoyo recibido por Gloria
Aldana, Secretaria Académica del Área de Ciencias Políticas.
Finalmente, el Doctor Carlos Alberto Patiño Villa, quien, desde la
Maestría en Estudios Políticos, motivó mi interés por los estudios
de seguridad y defensa, y con quien inicié este trabajo que fue
parte de mi tesis de Maestría, Políticas de Seguridad en Colombia:
entre la Negociación y la Confrontación 1998-2004.
A.A.
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INTRODUCCIÓN
El Estado moderno, como asociación de dominación surgida de los
procesos políticos sucedidos en los reinos europeos durante los
siglos XVI y XVII y que hoy organiza políticamente a todas las
sociedades, se expresa a través de cuatro tareas cardinales: la
primera, su capacidad para controlar el territorio que reclama para
si; la segunda, su capacidad para monopolizar el uso de la fuerza
y de las armas, la tercera, su capacidad para institucionalizar la
vida de sus asociados a través del establecimiento de un orden
político; y la cuarta, su capacidad de establecer un sistema de
leyes que regule las relaciones entre el estado y sus ciudadanos y
entre los ciudadanos mismos 1 . De acuerdo con el profesor
1
Sobre el proceso de formación de los Estados modernos puede acudirse al estudio que
desde la sociología histórica hace el profesor Charles Tilly de la Universidad de
Columbia. TILLY, Charles. Coerción y capital y los Estados Europeos. 990-1990. Madrid:
Alianza Editorial, 1992.
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norteamericano Charles Tilly, en su libro Coerción y Capital y los
Estados Europeos 990 - 1990 2 , dichas tareas, arrogadas por
diferentes razones más cercanas al eventualidad y a la
contingencia, fueron institucionalizando el modelo de Estado
moderno, modelo que sirvió no solo para la fundación de los
Estados europeos de las posrevoluciones sino de los Estados
americanos recién independizados, entre ellos, Colombia 3 .
En efecto, en sus inicios como república, los dirigentes de la
primera revolución independentista, más tarde los líderes de la
formación del Estado colombiano, dividieron a la sociedad en dos
facciones: los adalides de un Estado federal, que formara una
ciudadanía ilustrada, competente para autogobernarse, y aquellos
que propendían por un estado unitario, capaz de defender al país
de una posible reconquista española y que invocaban al orden
como virtud cardinal de la estabilidad social y política. Esta división
generó la primera guerra civil en el naciente Estado y abortó la
primera tentativa de emancipación política.
Luego, la recuperación militar patriótica nos liberó nuevamente del
sistema colonial español, pero la sociedad volvió a fraccionarse
entre los letrados y los soldados o, lo que es lo mismo, entre
santanderistas y bolivarianos, y más adelante, desintegrada la
Gran Colombia, los santanderistas volvieron a separarse en su
posición frente a los militares que apoyaron la dictadura
bolivariana: aquellos que les negaban la participación en el Estado
se llamaron liberales radicales y quienes pensaban que su
exclusión debía hacerse paulatinamente se llamaron liberales
moderados. Quizás una de las mayores consecuencias de estas
divisiones, centradas en el desprestigio que tenía la élite ilustrada
de los militares bolivarianos, sea el hecho de que desde 1832 el
ejército colombiano haya sido la institución de menos importancia
2
Ibíd, p. 75
3
PATIÑO VILLA, Carlos; SUÁREZ MOLANO, José Olimpo. Poderes, conflictos y
metáforas. Medellín: Editorial UPB, 2003.
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y menos organizada en el Estado, en comparación con lo que
sucedió en Venezuela, Perú o México 4 . El ejército, durante todo el
siglo XIX, sobre todo en el régimen liberal del 63- empezó a ser
desmembrado hasta reducirse a su mínima expresión y paralelo a
esto, los ciudadanos gozaron de autonomía para hacerse a sus
propias armas.
Así liberales radicales y moderados terminaron formando los
partidos políticos liberal y conservador, los cuales han sostenido la
lucha por el poder durante los casi dos siglos de vida del Estado
colombiano. Particularmente en el siglo XIX, esta lucha por el
poder estuvo marcada por una sucesión de guerras generadas por
dos vías: de un lado por la radicalización violenta de las posiciones
de los miembros del partido que estaba por fuera del poder, y de
otro, por el faccionalismo, también violento, que se generaba
entre los miembros de cada partido. Así la lucha no fue sólo entre
liberales y conservadores sino entre conservadores de diferente
tendencia y a su vez entre las distintas facciones del liberalismo.
En este marco de disputas políticas cambiantes e irreconciliables,
el país pasó por dos formas de Estado radicalmente distintas: la
libertaria federalista de la Constitución de 1863 y la conservadora
unitaria de la Constitución de 1886.
No obstante, en el siglo XIX, esta lucha no fue exclusiva de la
clase dirigente sino que fue asumida por toda la población. De ahí
el carácter civil de todas las guerras de este primer periodo
histórico, que de manera formal terminaron con la guerra de los
Mil Días y con la pérdida del istmo de Panamá. Una vez aprendida
la lección por las catástrofes anteriores, los partidos políticos y sus
diferentes facciones evitaron declararse la guerra, pero
continuaron azuzando a la población civil para que se mantuviera
en ella. Esta nueva forma de disputa política tuvo su mayor
expresión en el periodo histórico conocido como La Violencia, una
4
PALACIOS; SAFFORD. Colombia: país fragmentado, sociedad dividida. Su historia.
Bogotá: Editorial Norma, 2002, p. 272.
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guerra civil no declarada que en el ámbito nacional estuvo
marcada por las luchas discursivas entre los líderes políticos y, en
el ámbito local, por las jornadas de limpieza que policías,
gamonales y campesinos pertenecientes a un grupo político
cometían contra los miembros del otro grupo.
La única víctima entre la clase dirigente de estas luchas partidistas
de mediados del siglo XX, fue el liberal Jorge Eliécer Gaitán. En su
nombre y en el de la defensa del liberalismo social, aparecieron en
zonas apartadas del país las resistencias liberales organizadas que
luego se conformaron en guerrillas, y que tuvieron su mayor
expresión en los Llanos Orientales, donde trataron de establecer
un paraestado. En general, todas estas afrentas campesinas
partidistas fueron degenerándose en diferentes formas de
organización armada.
En el seno de las divisiones políticas fundadas por la clase
dirigente, apareció entonces el conflicto armado propiamente
dicho, entendido éste como la lucha insurreccional de
organizaciones guerrilleras bajo el objetivo de la transformación
revolucionaria del orden social y del estado. Dicho conflicto fue
influenciado por el comunismo y más adelante, por el narcotráfico.
En los tiempos de influencia del comunismo y de la revolución
cubana, durante la década de los sesenta y setenta, el país entró
en el periodo político conocido como el Frente Nacional, en el cual
se trató de reinstitucionalizar el poder con el establecimiento de un
tiempo constitucional de transición política por medio de la
repartición bipartidista del poder político. El asunto aquí para el
gobierno fue acabar con la lucha partidista y la tarea de contener
las formaciones campesinas armadas fue dejada de forma
autónoma al Ejército, a través de su adopción de las normas que
dictó la doctrina de Seguridad Nacional norteamericana, creada
en el seno de la guerra fría para la protección de América Latina
ante la posibilidad del surgimiento del comunismo en el
hemisferio.
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Más adelante, bajo la influencia del narcotráfico, en las décadas de
los ochenta y noventa, la nación entró en un periodo que el
profesor Marco Palacios ha calificado como el interregno, .el
espacio de tiempo en el que un estado no tiene soberano. 5 , debido
a que el país quedo en vilo ante las fuerzas poderosas como la
globalización, las crisis económicas, el clientelismo político, los
entramados de narcotraficantes y los poderes locales de
guerrilleros y paramilitares. Durante este periodo, en el cual la
población colombiana ha sentido de manera abierta los alcances
de la guerra, ha quedado en evidencia la debilidad de las
estructuras del Estado, debilidad causada, en buena medida por la
incapacidad de la clase dirigente, la cual, al estar ocupada en la
lucha electoral, asumió secundariamente la tarea de la
modernización de la administración del Estado.
En efecto y de acuerdo con el profesor Carlos Patiño Villa en su
ensayo El mito de la nación violenta 6 , el Estado colombiano ha sido
una institución frágil, debido básicamente por tres razones: la
primera, porque su forma de administración, heredada en buena
medida de las formas de administración coloniales, no ha asumido
de manera homogénea a todo el territorio nacional, creando
sistemas de impuestos insuficientes y con proyectos de desarrollo
económico y de infraestructura limitados; segundo, porque el
Estado colombiano se ha conformado a través de instituciones de
gobierno restringidas cuya acción se ha centrado en ciertas zonas
urbanas y semiurbanas dejando de lado algunos territorios rurales
en la región de los Andes, buena parte de las comarcas menores
de la vertiente Costa Atlántica, toda la zona de la Serranía del
Darién y del Baudó y sobre todo toda la región sur oriental del
país, conformada por los Llanos Orientales y por las selvas de la
orinoquía y la amazonía. Estas zonas han carecido de políticas
nacionales dirigidas desde el centro en asuntos como la seguridad
5
PALACIOS; SAFFORD. Colombia: país fragmentado, sociedad dividida. p. 661
6
PATIÑO, Carlos. El mito de la nación violenta. Medellín: Universidad Pontificia
Bolivariana, 2003, p. 9
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en materia militar, policiva y jurídica, en proyectos de desarrollo
de infraestructura y en políticas de salubridad y educación.
Esto significa, siguiendo al profesor Patiño, que no ha habido
gobierno en prácticamente las dos terceras partes del Estado.
Justamente aquellas zonas del país en las cuales se producían las
economías de bonanza, como la del oro primero, luego la del
tabaco y por último la del café, fueron las beneficiadas con
políticas públicas de mejoramiento de la infraestructura y en las
cuales hubo un mejor control político y administrativo.
El tercer aspecto que demuestra la debilidad del Estado
colombiano ha sido la falta de organización de una fuerza militar
eficaz con capacidad de control sobre todo el territorio. El control
territorial es cardinal para estabilidad de un Estado, y con el cual
finalmente se pueden aplicar medidas gubernamentales en
materia jurídica, económica y social. Con la excepción de algunos
momentos de su historia, el estado colombiano ha asumido a su
Ejército como un apéndice que sólo en ocasiones utiliza.
Ciertamente la formación de una fuerza armada dinámica y
centralizada, fue una tarea secundaria en el proceso de formación
del estado colombiano. Ello repercutió en la ausencia del control
territorial y del monopolio de las armas, lo que a su vez abrió el
camino expedito para la formación de los grupos armados ilegales
que han puesto en jaque la seguridad en Colombia.
EL NÚCLEO DEL CONFLICTO COLOMBIANO: EL CONTROL
TERRITORIAL
En efecto, más allá de las explicaciones que se puedan dar sobre
el origen del conflicto en Colombia, sobre sus causas, sobre su
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dinámica o sobre las diferentes facetas que posee, es importante
advertir que el eje central del conflicto colombiano es el control
territorial. No lo es la pobreza, ni el narcotráfico, ni las ideologías
de derecha o izquierda.
Es la lucha por el control de algunos sectores de los 1.141.748
kilómetros cuadrados que posee el territorio colombiano. El control
territorial representa monopolio de la violencia y de la extracción
de tributos, permite el ejercicio del control sobre las estructuras
económicas y de poder, y significa libre movilidad para la
ejecución de las labores propias de la actividad ilegal, tanto
económicas como políticas. El control territorial se traduce en
gobierno. Tanto las guerrillas como los grupos de autodefensa
comprendieron rápidamente que su éxito dependía de la capacidad
de apropiarse de grandes porciones de territorio, todas aquellas en
las cuales el Estado durante su historia no ha hecho presencia o
ésta ha sido muy débil.
Sólo con territorio los grupos ilegales armados pueden expandir su
poder político, económico y militar. La necesidad apremiante
entonces, para resolver la situación de seguridad en el país es que
el Estado recupere el monopolio del total de su territorio. La
seguridad en Colombia está ligada a la capacidad que tenga el
Estado de controlar el territorio, pues en el proceso de
recuperación del control territorial, se van resolviendo otros
problemas como el del narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, el
secuestro, los ataques a poblaciones y a la infraestructura
económica, etc.
El control territorial debe ser entendido como presencia
permanente de las instituciones políticas, jurídicas, coercitivas del
Estado. Pero la recuperación territorial es una tarea que sólo
puede ser realizada por las instituciones coercitivas: fuerzas
militares y de policía. Y es una tarea lenta, que empieza con
operaciones de asalto y de impacto y que termina con copamiento
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y presencia permanente. El territorio no controla de la noche a la
mañana. Requiere de tiempo y de fuerza.
Una vez los ejércitos y policías controlan el territorio, las demás
instituciones del Estado pueden realizar sus funciones. En
consecuencia, el control territorial es cardinal para que el Estado
pueda brindar garantías políticas, jurídicas, sociales y económicas
a todas sus poblaciones. Control territorial significa seguridad de
Estado y seguridad del Estados significa ciudadana. Veamos.
El estudio realizado por Tilly sobre la formación de los Estados
europeos, permite observar cómo, debido al deseo de expansión
territorial y a la consecuente vigilancia de los territorios
adquiridos, los monarcas y soberanos de Europa fueron
construyendo imponentes aparatos coercitivos -como ejércitos,
marinas, etc.-, encargados de la defensa del territorio, tanto de
ataques de enemigos internos como externos. La construcción de
dichos aparatos coercitivos, llevó a los Estados a la necesidad de
extracción de los recursos para su financiación, a través del cobro
de tributos a las poblaciones dominadas 7 .
Debido a los alcances de la guerra y a los deseos expansionistas
de los enemigos, los soberanos necesitaron más y más recursos
con lo cual se vieron obligados a negociar con sus ciudadanos a
cambio de que éstos siguieran financiando al Estado. Fue así cómo
partiendo de unas intenciones básicas de control territorial, los
Estados fueron ampliando su espectro de actividades y sus
compromisos con las poblaciones gobernadas. Es por ello que la
seguridad del Estado dada por su control territorial, también se
traduce en seguridad ciudadana 8 .
El control territorial, es básicamente presencia militar y policiva en
las ciudades y en todas las poblaciones del país, en las fronteras,
7
TILLY, Charles. Coerción y capital y los Estados Europeos. 990-1990, p. 111.
8
Ibíd., p. 212
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sectores de ubicación de la infraestructura económica y en zonas
estratégicas del territorio como carreteras, corredores geográficos
de movilidad, ríos, aguas territoriales y parques naturales.
Ahora bien, la llegada de la Política de Defensa y Seguridad
Democrática, instaurada por la presidencia de Álvaro Uribe Vélez
en el periodo 2002 - 2006, puede ser considerado como el primer
diseño doctrinario que busca acabar con la crisis de seguridad en
el país a través de una serie de estrategias políticas y militares
que tiene reducir el poder de los grupos ilegales que han tenido en
jaque a la población colombiana durante décadas. Es hora de
emprender el análisis.
1. EL NUEVO PARADIGMA: LA CONFRONTACIÓN
Desde el Frente Nacional, momento en el cual comenzaron a
aparecer los grupos armados ilegales en Colombia, los diferentes
gobiernos del Estado han tratado en menor o mayor medida, de
implementar políticas de seguridad bien tendientes a confrontar
militarmente a los grupos ilegales o bien tendientes a negociar con
ellos, con el fin de virar la crisis de seguridad del país y conquistar
una situación de paz.
La evolución del conflicto mismo y de sus actores llevó a cada
presidente a asumirlo de tal o cual manera y a tomar decisiones
frente a ellos. El cálculo electoral marco en algunos casos los
arbitrajes que sobre el conflicto se fueran tomando.
En 1998 el conflicto colombiano alcanzó límites descomunales
debido tanto a los éxitos militares obtenidos por las FARC en el
cuatrienio samperista y como al auge paramilitar, con el
surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia. Esto,
sumado a la debilidad del Estado para enfrentar el conflicto, hizo
que en la población colombiana calara la idea de que la mejor
forma de salir del agudo conflicto era a través de la negociación.
La política de seguridad que se impuso entonces fue la de un
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modelo negociador estructurado en un diálogo abierto y sin
condiciones, sin cese de hostilidades, realizado en una zona
despeje y con una agenda abierta con la cual buscar consensos
para sentar unas nuevas bases institucionales que permitieran la
reconciliación de los colombianos.
La premisa entonces, según el panorama de seguridad, fue que
era imposible pensar que la paz sería impuesta desde el plano
militar o bien por el Estado o bien por la insurgencia o bien por la
contrainsurgencia; que no habría vencedores ni vencidos. La paz
había que construirla, la paz era el desafío para el desarrollo y
para una Colombia más justa, la paz sería la que permitiría la
consecución de los demás sueños. Para la sociedad colombiana e
incluso la internacional los argumentos militares estaban
agotados: era imposible que el Ejército venciera a la guerrilla y
mucho menos a los paramilitares. La única salida era la mesa de
negociación.
Sin embargo, la fe en el proceso de paz fue decayendo y desde
finales de 2001 perdió toda credibilidad. En ese momento apareció
en el escenario político colombiano Álvaro Uribe Vélez 9 . De filiación
liberal, siempre se destacó por sus aguerridas medidas y por su
precoz carrera política. Su figura encarnó la de un trabajador
incansable, recordado así por el desempeño que había tendido
como gobernador en su departamento, Antioquia. Pero sobre todo,
Uribe Vélez representó a un hombre que había sufrido en carne
propia los atropellos de la guerrilla de las FARC, las cuales
asesinaron a su padre en 1983 al tratar de defenderse de un
secuestro 10 .
9 FUNDACIÓN CIDOB. Biografías de líderes políticos. Álvaro Uribe Vélez. En: Fundación CIDOB. [en
línea] [consulta: 7 de mar. 2006]
10
FUNDACIÓN CIDOB. Biografías de líderes políticos. Álvaro Uribe Vélez. En: Fundación
CIDOB. [consulta: 7 de mar. 2006]
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En el 2001 comenzaron los avatares para las siguientes elecciones
presidenciales. El discurso electoral se suscribió por la coyuntura,
a la posición que tenían los candidatos frente al proceso de paz.
Un año antes y como miembro del liberalismo, Uribe había
aceptado la propuesta del máximo líder de su partido, Horacio
Serpa, para sumarse a su próximo intento de obtener el primer
cargo de la nación. Sin embargo, el antioqueño pronto comenzó a
discrepar con Serpa y con el mismo partido por la posición que
éstos tenían frente al manejo del conflicto. Serpa sostenía la
necesidad de mantener el proceso de paz, acaso reordenarlo, pero
no dejar perder el impulso que le había dado Pastrana.
Uribe en cambio, no sólo consideraba que lo hecho hasta el
momento en la zona distensión 11 era una claudicación del Estado
sino que apostaba por someter militarmente a las guerrillas.
Uribe decidió entonces lazar su propia candidatura presidencial,
con el riesgo de hacerla por fuera de su propio partido y sin ayuda
de la maquinaria política de uno de los partidos más antiguos de
América. Desde el segundo semestre de 2001, el liberal disidente
comenzó a recorrer el país exponiendo su visión del conflicto y sus
propuestas de cambio con una contundencia que canalizaba el
hastío de la sociedad con las promesas de paz del presidente
Pastrana y de las FARC.
Al iniciar el 2002, Uribe ya superaba a Serpa en las encuestas
electorales, pero su popularidad se catapultó con el colapso
definitivo del proceso de paz, el 20 de febrero de ese año y su
lema mano dura corazón grande se ató en buena parte del
11
Recuérdese que la zona de distensión o despeje, de 42 mil kilómetros cuadrados, estaba
comprendida en los municipios de la Macarena, La Uribe, Vista Hermosa y Mesetas en el
departamento del Meta y San Vicente del Caguán en el Caquetá. La distensión consistió en
la salida de las autoridades judiciales y militares de estos municipios.
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electorado que lo llevó a la victoria, sin necesidad de una segunda
vuelta en la contienda 12 .
Si cuatro años antes la estrategia de seguridad fue la negociación
total, ahora se pasaba a la confrontación total. Pastrana le apostó
totalmente a la negociación y Uribe a la confrontación. Por
supuesto, el mismo comportamiento del conflicto influenció a
Pastrana para ir aplicando algunas medidas de confrontación y lo
mismo ha venido pasando con Uribe, quien también le ha
apostado a la negociación, particularmente con los grupos de
Autodefensa. Sin embargo, la elección de Álvaro Uribe Vélez
redefinió el escenario estratégico del conflicto armado:
Por un lado, la naturaleza multidimensional de la crisis de
seguridad ha tendido a simplificarse parcialmente, al convertirse
en un enfrentamiento entre el Estado y la guerrilla de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mientras que los
restantes actores han visto reducida su relevancia estratégica, al
menos temporalmente. Por otra parte, los principales
protagonistas de esta nueva etapa del conflicto han escogido
competir por la supremacía estratégica mediante una escalada
militar, al tiempo que relegaban a un segundo plano la negociación
política como vía para alcanzar sus objetivos 13 .
La política de seguridad de Álvaro Uribe Vélez le apostó al
reforzamiento de la coacción del Estado en contra de las
organizaciones armadas que violan su orden. Sin embargo, Uribe
12
FUNDACIÓN CIDOB. Biografías de líderes políticos. Álvaro Uribe Vélez, p. 3.
13
13 ORTIZ, Román. La estrategia contrainsurgente del presidente Álvaro Uribe: ¿Fórmula
para la victoria o
receta para una crisis? En: Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos
[Consulta: Mar. 2 de 2006]
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heredó de Pastrana dos activos estratégicos fundamentales para
hacer viable su propuesta de confrontación. El primero de ellos fue
el programa de modernización de la Fuerza Pública, que mejoró en
algo más de un año la operabilidad de las Fuerzas Militares y la
Policía. El segundo activo fue la llamada internacionalización del
conflicto con el cual los gobiernos europeos y el norteamericano se
percataron de la naturaleza del conflicto colombiano y la inserción
del mismo en la lucha internacional contra el terrorismo.
“Solamente en ese contexto, pudo Bogotá conseguir la aprobación
del Congreso estadounidense del programa de asistencia militar
incluido en el Plan Colombia y encontrar una creciente receptividad
a sus peticiones de ayuda entre los gobiernos de la Unión
Europea”. 14
La médula de la política de seguridad de Álvaro Uribe tiene como
esencia una visión substancialmente distinta de la naturaleza del
Estado colombiano de la que prácticamente tuvo la administración
de Pastrana e incluso las de las administraciones que lo
antecedieron, acaso con cierta excepción de los gobiernos de
Virgilio Barco y Cesar Gaviria:
“Para el nuevo presidente y el grupo de asesores que ha
formulado la nueva política de seguridad, la legitimidad
republicana está fundamentada en su carácter democrático y
no existe razón para negociar la refundación del Estado con
unos grupos armados claramente minoritarios. Por el
contrario, la primera necesidad es defender el orden
institucional legítimo contra una agresión de naturaleza
totalitaria y criminal” 15 .
Desde el momento de su posesión, Uribe habló que su lema de
gobierno: mano dura corazón grande significaba justamente que
14
Ibíd., p. 1
15
ORTIZ, Román. La estrategia contrainsurgente del presidente Álvaro Uribe: ¿Fórmula
para la victoria o receta para una crisis? ,p. 1
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su política de seguridad estaba compuesta por dos acciones:
presión militar y negociación pero con la conservación de la
autoridad del Estado. Uribe reiteró que era amigo de una solución
por vías de negociación del conflicto armado pero aclaró que en el
momento de hacer conversaciones políticas con los grupos al
margen de la ley éstos debían, primero hacer un alto al fuego y un
cese de hostilidades y segundo, que con ellos sólo llegaría a
acuerdos sobre reformas políticas y garantías de seguridad que les
permitieran a los alzados en armas - guerrillas o paramilitaresdesmovilizarse,
desarmarse y adherirse al ordenamiento existente.
Sin embargo, como estudiaremos adelante, las presiones políticas
a lo largo de los primeros 4 años de gobierno hicieron que las
premisas establecidas frente a la negociación con ilegales, fueran
cediendo.
En consecuencia con esta nueva estrategia de seguridad, Álvaro
Uribe Vélez y su equipo de trabajo diseñaron un documento marco
del cual se desprenderían todas las directrices generales del
gobierno para confrontar a los grupos armados. De él se emitirían
los demás planes de acción. El documento, La Política de Defensa
y Seguridad Democrática 16 , estuvo sustentado en el Plan Nacional
de Desarrollo 2002-2006 Hacia un
Estado Comunitario 17 , aprobado por el Congreso de la República
mediante la Ley 812 del 26 de junio de 2003. El Artículo 1º de la
Ley, sobre los Objetivos Nacionales y Sectoriales de la Acción
Nacional, en su numeral primero reza como propósito cardinal de
la acción del gobierno: “Brindar seguridad democrática, que
asegure la viabilidad de la democracia y afiance la legitimidad del
Estado. Se brindará seguridad y protección a todos los
16
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Colombia, Seguridad Democrática. Bogotá:
Imprenta Nacional, 2002, p. 12
17
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.
Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. Hacia un Estado Comunitario. Bogotá: Imprenta
Nacional, 2002, p. 16
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
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colombianos sin distingo de color político, credo religioso,
convicción ideológica o nivel socioeconómico”. 18
El análisis que este texto pretende hacer sobre la política de
seguridad de Álvaro Uribe Vélez, parte entonces del estudio de las
estrategias planteadas en el documento marco Política de Defensa
y Seguridad Democrática, para luego caer en examen de dicha
política frente a la evolución del conflicto armado durante el primer
gobierno del presidente: 2002 . 2006 y en los alcances de la
reforma militar emprendida en las Fuerzas Armadas en los últimos
6 años.
2. LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
El análisis del documento marco Política de Defensa y Seguridad
Democrática debe partir del dictamen de que se trata del primer
diseño doctrinario y técnico, como estrategia política, que se hace
en Colombia frente al asunto de la seguridad. Desde finales de los
sesenta la seguridad en el país estuvo amarrada a la Doctrina de
Seguridad Nacional diseñada por el gobierno de Estados Unidos
basada en una ideología anticomunista y de contención, doctrina
que perdió fuerza en la década de los ochenta, en el ámbito
interno, con la institucionalización de los procesos de paz como
política de seguridad para la desarticulación de las guerrillas
mediante la negociación con ellas, liderada por el gobierno de
Belisario Betancur; y en el ámbito externo, con el fin del
socialismo real en 1989 19 .
Los diferentes gobiernos de Bogotá, no obstante, aplicaron
decretos, leyes, planes y operaciones militares en torno a la
18
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.
Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. Hacia un Estado Comunitario, p. 16
19
LEAL BUITRAGO, Francisco. La Seguridad Nacional a la deriva: del Frente Nacional a la
Posguerra Fría. Bogotá: Alfaomega Editores, 2002, p. 72
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
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seguridad, pero ninguno de éstos estuvo insertado en un proyecto
marco concebido como directriz medular en el cual se
especificaran los enemigos del Estado, cómo serían concebidos y
las líneas de trabajo, políticas y militares, para sujetarlos. La
Estrategia Nacional contra la Violencia 20 , diseñada por el
presidente Cesar Gaviria Trujillo es el único antecedente de la
Política de Defensa y Seguridad Democrática; quizás también lo
fue el Plan Lazo, trazado en el gobierno de Alberto Lleras
Camargo, pero aplicado en el de Guillermo León Valencia,
precisando empero, que éste no fue propiamente una política
presidencial, sino que descendió de la iniciativa militar del general
Alberto Ruiz Novoa 21 .
La primera noción de la política de seguridad de Uribe es que es de
carácter democrática. Ya no se alude a la idea de seguridad
nacional. El precedente de esta noción se encuentra en el estudio
convocado por el PNUD y la Agencia Colombiana de Cooperación
Internacional los cuales, bajo la coordinación del profesor Luis
Jorge Garay, reunieron en una mesa llamada Talleres del Milenio a
un grupo de ministros, funcionarios públicos, académicos,
periodistas, sindicalistas, miembros de las fuerzas armadas, y de
la Iglesia, magistrados, dirigentes gremiales e incluso artistas para
discutir y abordar soluciones para la reconstrucción del país. Con
los resultados de los talleres se construyó un documento:
Repensar a Colombia. Hacia un nuevo contrato social 22 , en el cual
justamente se propone el nuevo concepto de Seguridad
Democrática:
20
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Estrategia Nacional contra la Violencia. Bogotá:
Periódico El Tiempo, 1991
21
LEAL BUITRAGO. La Seguridad Nacional a la deriva: del Frente Nacional a la Posguerra
Fría, p. 43
22
GARAY, Luis Jorge (Coor.). Repensar a Colombia. Hacia un nuevo contrato social.
Bogotá: PNUD-ACCI, 2002
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
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El marco del debate del Taller de Seguridad Democrática parte de
reconocer que en el mundo moderno de hoy y bajo un Estado
Social de Derecho, la seguridad ya no es ni debe ser comprendida
únicamente bajo el concepto tradicional de la seguridad y defensa
nacional enmarcado en una óptica de carácter militar, sino que
debe apuntar a una seguridad democrática bajo un concepción de
cultura cívica en un entorno de tolerancia, solidaridad y de respeto
a las diferencias, y en el marco de una democratización incluyente
en los ámbitos económico, político, social y cultural. 23
De acuerdo con esto, el concepto de seguridad democrática hace
referencia a la construcción de un ambiente idóneo en el cual los
ciudadanos puedan actuar libremente en la búsqueda de su propio
desarrollo humano. Seguridad, para el grupo de trabajo de los
Talleres del Milenio es, entonces, el conjunto de acciones que los
gobiernos deben realizar para garantizar el cumplimiento de los
derechos sociales y colectivos. Luego se hace una anotación al
componente coactivo que debe tener el concepto, pero aclarando
que el problema de la defensa no es sólo militar.
No nos ocupa estudiar la concepción de seguridad planteada en el
documento coordinado por el profesor Garay, simplemente hacer
la referencia de la aparición en Colombia del concepto de
seguridad democrática. Ahora, la política de Defensa y Seguridad
Democrática de Uribe se apropia de la rúbrica pero a la noción le
hace una desviación:
La Seguridad Democrática comprende el ejercicio de una autoridad
efectiva que sigue las reglas, contiene y disuade a los violentos y
está comprometida con el respeto a los derechos humanos y la
protección y promoción de los valores, la pluralidad y las
instituciones democráticas. Así entendida la Seguridad
Democrática 24 trasciende el concepto tradicional de seguridad
23
Ibíd., p. 257.
24
Ibíd., p. 265
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
20

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ligado exclusivamente a la capacidad del Estado para coactar y
penalizar a aquellos individuos que trasgreden las normas de
convivencia en la sociedad. En última instancia, la política de
Seguridad Democrática busca la construcción de un orden social
que proteja y beneficie a los ciudadanos en sus diferentes espacios
y ámbitos, asegure la viabilidad de la democracia y afiance la
legitimidad del Estado 25 .
La política de seguridad no se suscribe, entonces a la
implementación de estrategias coactivas justificadas por si
mismas, sino a la recuperación de la autoridad del Estado en el
marco de su legitimidad y ordenamiento jurídico y político. El
postulado de la política es el fortalecimiento del Estado, reconocido
como legítimo.
Con estas disertaciones iniciales, se pasará al estudio de los
lineamientos generales del documento marco de Política de
Defensa y Seguridad Democrática: los fundamentos de la política,
sus objetivos estratégicos, su identificación de las amenazas al
Estado y sus líneas de acción.
El objetivo general de la política de Defensa y Seguridad
Democrática es garantizar la aplicación del Estado de derecho en
todo el territorio del país, a través del fortalecimiento de autoridad
democrática y de las instituciones que la componen, del
establecimiento efectivo del imperio de la ley y de la participación
ciudadana en los asuntos de interés común.
Sin delimitar qué significa la participación ciudadana en los
asuntos de interés común -un enunciado a lo sumo demagógico
que hace referencia a la intervención del ciudadano con el Estado
no simplemente a través del voto sino por medio del respeto por la
pluralidad y los valores cívicos- la política parte de la premisa de
25
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; Plan Nacional de Desarrollo, 2002-2006, p. 16
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
21

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que si el Estado de derecho rige plenamente, los derechos y
libertades de los ciudadanos estarán garantizados.
Los pilares que moverían la seguridad serían la protección de los
derechos ciudadanos, la protección de los valores, la pluralidad y
las instituciones democráticas y la solidaridad y cooperación de
toda la ciudadanía. De acuerdo con esto, la política esta pensada
para la protección de la población y explica:
“Es un error suponer, como piensan algunos, que en
Colombia existen dos caminos: el de la paz, a cargo de la
dirigencia política, y el de la guerra, a cargo de las Fuerzas
Militares. De esta manera se exime a los dirigentes civiles y a
la sociedad en general de la responsabilidad que les cabe de
contribuir a la seguridad de todos, abandonando a la
población amenazada a su suerte y asignando a la Fuerza
Pública una tarea que sola no puede cumplir. La seguridad no
es principalmente coerción: es la presencia permanente y
efectiva de la autoridad democrática en el territorio, producto
de un esfuerzo colectivo de toda la sociedad.” 26
Esta explicación es, sin duda un giro substancial al asunto de
seguridad en Colombia, que siempre estuvo a cargo de las Fuerzas
Armadas. Desde el Frente Nacional, a esta institución se le dejó la
tarea autónoma de resolver el conflicto colombiano, seguramente
con algunas pautas gubernamentales, pero la traza de los planes y
operaciones militares han sido siempre exclusividad de las
autoridades castrenses, que, a lo sumo, han contado con el visto
bueno del ejecutivo. El razonamiento puede ir más lejos, al
advertirse la deducción que por varios años ha asumido la opinión
pública del país y la misma clase política referente la salida política
del conflicto restringida ésta a la negociación. Craso error si se
tiene en cuenta que la fuerza pública del país hace parte del
esquema político, que incluso depende del poder Ejecutivo. La
26
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Colombia, Seguridad Democrática, p. 14.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
22

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política no es el arte del discurso sino el arte del poder 27 y el poder
encarna la coacción física, que en Estado moderno se encuadra
dentro del orden jurídico. La Fuerza Pública es del Estado, no
puede ser considerada como una institución anexa.
El fundamento principal de Política de Defensa Seguridad
democrática, es entonces la nueva noción de seguridad
democrática, que como se estudió en líneas anteriores, se
sustenta en la vigencia plena del Estado de derecho y de sus
instituciones democráticas.
Pero la política incluye 10 principios más, resumidos así:
• Democracia y Derechos Humanos como justificación del
ordenamiento institucional, razón de ser de la existencia de
Estado moderno y objetivo de la democracia. Su defensa implica
la consolidación de la autoridad democrática y de las
instituciones legítimamente constituidas y el sometimiento del
orden jurídico en todo el territorio nacional.
• Control territorial y acción coordinada del Estado como primera
condición para el fortalecimiento del Estado de Derecho y de la
garantía del mantenimiento de la seguridad. El control
territorial, parte la presencia permanente y práctica de la fuerza
pública, funcionamiento efectivo del aparato judicial.
• Cooperación y solidaridad de los ciudadanos con la fuerza
pública y autoridades judiciales. Lo solidario también implica
27
Dentro de la teoría política se ha entendido como política tres cosas: 1º la doctrina del
derecho y de la moral: 2º la teoría del Estado; 3º el arte o la ciencia de gobernar; 4º el
estudio de los comportamientos subjetivos. Ahora bien, la política como arte del discurso
puede encontrarse en Aristóteles, que la asume como la ciencia que permite indagar cuál
es la mejor forma de gobierno dentro de determinadas condiciones. Se trata entonces de
una discusión hecha entre el buen legislador y el buen hombre político. ABBAGNANO,
Nicola. Diccionario de Filosofía. México: Fondo de Cultura Económica, 1996.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
23

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contribuir con recursos económicos a la seguridad, a través del
pago de impuestos.
• Eficiencia y Austeridad por parte de las instituciones del Estado
a través de una efectiva capacidad de respuesta, el
acatamientos a la Constitución Nacional y las leyes, el respeto a
los derechos humanos y la transparencia en el manejo de los
recursos del Estado.
• Transparencia y juridicidad como elementos capitales de la vida
institucional incompatible con la corrupción y a fin al
fortalecimiento de la legitimidad del Estado.
• Proyección local de las políticas nacionales que significa que las
políticas nacionales estarán estructuradas de acuerdo con las
problemáticas locales específicas.
• Defensa de la Soberanía Nacional dentro de una postura
estratégica defensiva que hace parte integral de la política de
seguridad y respetando el derecho internacional.
• Multilateralidad y corresponsabilidad particularmente en la lucha
contra el terrorismo y el tráfico ilegal de armas y drogas, por ser
problemas que rebasan las fronteras y que afectan la seguridad
mundial, sin dejar de lado la responsabilidad del Estado
colombiano para combatirlos.
• Seguridad y Desarrollo como prioridades del Gobierno Nacional
y considerando la seguridad como la fundamental, incluso para
los más pobres, pues son ellos quienes están menos protegidos
y, a su vez, el desarrollo económico como garantía de la
permanencia y efectividad de las medidas de seguridad.
• Opción de negociación como una puerta abierta para los
miembros de las organizaciones al margen de la ley que
manifiesten su deseo real de reintegrarse a la vida democrática,
previo cumplimiento de un cese definitivo de hostilidades.
Estos principios, claramente ambiciosos, tienen en compensación,
un norte preciso, que aunque también generoso, es mucho más
delimitado: recuperar la seguridad de los ciudadanos y fortalecer
el Estado de derecho colombiano.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
24

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Luego de delimitar los principios, la política de Defensa y
Seguridad Democrática entrevé cuales son los componentes que
amenazan la seguridad de los ciudadanos: el terrorismo, el
negocio de las drogas ilícitas, las finanzas ilícitas, el tráfico de
armas, municiones y explosivos, el secuestro y la extorsión y el
homicidio. De acuerdo con lo deliberado por la política, se podría
incluir también a la corrupción y a la criminalidad común como
elementos que amenazan la seguridad, pero los anteriores son los
que constituyen un riesgo inmediato para la nación y además
están ligados entre sí y coinciden en su carácter trasnacional. Es
desfavorable la caracterización de las amenazas, puesto que hace
referencia a las prácticas de ciertos agentes y no a los agentes
mismos. La muerte no es una amenaza, es quien mata. Esto
resulta más absurdo si se tiene en cuenta que particularmente en
Colombia se tiene muy claro cuáles son esos agentes. Las
amenazas al Estado colombiano son básicamente las
organizaciones criminales armadas: guerrillas y paramilitares, los
grupos de narcotraficantes y asociados a sus delitos conexos y la
delincuencia común.
Tal vez se delimitaron las amenazas partiendo de las prácticas que
más vulneran a la sociedad colombiana, de forma tal que se
condene a quien las ejecute venga de donde venga; pero,
primero, es la criminalidad organizada la única que puede cometer
este tipo de delitos, por la magnitud que su empresa requiere: el
narcotráfico por ejemplo no es una práctica que se pueda realizar
de manera aislada, requiere de una red que maquine todo el
proceso que implica la economía ilícita; ni que decir del secuestro
o del tráfico de armas.
Tal vez el terrorismo es la única actividad que podría ser ejecutada
por muy pocas personas, incluso por una sola, pero en el caso de
que un solo individuo diseñe, fabrique, ubique y haga explotar una
bomba por motivos particulares, entonces es un delincuente
común.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
25

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Ahora, en el marco del nuevo orden internacional, regido a partir
del fin de la guerra fría viene estudiándose el surgimiento de la
criminalidad organizada alrededor de las economías ilícitas como el
narcotráfico y el tráfico de armas. Dicha criminalidad organizada,
motivada por diferentes fines .fundamentalismos religiosos,
etnicismos, ideologismos renacientes, nacionalismos etc.-
pretende poner en jaque a los Estados a través de la utilización de
prácticas temerarias contra la población civil. El asunto que
compete en esta parte del análisis, es que las nuevas
organizaciones criminales se dibujan y desdibujan entre sí, se
enlazan y separan de forma tan embrolladora que muchas veces
termina siendo, para los Estados, difícil identificarlas.
En el caso colombiano, por ejemplo, Las FARC son una
organización subversiva incrustada en el narcotráfico y en el
tráfico de armas y a su vez conectada con organizaciones
terroristas internacionales. Esto hace que sea difícil definir su
naturaleza actual: grupo rebelde, narcoguerrilla, grupo terrorista
nacional o grupo terrorista internacional. Para el gobierno
norteamericano por ejemplo, las FARC hacen parte de su lista de
grupos terroristas internacionales. El asunto se podría saldar
asumiendo que, particularmente en el marco de la posguerra fría y
aún más después del septiembre neoyorquino 28 , la lucha debe ser
en contra de las organizaciones criminales armadas. Es una
categoría genérica pero definible y muy aplicable a la situación
colombiana.
Teniendo en cuenta los principios rectores de la política de
Defensa y Seguridad Democrática -seguridad democrática
propiamente dicha, derechos humanos, control territorial, opción
de negociación, etc.- y luego de haber identificado las amenazas,
el documento traza los objetivos estratégicos. Estos objetivos,
28
Septiembre neoyorquino es uno de los tantos rótulos que se le han puesto a los ataques
terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, cometidos por la organización
fundamentalista Al-Qaeda.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
26

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cinco en total, apuntan a los siguientes fines: la recuperación del
control territorial a través de la presencia de la fuerza pública y del
asentamiento efectivo del aparato judicial; la protección de la
población de los actos terroristas, de secuestro, extorsión,
homicidios y desplazamiento; la eliminación del comercio de
drogas ilícitas, el mantenimiento de la capacidad disuasiva de
Estado y la eficiencia y transparencia del Estado.
Estos objetivos dirigen el rumbo de la política de seguridad a la
contención de las organizaciones criminales, limitando un poco lo
planteado en los principios rectores, que incluían la participación
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27

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ciudadana, políticas nacionales conectadas con las locales,
desarrollo y multilateralidad y corresponsabilidad. Esto indica que
buena parte de la justificación de la política de seguridad se hizo
retóricamente, para mostrar un discurso más incluyente, que no
pareciera tanto una política meramente coactiva.
La Política de Defensa y Seguridad Democrática perfila seis líneas
de acción que marcan el camino para el cumplimiento de los
objetivos estratégicos: 1º coordinar la acción del Estado, 2º
fortalecer las instituciones del Estado, 3º consolidar el territorio
nacional, 4º proteger a los ciudadanos y la infraestructura de la
nación, 4º cooperar para la seguridad de todos y 5º comunicar las
políticas y acciones del Estado.
En el cuadro número tres se puede observar cada una de estas
líneas con los planes y estrategias que requiere para su
cumplimiento.
El alcance de las líneas de acción será analizado en el próximo
apartado, referente a los avances en la seguridad en el país ya
que una aproximación desde el planteamiento teórico resulta más
que copiosa. No por eso hay que dejar de considerar ciertos
elementos capitales, además de novedosos contemplados en las
líneas de acción.
El primero de ellos es la continuación del fortalecimiento de las
Fuerzas Militares, en cuanto a mayor tropa, con mejor
entrenamiento y movilidad. Este fortalecimiento estaría
acompañado de una reforma al servicio militar obligatorio cuyo fin
es que los jóvenes del país presten el servicio al Estado en
igualdad de condiciones. Aparece además la figura del soldado
campesino que pretende crear una especie de fuerza territorial
estimada en 100 mil hombres, que serían reclutados entre la
población campesina y para que apoyen la defensa del Estado en
sus propias regiones. Estos soldados recibirían una instrucción
básica para desarrollar labores de inteligencia y defensa local.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
28

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El segundo elemento capital es el fortalecimiento de la Policía
Nacional y la ampliación de su pie de fuerza. La policía se
encargaría de la primera recuperación del territorio asentando
estaciones en todos los municipios de Colombia 29 . Además se
crearían los Escuadrones Móviles de Carabineros una fuerza
policiva nueva, encargada del patrullaje de las áreas rurales del
país.
29
En el 2002 la Policía Nacional estaba ausente en 160 municipios de Colombia, un 15%
de los un poco más de mil que tiene el país.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
29

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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
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Ligado a este segundo elemento capital, se podría identificar un
tercero, referente a la protección de la red vial, uno de los puntos
más neurálgicos para la seguridad ciudadana.
Uno de los componentes de las líneas de acción está destinado a
garantizar el libre movimiento por las principales troncales del país
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
31

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a través de una Estrategia Integral de Seguridad 30 en Carreteras
que contempla monitoreo del tránsito de vehículos, mejoramiento
de la Policía de Carreteras, participación de la Fiscalía General de
la Nación en unidades móviles para la judicialización expedita de
quienes atentan contra la seguridad y la colaboración ciudadana
para la vigilancia de carreteras.
El cuarto aspecto novedoso es el establecimiento de la Red de
Cooperantes, y un Programa de Recompensas. El primero, es una
red de ciudadanos conformada por pobladores de las zonas rurales
y urbanas del país que le permitan a la fuerza pública disponer de
información rápida para la contención de actos de terrorismo y en
general para evitar incursiones de la guerrilla o de cualquier otra
organización armada. El Programa de Recompensas por su parte,
pretende el estímulo económico a aquellas personas que den a
conocer información que conduzca a la prevención de atentados
terroristas o a la captura de los integrantes de las organizaciones
armadas.
La formulación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática
es un gran avance en materia de políticas de seguridad en
Colombia, como se anotó, al menos es el primer documento
realizado por un gobierno del país que diseña las directrices del
Estado para afrontar la crisis de seguridad. Es hora entonces de
observar su efectividad.
3. AVANCES EN LA SEGURIDAD EN COLOMBIA: 2002-2006
El largo esfuerzo realizado por los gobiernos colombianos por
contener a los grupos armados ilegales, dentro del marco de la
democracia por fin está mostrando resultados. El gobierno de
Álvaro Uribe Vélez es quizás el único que en cuatro años de
mandato ha podido exhibir avances efectivos frente a la crisis de
30
En el 2002 la Policía Nacional estaba ausente en 160 municipios de Colombia, un 15%
de los un poco más de mil que tiene el país.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
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seguridad en el país. Sin duda, el mayor capital conseguido por
Uribe ha sido la recuperación de la idea de la legitimidad del
Estado colombiano. La concepción ha cambiado: la mayor parte de
la población colombiana, incluida en ella la clase política, los
empresarios, los académicos y en general la opinión pública,
piensa ahora que el Estado colombiano es legítimo, que siempre lo
ha sido y que por tanto no tiene que ser reformulado o al menos
no con un grupo armado ha evadido los mecanismos democráticos
para la consecución de sus objetivos de poder.
La lección que el mismo Uribe dio a los colombianos al rechazar
como primer hombre del Estado, una carta dirigida a él y al Jefe
Máximo de las FARC, remitida por los expresidentes Ernesto
Samper, Julio Cesar Turbay y Alfonso López, en la cual invitaban a
los dos personajes a sentarse a discutir el tema del intercambio
humanitario. Uribe expresó en el momento, que era inadmisible
que un comandante de un grupo ilegal armado fuera tratado con
la misma jerarquía con la que se trata a la figura constitucional del
presidente:
“Me parece gravísimo, gravísimo, que se siga haciendo esas
nivelaciones, ahora entiendo porque en el pasado no se
derrotó al terrorismo, por esa manera de consentir y de
legitimar a los terroristas, cuando se les consienten de esa
manera, los gobiernos no ganan la voluntad política que se
necesita para derrotarlos. Por celo institucional y no vanidad
personal, yo me declaro no destinatario de esa carta, la doy
por no recibida. No hay respuesta”. 31
La conciencia internacional sobre la legitimidad del Estado
colombiano también ha cambiado. El gobierno de Uribe tiene hoy
el respaldo de Washington y de la dirigencia de la Comunidad
31
EL PAÍS. Uribe rechaza carta de expresidentes. En: El País.com. [Consulta: 13 de may.
de 2006]
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
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Europea: ambas jefaturas respaldan la idea de que estrictamente
no existen causas objetivas del conflicto, entendidas éstas como el
desamparo social histórico por parte del Estado a sus ciudadanos,
en cambio piensan que lo que en Colombia hay son grupos
terroristas y de narcotraficantes. Las Naciones Unidas y algunas
organizaciones no gubernamentales internacionales, mantienen en
cambio, el discurso de las causas objetivas del conflicto.
Este proceso de reconocimiento de la legitimidad del Estado puede
confrontarse en la creciente aceptación de las Fuerzas Militares
frente a las exiguas bases sociales que hoy tienen los grupos de
paramilitares y de guerrillas dentro de la población colombiana. De
acuerdo con el documento publicado por el Ministerio de Defensa:
Logros y Retos de la Política de Defensa y seguridad Democrática,
que toma como fuente una encuesta realizada por la firma Gallup
en octubre de 2006, sobre la opinión favorable o desfavorable de
algunas de instituciones, un 71% de la población encuestada tiene
una posición favorable sobre las Fuerzas Militares, un 24%
desfavorable y un 5% no sabe o no responde.
Para las Autodefensas un 8% tiene una posición favorable de las
Autodefensas, frente a 86% que opina desfavorablemente y a un
6% que no sabe o no responde. En cuanto a la guerrilla de las
FARC, un 3% de los encuestados se mostraron a favor de ellas,
frente a un 93% en contra y 4% que no sabe o no responde. Los
resultados para el ELN fueron un 4% a favor del grupo ilegal, un
91% en contra y un 5% que no sabe o no responde 32 . Estos datos
son importantes sobre todo porque nos permiten sondear las
bases sociales de los paramilitares, quienes han permeado más la
sociedad colombiana en las últimas dos décadas que otros grupos
armados ilegales.
32
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE DEFENSA. Logros y retos de la
política de defensa y seguridad democrática. Bogotá: Ministerio de defensa, 2006 p. 110
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
34

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Sin duda, la Política de Defensa y Seguridad Democrática ha
contribuido al aumento de la credibilidad en las acciones
gubernamentales. Durante sus cuatro años de mandato, Uribe
mantuvo índices de popularidad cercanos al 70% y esta
popularidad fue ratificada por el electorado del país al reelegirlo
como presidente sin necesidad de una segunda vuelta. Según los
datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en las pasadas
elecciones, en las cuales hubo 12.041.737 votos, 7.397.835 fueron
para Uribe, es decir el 62.35%, mientras que sus mayores
contendores, Carlos Gaviria y Horacio Serpa consiguieron sólo el
22.02% y el 11.83% respectivamente 33 . Es interesante señalar,
para entender un poco más la aceptación popular del primer
mandatario, que en su reelección Uribe consiguió una mayor
votación a su favor, pues en el 2002 alcanzó 5.862.655 votos, es
decir el 53.048% del total de la votación, lo que en esa
oportunidad también le permitió ser elegido en la primera vuelta 34 .
EL PRESUPUESTO PARA LA PDSD
Uno de los primeros éxitos de la administración de Uribe fue la
aceptación por parte de la clase dirigente y de la sociedad en
general del establecimiento, en agosto de 2002 de un impuesto
especial al patrimonio con el cual se recaudaron $736 millones de
dólares distribuidos así: US$516 hasta el 2003, US$134 en el
2004, US$56 en el 2005 y US$30 en el 2006, recursos que fueron
destinados al presupuesto de defensa 35 .
33
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL . Elecciones Presidente 2006. En:
Registraduría Nacional de Estado Civil
[Consulta: Septiembre,
2006]
34
Ibíd.
35
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE DEFENSA. Logros y retos de la
política de defensa y seguridad democrática, p. 70
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
35

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Precisamente, con relación al presupuesto de defensa, algunas
voces de oposición a Uribe Vélez se alzaron para criticarlo por el
incremento hecho a este rubro, teniendo presente que el país
posee otras necesidades apremiantes como la lucha contra la
pobreza, la desigualdad, el mejoramiento del sistema de
infraestructura, etc.
En efecto, durante el periodo de gobierno 2002-2006 ha habido
una disposición por parte del ejecutivo para incrementar el
presupuesto destinado al sector defensa, sin embargo, este
incremento no ha sido mayor al 0.5% del PIB, teniendo como
referencia el gasto en defensa en seguridad más alto antes de la
presidencia de Uribe (4.8% en el 2001) y el más alto durante la
presidencia de Uribe (5.3% en el 2005) 36 . En general, desde la
última década pasada los diferentes gobiernos de Bogotá han
incrementado el rubro defensa, con relación a otros rubros dentro
del PIB así: para 1990 el gasto en defensa y seguridad dentro del
PIB fue del 2.2%, para 1995 fue de 3.3%, para 2000 fue del 4.4%
y para el 2005 del 5.3% 37 . Con relación al incremento de los
recursos para la defensa, la Fundación Seguridad y Democracia
opina:
“A pesar de las numerosas voces que se alzan para denunciar
el incremento de los recursos públicos destinados a la
seguridad y la defensa, lo cierto es que el actual presupuesto
es insuficiente para enfrentar el reto de recuperar la
seguridad y mantener la ofensiva contra los grupos armados
ilegales, combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad de
todos los habitantes del territorio nacional. En otras palabras,
el presupuesto, y la estructura de fuerza que éste financia,
36
VILLAMIZAR Andrés, ESPEJO, Germán. El gasto en seguridad y defensa en Colombia,
de la contención a la ofensiva. Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia - Documentos
ocasionales, 2005, p. 2
37
Ibíd., p. 2
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
36

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tal vez son suficientes para contener las amenazas pero no
para derrotarlas. Para lograr pasar a la ofensiva en términos
estratégicos sería necesario un aumento mayor del gasto
militar que permita incrementar el pie de fuerza y el
equipamiento de las unidades operativas de la Fuerza
Pública. Esto implicaría un mayor esfuerzo desde el punto de
vista tributario, así como un considerable empeño de parte
del Gobierno Nacional y
las
fuerzas armadas para lograr mayor efectividad y eficiencia
tanto en el campo de batalla como en el manejo y gestión de
los recursos destinados a la defensa y la seguridad.”
La pregunta por los recursos es sin duda de dónde sacarlos. De
acuerdo con Malcolm Deas, historiador británico de la Universidad
de Oxford, e investigador de la misma institución sobre asuntos
colombianos, los dineros deben salir fundamentalmente del
presupuesto del Estado colombiano:
“Las soluciones a los problemas de Colombia deben partir
esencialmente de los recursos y ciudadanos de ese país.
Aunque la cooperación y ayuda internacional son
fundamentales, Colombia no puede estar solamente a la
espera de que la ayuden. Ahora bien, esa ayuda se piensa
siempre en términos económicos, pero es mucho más
importante que por parte de Europa y de la comunidad
internacional se comprendan las complejidades de
Colombia” 38
Si se sigue la premisa de Deas, el asunto entonces sería el mismo
que planteo en la década del treinta el ministro británico Winston
Churchill, cañones o mantequilla: o se invierte más en seguridad
militar o se invierte más en seguridad social y colectiva. Al iniciar
38
DEAS, Malcolm. Europa debe comprender la complejidad de Colombia. Discurso
pronunciado por el catedrático en el Foro de Berlín. En: Presidencia de la República de
Colombia www.presidencia,gov.co [Consulta: Oct. 15 de 2006]
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
37

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el gobierno de Álvaro Uribe la población colombiana se acercaba
más a la idea de invertir mejores recursos en la seguridad militar,
pero a medida que las crisis sociales van explotando -como la de
las instituciones públicas de salud, sucedida en el segundo
semestre de 2004- la balanza se viene inclinando hacia el otro
lado.
Es casi imposible para el gobierno colombiano, sacar de su propio
bolsillo dineros inéditos y frescos para invertir en la expansión
militar, teniendo en cuenta la lánguida progresión de la economía
nacional. La única salida se podrá encontrar en la ayuda
internacional, también escasa, si se tiene en cuenta que la
mayoría de la que se logra conseguir .como la venida del Plan
Colombia- debe ser utilizada en la lucha contra el narcotráfico
propiamente y no contra la insurgencia o la contrainsurgencia.
Pese a esto, una lucha más efectiva contra el tráfico de drogas,
indudablemente conseguida con dineros extranjeros, será de gran
ayuda para el debilitamiento paulatino de la principal fuente de
finanzas de los grupos armados. El fortalecimiento de las
maniobras antinarcóticos redundará en el debilitamiento de los
insurgentes y los paramilitares.
Ahora bien, una mejor forma de evaluar los recursos destinados a
la defensa en Colombia, es haciendo una comparación con sus
países vecinos. De acuerdo con el Atlas Comparativo de la Defensa
en América Latina, construido por Red de Defensa y Seguridad
para América latina -RESDAL-, en su segundo capítulo, Los
presupuestos; Chile, Colombia y Ecuador son los países que mayor
presupuesto de defensa tuvieron en el 2005 con relación a su
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
38

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producto interno bruto así: Ecuador 3.67%, Chile: 3.54% y
Colombia 3.28%.
Según RESDAL, el promedio de defensa en América Latina es de
1.4% con relación al PIB. Es importante considerar, en todo caso
que ha habido una tendencia al congelamiento de los recursos
para la defensa en la región, debido a los procesos de transición
democrática y al consecuente interés por debilitar la capacidad de
acción de las Fuerzas Armadas, culpables de las antiguas
dictaduras en América Latina. Además, los diferentes acuerdos
interamericanos han conseguido un compromiso efectivo de los
países hemisféricos para la resolución pacífica de los conflictos
entre ellos, 39 lo cual hace que exista una situación de paz en el
continente y que la mayor preocupación para la suma de los
Estados no sea hoy la defensa. Sólo Colombia mantiene una
situación de inseguridad estructural y el presupuesto que hoy
asigna al sector defensa está lejos de ser un exceso.
Ahora bien, con este presupuesto de defensa y con la
implementación de la Política de Defensa y Seguridad
Democrática, se han logrado reducir considerablemente las cifras
que marcan el comportamiento de las acciones delictivas. En
adelante se citarán dichas cifras, proporcionadas por el Ministerio
de Defensa Nacional. Es importante aclarar que se toman los datos
publicados por el mismo Ministerio porque son sometidos al
escrutinio de los organismos de control del Estado. Algunas
organizaciones no gubernamentales vienen realizando sus propias
estadísticas, las cuales a veces no coinciden con las
39
Por ejemplo el Tratado Interamericano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá, que
fue adoptado en 1948 y que determina la obligación general de resolver las controversias
internacionales por procedimientos pacíficos regionales, antes de llevarlas al Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. OEA - Oficina de Derecho Internacional. Tratados
Multilaterales: Tratado Interamericano de Soluciones Pacíficas. En:
[Consulta: Septiembre, 2006]
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
39

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proporcionadas por el Ejecutivo, sin embargo no hay manera de
corroborar que tan verídicas son sus mediciones. Por otra parte,
las cifras del Ministerio son utilizadas por instituciones como el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, la
Friedrich Ebert Stiftung Colombia -FESCOL- o la Fundación
Seguridad y Democracia.
EL SECUESTRO
El secuestro, quizá uno de los factores del conflicto que más ha
afectado a la población colombiana, se logró reducir en un 86.4%
en el periodo estudiado. Esta cifra puede ser mejor entendida en
los siguientes términos: mientras que en el año 2002 hubo 2.885
personas secuestradas, en el 2003 la cifra bajo a 2.122, en el
2004 pasó a 1.440, en el 2005 a 800 y hasta octubre de 2006 a
562 40 .
En la evaluación del comportamiento del secuestro, es necesario
considerar la notable disminución que han tenido los secuestros en
retenes ilegales, llamados pescas milagrosas. En el año 2002 hubo
176 retenes ilegales, en los cuales fueron secuestradas 696
personas, en el 2003, la cifra bajo a 76 retenes ilegales con 294
víctimas, en el 2004 hubo 33 retenes con 96 víctimas, en el 2005,
16 con 36 víctimas y hasta octubre de 2006, 5 retenes ilegales con
8 personas secuestradas.
Uno de los componentes capitales para la reducción de los
secuestros, especialmente de los ocurridos en los retenes ilegales
ha sido el Programa de Seguridad en Carreteras, uno de los
dispositivos más destacables de la política de Defensa y Seguridad
Democrática.
40
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE DEFENSA. Logros y retos de la
política de defensa y seguridad democrática, p. 15
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
40

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El aumento considerable de la vigilancia de las más importantes
troncales del país sumado al programa de caravanas turísticas
Vive Colombia viaja por ella ha permitido que los colombianos
vuelvan a viajar por vía terrestre, al menos en las fechas festivas
y en las temporadas de vacaciones. Según datos de INVÍAS, el
volumen de tránsito vehicular, medido en pasos por peaje entre
diciembre de 2002 y diciembre de 2005 fue de 152 millones de
vehículos. 41
Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
-PNUD-, el delito del secuestro se ha ido transformando. La mayor
parte de los secuestros llevados a cabo durante el primer
cuatrienio de Uribe fueron selectivos producto de alianzas de
grupos armados ilegales y de la delincuencia organizada. El PNUD
reconoce que los secuestros masivos, económicos y a los
miembros de la Fuerza Pública han disminuido 42 .
Según las cifras oficiales, de los 6.059 secuestros ocurridos entre
agosto de 2.002 y octubre de 2006, 3.416 fueron extorsivos 43
Ahora bien, según la Fundación País Libre, una organización no
gubernamental de apoyo para los familiares de personas
secuestradas, cuyos datos coinciden con los suministrados por el
41
En el 2004 se movilizaron por el país 144.975 mil automóviles con 579.898 mil personas
a bordo y en el 2005 151.888 mil vehículos con 607.555 pasajeros. INVÍAS. Cerca de 44
millones para seguridad en carreteras. En: INVÍAS [Consulta:
Noviembre, 2006]
42
PNUD. La evolución del conflicto Armado en cifras. En: PNUD - Hechos del Callejón.
N°16, julio de 2006, p. 4
43
Se entiende por secuestros extorsivos aquellos realizados con el fin de obtener a cambio
algún provecho, para que se haga u omita algo o con fines políticos o publicitarios.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE DEFENSA. Logros y retos de la
política de defensa y seguridad democrática, p. 16
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
41

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Ministerio de Defensa, entre 2002 y 2006, las FARC fueron
responsables de 2211 secuestros, teniendo en cuenta que en el
2002 ejecutaron 990, mientras que en el 2005 -tomando la
medición de un año completo-, fueron responsables de 198
secuestros. Al ELN se le imputan 1389 secuestros: 788 en el 2002
y 88 en el 2005 y a las AUC 1.458, 165 en el 2002 y 53 en el
2005 44 .
Estas cifras indican primero que las FARC, organización
responsable de la mayor parte de los secuestros en Colombia, han
perdido capacidad para acometer este delito, debido a que durante
los cuatro años de gobierno de Uribe se han visto obligadas a
replegarse -bien sea estratégicamente o no, eso lo estudiaremos
más adelante- y a no poder acercarse demasiado a las poblaciones
y las carreteras donde suelen aprehender a sus víctimas. Por otra
parte, el número de secuestros cometido por las AUC, puede
considerarse aún preocupante, si se tiene en cuenta que desde el
44
FUNDACIÓN PAÍS LIBRE. El secuestro en los últimos 10 años. En: Fundación País Libre
- Estadísticas de Secuestro <
http://www.paislibre.org/html/sitio/index.php?view=vistas/es_ES/pagina_87.php> [Consulta:
Septiembre, 2006]
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
42

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2002 declararon un cese al fuego y se han desmovilizado más de
30 mil hombres de sus filas.
En cuanto al ELN, considerado uno de los grupos ilegales más
hábiles a la hora de planear y acometer secuestros, su
organización misma ha entrado, desde hace algunos años en un
proceso de debilitamiento militar prácticamente irreversible, que
han tratado de contrarrestar con presiones en el terreno político a
través de sus intentos de negociación con el Estado. La fuerza
pública ha contribuido este debilitamiento militar.
Particularmente, son de señalar las operaciones conjuntas de las
Fuerzas Armadas realizadas durante el año 2003, con las cuales se
logro diezmar considerablemente a la cuadrilla Carlos Alirio
Buitrago de esta organización guerrillera, la cual ha sido
responsable del 8% de los secuestros en el país 45 .
45
SEGURIDAD Y DEMOCRACIA. Informe especial del secuestro. En: Coyuntura de
Seguridad – Fundación Seguridad y Democracia. <
http://www.seguridadydemocracia.org/docs/pdf/especiales/informeEspecial2.pdf>
[Consulta: febrero de 2006]
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
43

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En cuanto al secuestro, no cabe duda de que las cifras son
contundentes. Las acciones para combatir a las guerrillas y a los
paramilitares en general pero, en particular, el repliegue de las
FARC a zonas lejanas de las poblaciones sumado al efecto de la
desmovilización de los paramilitares y al agotamiento militar del
ELN son las razones que explican la reducción considerable del
comportamiento del secuestro en Colombia, el cual llegó a
alcanzar las 3581 víctimas durante el año 2000.
REDUCCIÓN DE LOS HOMICIDIOS
Siguiendo con la revisión general del conflicto en cifras durante el
primer cuatrienio del presidente Uribe Vélez, es preciso analizar lo
correspondiente a la tasa de homicidios, la cual muestra un claro
comportamiento descendiente: en el año 2002, se produjeron
28.837 casos de homicidio común; en el 2003, 23.523 casos, en el
2004, 20.208, en el 2005, 18.111 y hasta octubre de 2006,
14.131 casos de homicidio común. Como puede observarse,
durante todo el periodo de gobierno de Uribe, la tasa de
homicidios bajo año por año.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
44

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Según la Fundación Seguridad y Democracia, el homicidio en
Colombia viene presentando un comportamiento general
descendiente a partir de 2003, el primer año completo de gobierno
del presidente Uribe Vélez. En un estudio comparado de la
seguridad en los últimos tres periodos presidenciales, Seguridad y
Democracia observa cómo mientras que 2002, año en que se
produjo el cambio de gobierno entre Andrés Pastrana y Álvaro
Uribe, la tasa de homicidios fue de 65.9 en el 2006 se ubicó en
34.9, por lo que la reducción fue del 43%. 46
Algunos sectores de la academia y de la política han puesto en
duda que la reducción notable del homicidio en Colombia sea
resultado de la implementación de la Política de Defensa y
Seguridad Democrática. En cambio consideran que las políticas de
seguridad implementadas por los gobiernos de las alcaldías de
Bogotá y Medellín son las autoras de dicha reducción y no el
trabajo realizado por la presidencia 47 .
Sin duda, se debe reconocer el trabajo realizado por las alcaldías
de las dos principales ciudades de Colombia y de sus respectivas
policías metropolitanas para reducir la criminalidad urbana. Sin
embargo, no se pueden pasar por alto varios méritos de la PDSD
que impactaron directamente en la situación de seguridad de las
dos ciudades. Para el caso de Bogotá, la ejecución, en la periferia
de la capital de la operación Libertad Duradera 1, realizada por la
Fuerzas Armadas en el marco de la PDSD contra bases de las
46
FUNDACIÓN SEGURIDAD Y DEMOCRACIA. Colombia: la seguridad en los tres últimos
periodos presidenciales: 1994 - 2006. Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia, 2006,
p. 14
47
Uno de los más críticos de los logros de la PDSD es Álvaro Camacho, profesor titular de
la Universidad de los Andes, quien en diferentes encuentros académicos ha sustentado su
tesis de que la reducción de delitos como el homicidio y el secuestro en Colombia se debe
a las políticas de seguridad de las alcaldías de Bogotá y Medellín. PNUD. La evolución del
conflicto Armado en cifras, p.3
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
45

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FARC en la zona, influyó directamente en la reducción de
homicidios, secuestros y actos terroristas que las milicias de esa
agrupación guerrillera realizaban en Bogotá. Así lo expresó el
académico Román Ortiz Marina:
“A lo largo de 2003, dicha ofensiva intensificó las acciones
militares y policiales para debilitar las unidades insurgentes y
destruir la infraestructura de la guerrilla en las regiones
próximas a Bogotá. El impacto estratégico de este esfuerzo
se puso de relieve al año siguiente. Privadas de sus áreas
base en las zonas rurales, las FARC fueron incapaces de
realizar operaciones significativas en Bogotá durante 2004. 48
Otro de los factores que impactó considerablemente para la
reducción de los homicidios en Colombia fue la desmovilización de
las Autodefensas, responsables de buena parte de los homicidios
colectivos en el territorio nacional. Ahora, para el caso de Medellín,
la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, responsable de las
acciones de los grupos de milicias más poderosos de la ciudad,
permitió una reducción considerable de los índices de violencia allí.
Más adelante se analizará lo sucedido con el proceso de
desmovilización como tal y el asunto de la reincidencia en la
violencia de ex paramilitares.
Por ahora, vale la pena señalar que la Política de Defensa y
Seguridad Democrática, al ser una política coordinada que reúne
en un solo diseño doctrinario todos los esfuerzos del Estado en
materia de seguridad (antinarcóticos, contrainsurgencia,
contraterrorismo, antisecuestro, desmovilización, etc.) ha
impactado considerablemente en la reducción de las muertes por
causa violenta en Colombia, fin medular de cualquier política de
seguridad en cualquier Estado del mundo.
48
ORTÍZ MARINA, Román. La estrategia de seguridad de la administración de Uribe: un
balance de oportunidades y retos. En: Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y
Estratégicos [Consulta: Mayo de 2006]
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46

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CONTROL TERRITORIAL
Como se expuso en la introducción de la investigación, el control
del territorio es el eje del conflicto armado en Colombia, y hasta
que el Estado no recupere y consolide su monopolio en él,
difícilmente se podrá pensar en una solución de la crisis de
seguridad del país.
En cuanto a la iniciativa expuesta en la política de Defensa y
Seguridad, referente a la consolidación del control del territorio
nacional, al iniciar el periodo presidencial, en agosto de 2002
existían un total de 158 municipios sin presencia permanente de la
policía.
Progresivamente, en los primeros 18 meses de gobierno, se
recuperó la presencia de la fuerza pública en las cabeceras
poblacionales y desde febrero de 2004 el total de los 1098
municipios de Colombia cuentan con presencia permanente de la
Policía Nacional.
Ahora bien, el retorno de la policía a todas las cabeceras
municipales se ha complementado con la creación de la figura del
soldado campesino, contenida en el programa Soldados de mi
pueblo - Plan Coraza, diseñado en la política de Defensa y
Seguridad. Excepto Amazonas, San Andrés, Guainía y Vaupés,
todos los departamentos cuentan con pelotones de soldados
campesinos. Hasta 2006 se crearon 598 pelotones, cada uno con
36 soldados. Esto significa que las Fuerzas Armadas colombianas
cuentan hoy con un contingente de 21.528 de campesinos.
Esta estrategia de reclutamiento de soldados campesinos, en
principio parece ser un recurso audaz para el control de la
seguridad sobre todo en zonas aisladas. En sentido estricto, las
ventajas de estas nuevas huestes para el estado son dos: la
primera, el bajo costo que requiere su entrenamiento, la segunda,
la más importante, el reclutamiento de estas milicias en las
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mismas zonas donde van a operar asegura delanteras importantes
debido al conocimiento del terreno y a la capacidad que tienen de
recolectar inteligencia.
Sin embargo la figura del soldado campesino, tiene sus riesgos, no
menospreciables:
“(...) la limitada formación militar que recibirán los “soldados
campesinos” los hace particularmente vulnerables a los
ataques de la guerrilla. Además, se mantiene abierta la
posibilidad de que este tipo de unidades sea contaminado por
organizaciones paramilitares o corrompido por mafias del
narcotráfico. A la vista de estos riesgos, el éxito del proyecto
de formación de estas milicias territoriales depende en gran
medida de que se instrumenten mecanismos adecuados para
supervisar estrechamente su funcionamiento y asegurarles el
respaldo de seguridad regular” 49
En cuanto a la estrategia de consolidación del control del territorio
nacional, en el marco de la Política de Defensa y Seguridad
Democrática, se crearon, durante el periodo 2002 - 2006, 6
nuevos batallones de alta montaña, 9 brigadas móviles, 13
unidades antiterroristas urbanas y 55 escuadrones móviles de
carabineros. La consolidación de estas nuevas unidades significó
que durante el gobierno de Uribe se incorporaran más de 91 mil
uniformados. Más adelante se analizarán en detalle la
modernización de las fuerzas armadas.
Ahora bien, pese al avance positivo en control territorial, éste es
todavía de tipo coyuntural más que un proceso irreversible. Las
Fuerzas Militares de Colombia no han asumido todavía una
estrategia de copamiento, control y defensa permanente. Apenas
han alcanzado la conquista momentánea. Han ganado en la
49
ORTIZ, Román. El Estado colombiano frente a las FARC. En: (VARIOS AUTORES)
Terrorismo y Seguridad. Bogotá: Editorial Planeta . Semana, 2003, p. 185.
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recuperación territorial pero dicha recuperación es laxa, falta
mucho para estar consolidada y falta mucho para traducirse en
garantía de la presencia permanente del Estado. Podrían anotarse
dos falencias estructurales en la estrategia de control territorial.
La primera de ellas hace referencia al modo en que se recupera el
territorio. Las Fuerzas Armadas han iniciado varias operaciones
militares de gran impacto que pretenden acometer una fuerte
ofensiva contraguerrillera, para retomar, en un tiempo
relativamente corto, el dominio sobre determinada zona del país.
Estas ofensivas, empero, tienen un alto costo por el desgaste que
sufre la tropa y por el riesgo que pueden correr las poblaciones
ubicadas en la zona de operaciones. El control territorial es un
asunto, que, como afirma el profesor Román Ortiz Marina se
consigue sólo a través de operaciones lentas, permanentes y
seguras 50 .
La segunda falencia del proceso de recuperación territorial
realizado por el Ejército, es, a mi modo de ver, que esas mismas
operaciones militares de gran impacto requieren de la
disponibilidad y concentración de una gran tropa. El Ejército
colombiano aún no es lo suficientemente grande para repartirse
entre todo el territorio y entre las operaciones de combate y de
vigilancia de zonas críticas. Por ejemplo, las fronteras del país,
todas ellas zonas estratégicas para las guerrillas, los paramilitares
y los grupos de narcotraficantes, están lejos de ser controladas
por la fuerza coercitiva del estado. Eso implica que a Colombia
sigan entrando armas, municiones y explosivos venidos del
mercado negro y que sigan saliendo cantidades considerables de
narcóticos. La situación de las fronteras es aún más critica si se
tiene en cuenta que todas las operaciones militares, realizadas en
las regiones de los Llanos Orientales, la orinoquía y la amazonía,
50
ORTIZ MARINA, ROMÁN. La opción de la bala de plata: Estrategias antiliderazgo en la
lucha contra organizaciones terroristas. En: Real Instituto Elcano
[consulta: abril 20 de 2005]
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
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están desplazando a los grupos ilegales a las zonas limítrofes con
Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. No en vano departamentos
como Arauca, Putumayo, Cauca y Nariño siguen siendo escenarios
de emboscadas y ataques guerrilleros.
LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
Por ahora, las cifras anotadas sobre control territorial nos
permiten acercarnos al estudio de otro de los ítems importantes
para evaluar la efectividad de la Política de Defensa y Seguridad
Democrática: el terrorismo. Se considera como actos terroristas
ataques contra poblaciones y contra la infraestructura económica.
Según el informe presentado al Congreso por la Presidencia de la
República sobre el objetivo número uno del Plan de Desarrollo
2002 - 2006 Hacia un Estado comunitario 51 mientras que en 2002
se presentaron 1645 actos terroristas, en 2003 la cifra bajo a
1257, en 2004 a 724 y en 2005 a 611 actos terroristas.
Dentro de los actos terroristas, la toma o ataque a poblaciones se
redujo en un 84.8% durante el gobierno de Uribe, con relación al
gobierno de Pastrana. Mientras que entre 1998 y 2002 se
produjeron 290 ataques, durante 2002 y 2006 se realizaron 44.
Por año las cifras fueron: 2002: 32, 2003:5, 2004: 1, 2005: 5 y
hasta octubre de 2006: 1.
Hubo también una reducción considerable de los atentados
terroristas contra la infraestructura económica del país. Tomando
nuevamente el cuatrienio de Pastrana como punto de
comparación, en él se produjeron 1474 ataques, mientras que en
el cuatrienio de Uribe la cifra se redujo a 774. Una reducción total
de un 47.5%. Observemos los ítems más vulnerables al terrorismo
dentro de infraestructura económica del país.
51
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Plan de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario
Informe al Congreso. Bogotá: Presidencia de la República, 2006, p. 31
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
50

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El primero sigue siendo el terrorismo contra las torres de energía.
Se produjeron 852 atentados, ISA la empresa energética más
afectada, al ser victima del 57.9% del total de los atentados. El
segundo ítem a señalar es la voladura de oleoductos. En general,
presentan una reducción del 35% con relación al cuatrienio
anterior. Es de señalar, en todo caso que durante los años 2002 y
2003 se presentó un incremento en la voladura de oleoductos, al
pasar de 74 a 179. La cifra logró ser revertida en el 2004,
reduciéndose a 93, pero en el 2005, año en que las FARC trataron
de reaparecer con hostigamientos e intimidaciones, los atentados
a oleoductos volvieron a ascender a 145, alterada la tendencia
nuevamente hasta octubre de 2006 a 48 atentados terroristas en
total.
Otra de las cifras que el gobierno tiene para mostrar como
resultado de la efectividad de la Política de Defensa y Seguridad
Democrática es la drástica reducción de los atentados a puentes:
entre 2002 y 2006 se presentaron tan solo 87 casos, la mayoría
de ellos ocurridos durante el último tramo del gobierno de
Pastrana en 2002. Así mismo, gracias al programa de seguridad
vial, entre diciembre de 2002 y diciembre de 2005 se redujeron en
un 92.7% el número de bloqueos realizados por grupos armados
en las principales troncales del país.
La piratería terrestre, otro de los flagelos para el transporte en
Colombia, causado en buena medida por los grupos ilegales
armados, es otro de los ítems que presenta una tendencia
descendente, excepto durante 2003, en la cual la cifra pasó de
1.436 casos presentados en 2002 a 1.578. De ahí en adelante la
cifra fue cayendo así: 926 en 2004, 715 en 2005 y 523 hasta
octubre de 2006.
MINAS ANTIPERSONA
Ahora bien, las minas antipersonal continúan siendo uno de los
asuntos más problemáticos del conflicto colombiano. Desde hace
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
51

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más de 20 años se siembran minas antipersonal en el país, pero
según un estudio realizado por la Fundación Seguridad y
Democracia, este problema, en vez de disminuir aumentó en el
primer cuatrienio del presidente Uribe 52 .
VICTIMAS CON MINAS ANTIPERSONAL O MUNICIONES
ABANDONADAS
Como se observa en el anterior gráfico, durante la última década
del siglo XX, a causa accidentes con minas antipersonal o con
municiones abandonadas sin explotar, murieron 270 personas y
otras 696 resultaron heridas, esto significa un promedio de 27
victimas fatales y de 70 heridos por minas o municiones por año.
Pero, desde 2001 la cifra empezó un aumento preocupante hasta
llegar a 2005 en el cual 281 personas murieron por esta causa.
52
FUNDACIÓN SEGURIDAD Y DEMOCRACIA. Conflicto y Minas Antipersonales en
Colombia. En: Fundación Seguridad y Democracia
[Consulta: Septiembre, 2006]
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
52

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Ahora, los heridos son más: 481 en 2002 557 en 2003, 666 en
204, 822 en 2005 y en lo que va de 2006, 748 personas han
resultado heridas víctimas de minas antipersonal o artefactos
explosivos abandonados. Según el Observatorio de Minas de la
Vicepresidencia, cada sobreviviente de un accidente de este tipo,
le cuesta al Estado 250 millones de pesos, lo que significa que, por
cuenta de la guerra, el país ha perdido medio punto del PIB en la
rehabilitación de los heridos. 53
Colombia es el único país en América Latina y uno de los pocos en
el mundo en donde se siguen sembrando minas antipersonal. Se
sabe que la guerrilla del ELN es la responsable de más del 20% de
las minas que se sembraron en el país hasta el año 2000. De ahí
en adelante las FARC pasaron a encabezar la lista por el
debilitamiento militar en el que entró la guerrilla Guevarista. Los
paramilitares también han utilizado este tipo de arma, pero se
desconoce el porcentaje que ocupan en la siembra general de
minas en el país. De igual forma no se tiene un dato exacto de la
cantidad de minas plantadas. Ni siquiera las mismas guerrillas
poseen mapas o inventarios de las minas que han ido sembrando.
Se debe tener en cuenta además que las minas son móviles
debido a lluvias, inundaciones, movimientos telúricos, etc., y que
permanecen activas indefinidamente hasta que o bien sean
detectadas o accidentalmente detonadas.
Las minas antipersonales responden a la lógica del conflicto
colombiano basado en la conquista del control territorial por parte
de los grupos armados. Son de utilidad táctica en los combates
debido a que con ellas evitan los cercos de la fuerza pública y a su
vez impiden que el ejército entre en los territorios controlados por
ellas. Además este tipo de arma ilegal es fabricación artesanal y
no requiere de materiales costosos:
53
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Colombia presentó informe sobre minas
antipersonal En: Observatorio de Minas - Vicepresidencia de la República
[Consulta: Septiembre, 2006]
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
53

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“Un informe publicado por el Llamamiento de Ginebra, afirma
que el ELN utiliza por lo general minas artesanales. (.) El ELN
produce entre otros tipos las minas conocidas como
“quiebrapata y sombrero chino”. En el caso de las FARC, las
minas utilizadas por esta guerrilla están hechas de materiales
comunes (plástico, tarros y jeringas). Algunas de las minas
artesanales contienen pequeñas cantidades de metal, lo cual
dificulta su detección. Según las Fuerzas Armadas, las FARC
mezclan café con los explosivos, para así confundir a los
perros rastreadores”. 54
Ahora bien, el aumento de accidentes con minas antipersonal
durante el gobierno del presidente Uribe se puede explicar porque,
debido a la ofensiva ejecutada contra las guerrillas, principalmente
contra las FARC, éstas han recurrido al uso de las minas como
herramienta con la cual pueden eludir los combates con el ejército,
evitar la entrada a sus territorios y ocasionarles bajas y heridos sin
necesidad de llevar a cabo enfrentamientos.
Igualmente, cuando luego de cometer algún acto terrorista, el
ejército emprende sus operativos con el fin impedir la retirada y
combatir a los insurgentes responsables del acto, estos emplazan
minas antipersonales al momento de su huída y aseguran detener
el avance de las tropas del Estado. Los accidentes con minas
antipersonales sufridos por miembros del ejército en estos casos
desmoralizan e acobardan al Ejército y eso lo saben las guerrillas.
Las minas antipersonal son hoy para los grupos ilegales armados
la herramienta más eficaz para la contención de la ofensiva del
Estado.
LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
54
FUNDACIÓN SEGURIDAD Y DEMOCRACIA. Conflicto y Minas Antipersonales en
Colombia, p. 6
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
54

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La Política de Defensa y Seguridad Democrática ha integrado todos
los esfuerzos estatales en la lucha contra las drogas, añadiéndola
a la lucha contra las guerrillas y los paramilitares, debido a la
dinámica del conflicto colombiano ligada estrechamente al
narcotráfico.
Las acciones realizadas durante la primera administración de Uribe
Vélez se concentraron en la disminución de las áreas de cultivos
principalmente. El trabajo se hizo a través de la erradicación aérea
y manual. En total fueron asperjadas 564.296 hectáreas de coca y
9.573 hectáreas de amapola. En cuanto a la erradicación manual
se eliminaron 71.957 hectáreas, a través de la creación, en 2005,
de los Grupos Móviles de Erradicación Manual Forzosa encargados
de remover los cultivos en parques naturales y zonas con
ecosistemas ambientales estratégicos, como el Parque Nacional
Natural Sierra de la Macarena.
Ahora bien, estos Grupos Móviles de Erradicación, conformados
por campesinos y desmovilizados contratados por el Estado,
requieren de la protección de grandes contingentes militares,
debido a que se desplazan a zonas de alta vulnerabilidad. La
estrategia diseñada por el gobierno, es la de la vigilancia de la
policía en el lugar y el control en las áreas circundantes a través
de anillos de seguridad en tierra y de sobrevuleos realizado por el
Ejército. No obstante han muerto en este trabajo 12 erradicadores
y 26 miembros de la fuerza pública.
Con los trabajos de aspersión y de erradicación manual de los
cultivos, según cifras proporcionadas por el Ministerio de Defensa,
el área de cultivos ilícitos en Colombia logró ser reducida en un
15.7% desde el 2002. Sin embargo en el último año hubo un leve
aumento de cultivos del 17%.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
55

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Otra de las estrategias en la lucha contra las drogas ilícitas es la
destrucción de la infraestructura del procesamiento. Según el
Ministerio de Defensa, entre junio de 2002 y mayo de 2006 se
destruyeron 6.770 laboratorios de estupefacientes, 89.7% más
que en el periodo del presidente Andrés Pastrana Arango, y se
incautaron 6.5 millones de galones de insumos líquidos y 10
toneladas de insumos sólidos. 55 En cuanto al combate del
transporte y la distribución de las drogas, se incautaron entre
agosto de 2002 y octubre de 2006, 587.6 toneladas de cocaína y
se confiscaron 948 embarcaciones que transportaban la droga.
Es necesario precisar que la suerte del narcotráfico en el país se
juega en la continuidad de la aplicación del Plan Colombia. Frente
a la lucha contra el narcotráfico se debe señalar que su primera
administración Uribe ha aprobado 489 solicitudes de extradición,
de las cuales, se han realizado 431 entregas de colombianos y
55
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Plan de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario
Informe al Congreso, p. 39
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
56

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extranjeros acusados de tráfico internacional de cocaína y lavado
de activos, mientras que el presidente Pastrana sólo avaló 64 56 .
Justamente, en materia de participación internacional, la
administración de Álvaro Uribe ha suscrito diez nuevos convenios
de cooperación bilateral con Estados Unidos, España, Francia,
Reino Unido, Australia, Perú y Panamá, destinados, todos ellos, al
fortalecimiento de la Fuerza Pública y básicamente para la lucha
contra el terrorismo, el narcotráfico y sus delitos conexos.
LAS DESMOVILIZACIONES Y PROCESOS DE PAZ
Uno de los componentes importantes de la Política de Defensa y
Seguridad Democrática ha sido la estrategia de desmovilización y
reincorporación a la vida civil de los integrantes de la guerrilla y
los paramilitares. Durante el periodo agosto de 2002 octubre de
2004, se han desmovilizado de manera individual 19.968 personas
pertenecientes a grupos al margen de la ley. De esa cifra, el 52%
de los desmovilizados se reconocieron como integrantes de las
FARC, el 13% del ELN, 3% de grupos disidentes y el 32% de
grupos de paramilitares. Este último porcentaje no incluye a los
paramilitares desmovilizados de forma colectiva en el proceso de
reinserción que ejecutó el gobierno con las Autodefensas.
Justamente el proceso de negociación y desmovilización colectiva
con los grupos de Autodefensas, es quizás el asunto más complejo
que enfrenta la Política de Defensa y Seguridad Democrática de la
administración de Álvaro Uribe Vélez.
56
Del total de los extraditados por Uribe, 179 fueron entregados a la justicia de Estados
Unidos, siete a España, cuatro a Perú, cuatro a Italia, tres a Canadá, tres a la Argentina,
tres a Francia, uno a Panamá, uno a Brasil, uno a Bélgica, otra a Dinamarca y uno a
Venezuela, dice el comunicado. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Colombia batió
marcas en la lucha antidrogas. En: Presidencia de la República
[Consulta: May. 15 de 2006]
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
57

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Desde el inicio de su mandato el presidente Álvaro Uribe se
declaró en disposición de iniciar un proceso de paz con los
paramilitares siempre y cuando ellos hicieran un compromiso
efectivo de cesar sus hostilidades. La propuesta en realidad partió
de las AUC.
A mediados del mes de octubre de 2002, representantes del
Bloque Central Bolívar, del Bloque Vencedores de Arauca y del
Bloque Putumayo de las Autodefensas Campesinas de Colombia,
enviaron una carta al primer mandatario, a través de una
Comisión Episcopal 57 , manifestando su decisión de acogerse a la
iniciativa de paz del gobierno 58 . En diciembre del mismo año, las
Autodefensas Unidas de Colombia, el Bloque Central Bolívar y la
Alianza Oriente se comprometieron a decretar un cese de
hostilidades en cumplimiento de los requisitos exigidos por el
gobierno. En consecuencia, a través de la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, se constituyó una Comisión Exploratoria
de Paz que se encargaría de realizar los contactos y primeros
intercambios con los paramilitares firmantes de la carta.
El Alto Comisionado y la Comisión Exploratoria organizaron
entonces 4 mesas de diálogo paralelas, debido a la reserva los
grupos de autodefensa de sentarse unos con otros.
Una mesa fue para las Autodefensas Unidas de Colombia, dos para
el Bloque Central Bolívar y la Alianza Norte y una cuarta para las
Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. El Bloque Metro,
aunque perteneciente a las Autodefensas, explicitó públicamente
su decisión de no someterse ni apoyar el proceso de paz.
El primer contratiempo surgió el 23 de enero de 2003, cuando el
Bloque Elmer Cárdenas se retiró de la mesa que compartía con las
57
Esta comisión estuvo integrada por los obispos de Montería, Julio César Vidal, de
Apartadó Germán García y de la Diócesis de Sonsón-Rionegro Flavio Calle.
58
Ibíd., p. 1
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
58

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AUC, debido a que consideraba el proceso de paz .un suicidio
colectivo. 59 Esto llevó a los demás comandantes del más grande
grupo paramilitar a firmar un acta de compromiso para
mantenerse en el proceso, que se concretó en julio de 2003 con la
firma del Acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir a la paz de
Colombia. 60 Así mismo, siguiendo con las negociaciones en las
demás mesas de diálogo, el 8 de noviembre del mismo año, la
Oficina del Alto Comisionado logró la firma de un acta con el
Bloque Central Bolívar y con Vencedores de Arauca, en la cual se
comprometieron con la desmovilización total de sus hombres y la
entrega de armas. Por último, con las Autodefensas Campesinas
del Magdalena Medio, se concretó el compromiso de
desmovilización y reinserción, en diciembre de 2003.
Las siguientes tareas fueron la firma de un convenio de
acompañamiento al proceso entre la presidencia y la OEA, llamado
Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización
de Estados Americanos -MAPP/OEA- 61 y la firma del Acuerdo de
Fátima 62 con el cual se decidió establecer una Zona de Ubicación
Temporal, en Santa Fe de Ralito, (Tierralta, Córdoba) donde
59
ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ. Proceso de paz con las Autodefensas En: Alto
Comisionado para la Paz [Consulta: Agosto,
2006]
60
AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA. Acuerdo de Santa Fe de Ralito para
contribuir a la paz de Colombia. En: Alto Comisionado para la paz <
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/acuerdos/ acuerdos_t/jul_15_03.htm>
[Consulta: Septiembre, 2006]
61
ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ. Convenio entre el gobierno de la Republica de
Colombia y la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos para el
acompañamiento al proceso de paz en Colombia. En: Alto Comisionado para la paz
[Consulta: Septiembre, 2006]
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
59

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estarían emplazados los comandantes paramilitares y dónde se
establecería una única mesa de diálogo.
El proceso siguió su curso, no sin que se produjeran una serie de
obstáculos como la desaparición de Carlos Castaño en abril de
2004, quien hasta ese momento había sido el hombre público de
las autodefensas. Sin embargo, las conversaciones continuaron y
Salvatore Mancuso, Jefe militar de las Autodefensas, asumió el
liderazgo.
Igualmente, en mayo de 2005 la Fiscalía emitió una orden de
captura a Diego Fernando Murillo, Don Berna, comandante del
Bloque Cacique Nutibara, tras acusarlo de ser el autor intelectual
del asesinato de Orlando Benítez, diputado del departamento de
Córdoba. Esta situación suscitó que el jefe paramilitar se escapara
de Santa Fe de Ralito durante cuatro días, luego de los cuales se
entregó a las autoridades; en contraprestación la presidencia
decidió recluir al Don Berna en una finca en el norte del país.
No obstante, en octubre de 2005, el proceso se volvió a complicar
con el traslado de paramilitar a la cárcel de máxima seguridad de
Cómbita, Boyacá y esto fue interpretado por las AUC como una
intención del gobierno de extraditarlo, con lo cual suspendieron
temporalmente la agenda de desmovilizaciones, acusando al
gobierno de no cumplir con las garantías pactadas para ellos.
Finalmente el asunto fue resuelto con el traslado de Don Berna a
la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Antioquia.
En junio de 2005, fue aprobada por el congreso de la República la
Ley de Justicia, paz y reparación 63 , como marco jurídico, pensada
para el proceso de negociación con las autodefensas, pero que en
62
ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ. Acuerdo entre Gobierno Nacional y las
Autodefensas Unidas de Colombia para la zona de ubicación en Tierralta, Córdoba. En:
Alto Comisionado para la paz
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
60

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adelante acogerá a los grupos armados ilegales que quieran
desmovilizarse y reinsertarse en la vida civil.
Básicamente la Ley de Justicia, paz y reparación, contempla penas
entre 5 y 8 años para los autores de masacres, secuestros y
demás delitos cometidos por una persona en el momento de
pertenecer a un grupo armado ilegal, previa confesión - en
principio, libre y espontánea- y colaboración con la justicia. Si se
descubre falsedad o mala fe en la confesión, la pena podría
aumentar en un 20%.
La ley contempla además la posibilidad de que no se utilicen
cárceles como sitios de reclusión sino sitios diferentes, como fincas
de trabajo. Además acoge a los miembros de estos grupos que ya
estén recluidos, rebajándoles hasta en un 10% sus penas, siempre
y cuando estas no incluyan condenas por narcotráfico por actos de
lesa humanidad o por delitos sexuales.
Esta ley, fue aprobada por la Corte Constitucional en mayo de
2006, aunque el tribunal la condicionó a la confesión, no libre y
espontánea como se había estipulado inicialmente, sino entera de
todos los delitos y de todos los bienes adquiridos con las
actividades ilegales. Esta decisión desató una nueva crisis en el
proceso debido al anuncio de los paramilitares de volver a las
armas. Uribe llamó a los paramilitares a aceptar la decisión del
alto tribunal, la cual no podría ser manipulada bajo la presión.
Finalmente el proceso logró salvarse luego de una larga reunión
entre los comandantes paramilitares, el representante de la
Comisión Nacional de Conciliación, representantes de Episcopado
colombiano y miembros del gobierno.
63
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ley de justicia y paz. En: Oficina Alto Comisionado
para la Paz.
[Consulta: Septiembre, 2006]
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
61

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La Ley de justicia y paz, dividió también al país entre quienes
rechazan penas tan leves para aquellos considerados los
responsables de las peores masacres ejecutadas en el país, y
entre quienes de forma pragmática, la defienden como camino
para darle fin al paramilitarismo en Colombia. El asunto ha sido o
primar la justicia o primar la política. Se teme la impunidad que la
Ley pueda generar, que con ella se beneficien además
narcotraficantes filtrados en el proceso y que los paramilitares,
debido a su alto poder, adecuen sus sitios de reclusión con confort
y desde allí sigan manejando sus negocios ilícitos, parecido a lo
sucedido con Pablo Escobar y la cárcel de la Catedral.
Finalmente en agosto de 2006 se completaron las
desmovilizaciones pactadas entre el gobierno y las Autodefensas.
En total se desmovilizaron 31.670 combatientes, se entregaron al
Estado 18.025 armas, 13.117 granadas y 2.716.401 municiones.
Es necesario anotar que las llamadas Autodefensas Campesinas
del Casanare y el Frente Cacique Pipintá son dos grupos
paramilitares que, con el Bloque Metro decidieron no entrar en el
proceso de negociación.
Ahora bien, el desarrollo de un proceso de negociación con las
Autodefensas ha sido un punto de ruptura en la historia de las
negociaciones políticas en Colombia. Si bien siempre ha sido
aceptada la negociación con los grupos de guerrilla, con los
paramilitares ni siquiera se había tomado en cuenta.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
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Estas desmovilizaciones grupales, no obstante ser un avance en la
pacificación, ha generado una serie de dudas frente a la capacidad
del Estado para garantizar la seguridad de los reinsertados y
frente al apoyo que se les pueda brindar para reanudar una vida
civil activa. Además, está por comprobarse qué tan auténtico fue
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
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su desarme y cómo el Estado llenará el vacío estratégico dejado
por los desmovilizados en sus zonas de operación para evitar la
aparición de milicias de la insurgencia o la formación de nuevos
grupos de contrainsurgencia ilegal. Un hecho meritorio en las
desmovilizaciones paramilitares, es la entrega de 118 menores
que participaban en las filas de la organización a representantes
del ICBF, UNICEF y a la oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Estos menores se encuentran bajo la protección del Estado 64 .
Pese a la limitada dimensión de las negociaciones, circunscrita a
temas de orden político y jurídico para integración de los
contrainsurgentes a la vida legal, varias trabas en el proceso
enfrenta el Estado. La primera de ellas es que, pese a que la
mayor parte de las federaciones de las Autodefensas asumieron el
proceso de paz, otros grupos regionales han mostrado su
reticencia y pueden comenzar a formar un nuevo grupo de
Autodefensa permanente. El Bloque Metro, por ejemplo tiene la
capacidad militar y financiera para auto-reproducirse y reorganizar
una nueva fuerza contrainsurgente en el país, reclutando además
algún numero de paramilitares que formen parte de las
federaciones que se encuentran en el proceso.
Ahora, el Estado puede perfectamente iniciar una campaña de
contención contra este tipo de agrupaciones reservadas y deberá
hacerlo. El principio de la negociación no excluye, por el contrario
exige, una mayor confrontación militar del Estado. La consonancia
con el análisis está en la tesis que el proceso de paz con las
autodefensas no significa el fin definitivo de este tipo de
organizaciones criminales.
El segundo obstáculo del proceso de paz está en el desierto
estratégico que dejaron las desmovilizaciones. Por ejemplo, la
disolución de los grupos paramilitares que estuvieron ubicados en
el Nudo del Paramillo de la Cordillera Occidental, entre Córdoba y
64
Ibíd., p. 1
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
64

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Antioquia, ha permitido el relevantamiento de las FARC en la zona
y la eliminación de una de las barreras más importantes
construidas por las tácticas contrainsurgentes. En efecto, en
noviembre de 2006, las FARC acometieron con un cilindro de gas
contra una estación de carabineros en Montelíbano, Córdoba, zona
dominada por los paramilitares por más de dos décadas. Para el
Ejército no será nada fácil el control de una zona bastante extensa
y accidentada geográficamente. Al respecto el profesor Román
Ortiz Marina afirma:
Desde luego, estos riesgos podrían conjurarse si la Fuerza Pública
colombiana logra estar presente en las zonas abandonadas por los
paramilitares evitando la infiltración de las FARC y garantizando la
seguridad de los empresarios agrícolas y ganaderos. El problema
es que esta alternativa implica desplegar un volumen sustancial de
efectivos policiales y militares en las antiguas zonas bajo control
de las autodefensas ilegales. Una difícil ampliación de los
compromisos de seguridad del Estado cuando policía y fuerzas
armadas ya están sobrecargadas por la necesidad de desempeñar
una larga lista de misiones defensivas que incluyen desde la
vigilancia de las ciudades hasta la protección de la infraestructura
económica. 65
Por otra parte habrá que ver lo que sucederá con la aplicación de
la Ley de justicia, paz y reparación con una organización juzgada
de cometer actos criminales con una carga importante de sevicia.
La responsabilidad del Estado es grande, pues sería terrible para
su legitimidad permitir que, además de los beneficios que la
misma ley proporciona, los paramilitares por su cuenta consigan
otro tanto y de paso, no abandonen efectiva y definitivamente
todas sus acciones delictivas. Ese es el gran reto. Así fuese por tan
sólo 5 años, la sociedad debe observar cómo durante este corto
65
ORTIZ MARINA, Román. Los interrogantes de la campaña contrainsurgente en
Colombia. En: Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos <
http://www.real institutoelcano.org> [Consulta: 13 de may. 2006]
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
65

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tiempo de reclusión, comandantes, subcomandantes y de más
miembros peligrosos de las autodefensas, sufrieron los rigores de
la ausencia de libertad.
Ahora, si en el ámbito nacional esta situación es difícil de zanjar,
lo es más en el ámbito internacional. Las AUC hacen parte de las
listas de grupos terroristas en Estados Unidos y en la Unión
Europea y son acusadas por las Naciones Unidas de ser las
catalizadoras de la agudización del conflicto armado colombiano.
Además están rotuladas de narcotraficantes. Justamente, el
gobierno de Washington mantiene la petición de extradición de la
cúpula paramilitar. El Estado deberá asegurarse de manera
efectiva que las cabecillas de las autodefensas no vuelvan a
cometer delitos relacionados con el narcotráfico y si lo hiciesen
autorizar inmediatamente las extradiciones.
Parece evidente en todo caso, que la suerte de las autodefensas
como organización está echada, más que por el proceso de paz
por las vendettas internas que sufren sus miembros y que
terminará en una autodestrucción más o menos indolora a causa
de su peligroso encajamiento en el mundo del tráfico de drogas.
Incluso hay quienes piensan que el afán paramilitar por el proceso
de paz es justamente ese. En efecto, a finales de agosto de 2006,
se conoció que Vicente Castaño, El Profe, jefe paramilitar de las
AUC, había encargado el asesinato de su hermano Carlos Castaño,
porque el excomandante de las AUC estaba asumiendo posiciones
en contra de la infiltración del narcotráfico en el paramilitarismo,
peligrosas para muchos miembros del grupo ilegal 66 .
También hay quienes especulan que el afán del Estado por realizar
dicho proceso de paz es su intención de evitar que estos grupos
contrainsurgentes terminen uniéndose a las filas de sus enemigos
66
SEMANA. La maldición de Caín. Qué llevó a Vicente Castaño a matar a su hermano
Carlos. En: Semana, Edición N° 1.269, agosto - septiembre de 2006, p. 24.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
66

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mayores .las FARC- a través de vínculos venidos del tráfico de las
drogas ilícitas.
Cualquier análisis del proceso de negociación con las Autodefensas
debe partir, a nuestro juicio, de un razonamiento básico: el poder
que alcanzaron estos grupos de contrainsurgencia en el país, lo
cual hace vulnerable al Estado en el proceso. No digo con esto que
el Estado sea más débil que las Autodefensas pero éstas no están
lo suficientemente debilitadas para aceptar sin ofrecer resistencia,
las condiciones que trata de establecer el Estado.
Ahora bien, quizás el verdadero valor de este proceso de
negociación es que por medio de él se logre descubrir el alcance
de la penetración que las Autodefensas tienen en la sociedad
colombiana. Según la Fundación Seguridad y Democracia, los
paramilitares alcanzaron a hacer presencia en 712 de los 1098
municipios de Colombia y en ellos penetraron en las estructuras
económicas, en la administración pública y en la Fuerza Pública
desplegada en la localidad. A continuación cito parte del análisis
de la Fundación realizado en el documento La magnitud de la
verdad del paramilitarismo, con el cual nos podemos hacer una
idea del alcance de la penetración de estos grupos de
contrainsurgencia en el territorio colombiano:
“Si se toman, por ejemplo, los dos últimos períodos de las
alcaldías municipales que comprendió la fase fuerte de
expansión del paramilitarismo entre 1996 y 2004, puede
deducirse que al menos 480 alcaldes del país tuvieron
vínculos estrechos con las autodefensas. Si de manera
conservadora se asume que en cada uno de estos municipios
no menos de cinco concejales mantenían relaciones con los
paramilitares, se obtiene que 1.200 concejales muy
probablemente tendrían que revelar esa verdad al país. En el
mismo orden de ideas, si se asume que en cada municipio
existían al menos 5 empresarios que los promovieron,
significa que 1.200 empresarios o propietarios de activos
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
67

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deberán salir a la luz pública por relaciones con paramilitares.
Y si se proyecta que en la mitad de esos municipios existía al
menos un oficial de la Policía relacionado con estos grupos
ilegales se tiene una cifra de alrededor de 120 oficiales de la
Policía Nacional involucrados con los paramilitares. Si se le
agregan dos suboficiales por cada oficial se obtiene 240
suboficiales involucrados. Un cálculo similar de acuerdo con
el despliegue territorial de las Fuerzas Militares sugeriría que
al menos 60 oficiales y 120 suboficiales de las Fuerzas
Militares habrían tenido relaciones dudosas con el
paramilitarismo en Colombia” 67 .
Y es que el paramilitarismo no fue simplemente un proyecto
militar contrainsurgente, sino un proyecto de Estado local. Desde
los años noventa los paramilitares construyeron una gran
estructura militar y política en cerca del 70% del territorio
colombiano, controlando pequeñas y medianas localidades e
incluso no menos preciables zonas de las grandes ciudades, como
el caso del Bloque Cacique Nutibara que llegó a controlar un buen
número de barrios marginados de Medellín. En las zonas
controladas por los paramilitares estos se impusieron como el eje
del orden social, económico y político.
Si bien el proceso de negociación con las Autodefensas esta
condicionado por el poder que estos grupos ilegales tienen, el
verdadero éxito para el Estado puede hallarse en la presión militar
y de justicia que emprenda. Con la cúpula paramilitar el Estado
tendrá que continuar la puja, presionando y cediendo
estratégicamente. Pero, a través de todo su aparato coactivo, el
Estado deberá retomar el control efectivo de todo el territorio
dominado por los contrainsurgentes y, a través de procedimientos
legales, recuperar la legitimidad como única institución de
67
FUNDACIÓN SEGURIDAD Y DEMOCRACIA. La magnitud de la verdad del
paramilitarismo. En: Fundación Seguridad y Democracia
[Consulta: Noviembre, 2006]
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
68

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gobierno. Es, a mi juicio, la única ventaja que se podría sacar de
este proceso de negociación.
En cuanto a los acercamientos con las FARC, estos han estado
limitados a la búsqueda de las condiciones para realizar un
acuerdo humanitario que permita la liberación de las personas
secuestradas por este grupo guerrillero. Al comienzo de su
gobierno, Uribe había supeditado la realización de un intercambio
humanitario al inicio de conversaciones de paz, las cuales deberían
estar sujetas a un cese de las acciones violentas por parte de la
guerrilla. Estas condiciones entonces, no permitían que se abriera
alguna posibilidad para la liberación de secuestrados.
Sin embargo, iniciado su gobierno, y luego de una reunió
sostenida con el Secretario General de las Naciones Unidas y con
representantes del gobierno francés, Uribe Vélez tomó la decisión
de no condicionar el acuerdo humanitario a la realización de un
proceso de paz. En este nuevo contexto, no obstante, se
establecieron unos criterios mínimos para la ejecución del acuerdo
humanitario: primero, no se desmilitarizaría ninguna zona del
país; segundo, los guerrilleros deberían entregar a todos los
secuestrados; tercero, los guerrilleros que saldrían de las cárceles
no podrían reingresar a las filas guerrilleras y por tanto serían
acogidos por un país amigo, como Francia, dispuesto a hacerlo; y
cuarto, el intercambio debería tener el acompañamiento de las
Naciones Unidas.
No obstante estas condiciones no fueron aceptadas por las FARC,
quienes solicitaban tanto el despeje militar como la
reincorporación de los civiles a sus filas. Entonces, las presiones
de los familiares de los secuestrados y de la comunidad
internacional hicieron que la administración de Uribe fuera
cediendo poco a poco con miras a conseguir el acuerdo. En agosto
de 2005, por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz,
anunció que la presidencia había aceptado la propuesta de algunos
familiares de convertir la vereda Aures, del municipio de
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
69

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Calcedonia, Valle, en el lugar de encuentro para adelantar unas
primeras conversaciones con las FARC, con miras al acuerdo. No
obstante no habría desmilitarización pero el Estado se
comprometería con la seguridad de los guerrilleros representantes
en el diálogo. Las FARC rechazaron la propuesta.
Pocos días después, el gobierno anunció una nueva propuesta:
una reunión entre voceros de las FARC y representantes del
gobierno en una escuela del corregimiento Bolo Azul, en el
municipio de la Pradera, Valle del Cauca. Allí por espacio de 10
días ser realizarían conversaciones para llegar a un acuerdo
humanitario. El sitio no sería desmilitarizado pero habría una
comisión de verificación de la seguridad, tanto para el Estado
como para las guerrillas compuesta por garantes nacionales e
internacionales.
En aras de esta propuesta, España, Francia y Suiza, desarrollaron,
en el departamento de Valle del Cauca, una misión técnica
exploratoria de la cual salió una propuesta para el gobierno,
Sistema de Seguridad para un Encuentro Humanitario en la
Cordillera Central 68 con el cual se crearía un sistema de seguridad
en el área rural de los municipios de la Pradera y Florida y en el
municipio de Retiro se llevaría el encuentro. El gobierno aceptó la
propuesta de la comunidad internacional, pero nuevamente, las
guerrillas de las FARC la rechazaron.
Finalmente, en enero de 2006 el gobierno tomó nuevamente la
iniciativa de diálogo de un acuerdo humanitario, pero las FARC
rechazaron esta propuesta por considerarla una estrategia más de
Uribe para su rédito electoral.
68
ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ. Sistema de Seguridad para un Encuentro
Humanitario en la Cordillera Central. En: Oficina del Alto Comisionado para la Paz <
http://www.altocomisionadoparalapaz. gov.
co/noticias/2005/diciembre/documentos/13122005.pdf> [Consulta: Octubre, 2006]
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
70

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El camino a un acuerdo humanitario con las FARC sigue estando
obstruido por la decidida intención de las FARC de sacar el mayor
provecho de él, a través, sobre todo, de la reincorporación de
hombres a sus filas, una de las necesidades apremiantes para la
guerrilla en estos momentos en los cuales, debido a la campaña
militar en su contra, ha sido difícil para ellos, desarrollar tareas de
reclutamientos.
En cuanto al ELN, el gobierno de Uribe Vélez, desarrollo durante su
primer mandato una serie de acercamientos y fases exploratorias
para la realización de un proceso de paz con este grupo
guerrillero, proceso que empezaría con la celebración de un
acuerdo humanitario y luego el desarrollo de una convención
nacional, en la cual entre el ELN, el gobierno, miembros de la
sociedad civil y representantes internacionales se desarrollen los
debates necesarios para la desmovilización y reinserción a la vida
civil de los guerrilleros.
Como se sabe, el ELN es una guerrilla que en las últimas dos
décadas ha perdido gran parte de su capacidad militar, debido
principalmente al combate con las autodefensas. Desde el
gobierno del presidente Ernesto Samper, las mismas guerrillas han
intentado establecer diferentes procesos de negociación para
salvarse de la proceso de extinción en que se encuentran. Pero el
COCE sigue poniendo trabas al desarrollo de cualquier proceso.
Quizás el Estado pueda sacar provecho de una negociación con
este grupo guerrillero si éste se compromete con la liberación de
los secuestrados y con el proceso de desminado de las zonas
donde han ejercido influencia. De lo contrario, será más fácil para
el Estado, simplemente combatirlas y tratar de reducirlas
militarmente, debido a que en el plano negociador, el COCE,
conserva la esperanza de conseguir un poder político que sustituya
el poder militar perdido.
LAS CAPTURAS
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
71

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Otro de los análisis que debe hacerse a la efectividad de la política
de Defensa y Seguridad Democrática es el referente a las capturas
hechas por el Estado a miembros de las organizaciones criminales,
insurgentes y contrainsurgentes. Según datos generales del
Ministerio de Defensa Nacional 69 entre agosto de 2002 y octubre
de 2006 se capturaron 24.573 guerrilleros y 12.702 paramilitares.
Así mismo fueron abatidos 8.273 subversivos y 1.441
paramilitares.
Ahora, los mayores éxitos en el tema de las capturas están en la
calidad de los personajes que ha pasado a las manos de la justicia
colombiana. El principal, Ricardo Ovidio Palmera, alias Simón
Trinidad, uno de los máximos líderes de las FARC quien incluso
participo como representante de la organización en el fallido
proceso de paz con el presidente Pastrana. Simón Trinidad fue
capturado en enero de 2004 gracias a una operación de
inteligencia realizada conjuntamente entre la Policía Nacional, el
Ejército, el gobierno norteamericano y el de Ecuador, ya que el
comandante se encontraba en ese país, al parecer, desde seis
meses antes. El primero de enero de 2005, Trinidad fue
extraditado a los Estados Unidos quien lo reclamaba por sus
actividades como narcotraficante y por el secuestro de tres
ciudadanos norteamericanos.
Pero ha habido más capturas: Jorge Eliécer Jiménez Martínez, alias
Jerónimo Aljure comandante del frente 56 de las FARC, Gilberto
Ríos Mendoza, ideólogo del Bloque Magdalena Medio, Nayibe Rojas
Valderrama, alias Sonia, jefe de las finanzas del Bloque Sur, Jesús
Góngora Castaño, uno de los comandantes del frente 37 de las
FARC, entre otros.
Además de capturas como éstas, el Ejército colombiano, en
particular su Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) han logrado
69
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Logros y retos de la Política de Defensa y
Seguridad Democrática , p. 12
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
72

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abatir buena parte de los efectivos del Comando Central de las
FARC. Esta hueste colombiana ha dado muerte a hombres de una
importancia capital para la agrupación subversiva como Marco
Aurelio Buendía, máximo responsable del Comando Central de las
FARC, Javier Gutiérrez, comandante del Frente Esteban Ramírez,
Luis Alexis Castellanos, comandante de la columna móvil Manuela
Beltrán y Janer Godoy Uribe, comandante del Frente Reinaldo
Cuellar, que a la muerte de Buendía pasó como líder del Comando
Central, al respecto Román Ortiz afirma:
“No se puede minusvalorar la importancia estratégica de
estos éxitos militares. Los mandos insurgentes abatidos y
otros que optaron por la rendición son difícilmente
reemplazables por las FARC, que padecen de una escasez
crónica de cuadros. En este sentido, se trata de un drenaje
de militares con una sólida formación política y una dilatada
experiencia militar que golpea duramente a la
organización.” 70
Todo el abanico de estrategias comprendidas en la política de
Defensa y Seguridad Democrática, sin duda alguna ha resultado
eficiente en sus resultados. No obstante, con la implementación de
la reforma militar iniciada por el gobierno de Pastrana, con la
ejecución del Plan Colombia y con la continuidad dada a la
transformación militar en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el
marco de su Política de Defensa y Seguridad Democrática, la
mayoría de los analistas del conflicto colombiano vienen
sosteniendo que la situación de seguridad en el país esta siendo
retomada por el Estado y que los grupos armados ilegales,
particularmente las FARC están sufriendo un serio revés táctico y
estratégico.
UN BALANCE DEL CONFLICTO
70
ORTIZ, Román. Los interrogantes de la campaña contrainsurgente en Colombia. Op. Cit.,
p. 1
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
73

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La Política de Defensa y Seguridad Democrática así como está
planteada pero convertida en política de Estado, puede ser la
bitácora que a mediano plazo ponga fin a la crisis de seguridad del
Estado colombiano, con o sin Álvaro Uribe a la cabeza. Incluso
podría ser efectiva en el momento de solucionar los problemas del
posconflicto referentes al aumento de la delincuencia común que
por lo general suscita la desintegración de las organizaciones
armadas criminales.
A estas alturas del conflicto, la crisis de seguridad tiene hoy sólo
dos vertientes por resolver: las Autodefensas Unidas de Colombia
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El
Ejército de Liberación Nacional, ELN está replegado, tiene muy
poca capacidad para defenderse de la fuerza pública colombiana,
mucho menos para tomar la iniciativa en el combate. Este grupo
guerrillero, parece estar adherido a una opción de negociación, su
famosa Convención Nacional, con la cual quieren sacar ventaja
tanto en lo político como en lo militar, pero que a lo sumo sólo les
servirá para lo que les debe servir: su reincorporación sin
exigencias a la vida civil. Mientras tanto, buena parte de su pie de
fuerza ha pasado a las filas de las FARC.
Uno de los asuntos más debatidos es en torno al repliegue,
estratégico o no de las FARC. Nuestra posición es que aunque este
grupo guerrillero no ha perdido considerablemente su poder
militar, su repliegue no es estratégico. Ha estado obligado por las
ofensivas de las fuerzas militares. Y nuestra posición se apoya en
un solo hecho: la supuesta reaparición que las FARC irían a hacer
antes de las elecciones de congreso y presidente de 2006.
Todas las cifras estudiadas que reflejan el comportamiento del
conflicto en los cuatro años del gobierno de Uribe Vélez, reflejan
un comportamiento claramente descendente. No aumentaron ni
los secuestros, ni los homicidios, ni los atentados terroristas contra
poblaciones o contra la infraestructura económica. Las FARC por
primera vez en varios años no lograron incidir considerablemente
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
74

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en las elecciones nacionales. Ni siquiera a través de las presiones
que tratan de ejercer sobre las familias de los secuestrados. Ha
sido el proceder de las FARC, influir por medio de atentados
terroristas las elecciones de cada cuatro años. Y esta vez no
lograron influir en la votación favorable a uno de los presidentes
por quien sienten la mayor animadversión. Si hubieran estado
replegadas estratégicamente habrían atacado con espectacularidad
al menos en el primer semestre de 2006, pero no consiguieron
hacerlo. No existe repliegue estratégico. Aún tienen capacidad de
combate, aún tienen poder militar, pero han perdido movilidad,
están acorraladas y evitan los combates con el Ejército.
No obstante, el eslabón débil de la Política de Defensa y Seguridad
Democrática de Álvaro Uribe Vélez, el cual está siendo
aprovechado decididamente por las FARC es el de las fronteras. El
ejecutivo no ha logrado comprometer con mucha más firmeza a
los gobiernos de Venezuela y Ecuador principalmente en la
vigilancia de las zonas compartidas e incluso ha habido algunos
altercados en las relaciones entre Ecuador y Colombia debido a las
operaciones contrainsurgentes realizadas por las Fuerzas Militares.
Según un estudio de International Crisis Group, las FARC
trasgreden las fronteras nacionales para escapar de operativos
militares, para descansar o reabastecerse e incluso para tratar de
recoger fondos a través de extorsiones a venezolanos y
ecuatorianos acaudalados. 71
No obstante, el problema de las fronteras no afecta únicamente el
combate de las FARC. También están la frontera con Panamá y el
control de las aguas territoriales, en las cuales autodefensas y
narcotraficantes emprenden sus labores de exportación de cultivos
ilícitos.
71
INTERNATIONAL CRISIS GROUP. Las fronteras de Colombia: el eslabón débil de la
política de seguridad de Uribe. En: Informe sobre América Latina N°9, sep. 2004.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
75

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En todo caso, el problema de las fronteras puede entenderse
dentro del asunto del control territorial. Como hemos estudiado,
aún insuficiente a pesar del esfuerzo realizado por las fuerzas
armadas. El asunto es que la recuperación y consolidación del
territorio es un asunto de tiempo. No se logra con el impacto
momentáneo sobre zonas dominadas por las guerrillas, se requiere
de un copamiento y permanencia de las fuerzas militares y de
policía durante varios años, quizás hasta que haya certeza de que
esos territorios no serán retomados por los grupos ilegales o
apropiados por otros.
Más allá de todas las fallas que se le puedan encontrar a la Política
de Defensa y Seguridad Democrática de Uribe Vélez es necesario
resaltar tres aciertos importantes. El primero de ellos es el cambio
de concepción con el cual se había asumido el conflicto colombiano
durante casi toda su historia: una confrontación armada generada
por la exclusión social y política.
Incluso, desde la década de los ochenta, el Instituto de Estudios
Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional
de Colombia fijó la noción de las causas objetivas de la guerra,
entendidas como la pobreza, la desigualdad, la carencia de
oportunidades económicas y culturales, y sobre todo la carente
legitimidad del Estado colombiano, noción ésta que pasó sustentar
el diseño de las políticas de seguridad de los gobiernos de Bogotá,
desde Belisario Betancur hasta, por supuesto, Andrés Pastrana.
Durante casi 20 años se pensó que la lucha de los grupos ilegales
armados se debía a un Estado excluyente, corrupto e incluso
ilegitimo por no cumplir sus funciones básicas. La llegada de la
Política de Defensa y Seguridad Democrática de Uribe Vélez
representa una ruptura en esa concepción intelectual sobre las
causas objetivas de la guerra. La contra-teoría asume que el
Estado colombiano es legítimo, democrático y tiene derecho a
defenderse. Así lo expresa el profesor Román Ortiz Marina de la
Universidad de los Andes:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
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“Para el nuevo presidente [A. Uribe Vélez] y el grupo de asesores
que ha formulado la nueva política de seguridad, la legitimidad
republicana está fundamentada en su carácter democrático y no
existe razón para negociar la refundación del Estado con unos
grupos armados claramente minoritarios. Por el contrario, la
primera necesidad es defender el orden institucional legítimo
contra una agresión de naturaleza totalitaria y criminal” 72 .
Sumado a esto, con el fracaso del proceso de paz de Pastrana, en
la población colombiana perdió peso el juicio sobre la conexión
entre pobreza y violencia: la pobreza facilita la violencia pero no
necesariamente la engendra. En general se trató de una reforma
esencial en la concepción de la naturaleza del estado colombiano:
un estado legítimo, que debe fortalecer sus instituciones pero no
reconstruirse, que debe asumir como principalísima función
proveer de seguridad a sus ciudadanos y que por lo tanto tiene
derecho a la defensa.
El segundo gran acierto de la Política de Defensa y Seguridad
Democrática es justamente su carácter democrático. Una política
de seguridad instituida sin romper ni contradecir las leyes de la
democracia, distinto de lo que sucedió en otros Estados
latinoamericanos, los cuales recurrieron a las dictaduras para
contrarrestar los desórdenes sociales que ocasionaron grupos
revolucionarios.
Cabe resaltar el interés del Ejecutivo por recordarle a la opinión
pública nacional e internacional, el carácter legítimo del Estado
colombiano, el cual se ha convertido además en respaldo
ciudadano a la Fuerza Pública y al despliegue de sus operaciones
ofensivas:
“Sin duda, la principal ventaja encontrada por las autoridades de
Bogotá a la hora de confrontar a la insurgencia desde un Estado
72
Ibíd., p. 1
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
77

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democrático ha sido la solidez de su legitimidad política, que les ha
permitido conquistar paulatinamente el respaldo de la opinión
pública nacional e internacional y una creciente solidaridad
internacional. De hecho, Colombia sólo pudo acceder a este capital
de respaldo políticos a medida que la competición electoral de la
república se hizo más abierta y los estándares de respeto a los
derechos humanos de las fuerzas armadas mejoraron” 73 .
En esa misma defensa se han situado las posiciones del
investigador Deas, quien en varios foros internacionales sobre el
conflicto colombiano ha respaldado el carácter democrático de
Colombia:
“Colombia es una democracia, sí; pero no es perfecta. Destaco
que tiene las características de una democracia, apertura de los
medios de comunicación, control político en un sistema
presidencial, elecciones populares y periódicas, y eso debe
valorarse y tenerse en cuenta (...) La guerrilla de las FARC en
ningún caso son demócratas y no tienen doctrina democrática por
lo que Colombia puede defenderse por sí misma con el simple
ejercicio de la ley” 74 .
Lo cierto es que el recorrido histórico del país como república,
muestra una mayor tendencia a la resistencia de sus ciudadanos y
de la clase dirigente del Estado a aceptar las restricciones sobre
las libertades ciudadanas, por el temor de abrir la puerta a un
régimen autoritario. La Política de Defensa y Seguridad
Democrática en sus primeros cuatro años de aplicación no se ha
convertido en una política restrictiva para los ciudadanos comunes.
73
ORTIZ, Román. El Estado colombiano frente a las FARC. En: (VARIOS AUTORES)
Terrorismo y Seguridad Bogotá: Editorial Planeta - Semana, 2003, p. 173
74
DEAS, Malcolm. Europa debe comprender la complejidad de Colombia. Discurso
pronunciado por el catedrático en el Foro de Berlín. p. 1
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
78

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Todo lo contrario. La sensación de seguridad que ha crecido en el
país ha permitido mayor movilidad y apertura en la sociedad
colombiana 75 . El último gran acierto de la Política de Defensa y
Seguridad Democrática es que ha coordinado en una sola
estrategia todos los esfuerzos estatales en materia de seguridad
como la lucha contrainsurgente, la lucha antinarcóticos, el
contraterrorismo, la lucha antiparamilitar y los procesos de
desmovilización. Ha buscado además el mejoramiento institucional
de las Fuerzas Militares, que va desde la profesionalización de los
hombres del ejército y de la infantería marina, el mejoramiento de
los procesos de selección y reclutamiento, la elaboración de
manuales únicos de funciones, la modernización de la Escuela
Superior de Guerra, el Mejoramiento del Sistema de Sanidad
Militar 76 hasta el desarrollo de una nueva cultura corporativa en la
institución castrense.
Justamente estos asuntos referentes a la modernización de la
fuerza pública serán estudiados en el capítulo siguiente. Sólo nos
queda por decir que además de la recuperación y control efectivo
del territorio, es necesario, para la solución de la crisis de
seguridad en Colombia, que las políticas de seguridad pasen a ser
políticas de Estado.
En efecto: estado, entendido dentro de su concepción moderna,
pese a que en la mayoría de sus casos está sujeto a la alternancia
del poder, debe poseer cuatro tareas institucionalizadas 77 , que no
75
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; MINISTERIO DE DEFENSA. Fuerzas Militares de
cara al siglo XXI. En: Ministerio de Defensa [en línea]
http://mindefensa.gov.co/publicaciones/fuerzas _públicas_s_xxi.pdf [consulta: 25 de oct.
2004]
76
FUNDACIÓN SEGURIDAD Y DEMOCRACIA. Fuerzas militares para la guerra. Op. Cit.,
p. 41
77
FUNDACIÓN SEGURIDAD Y DEMOCRACIA. Op. Cit.,p. 43
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
79

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dependan de las medidas de los gobiernos de turno: control
territorial, monopolio de las armas, institucionalización de la vida
de los ciudadanos y establecimiento de un cuerpo de leyes que
regule las relaciones entre el estado y los ciudadanos. Las tres
primeras tareas hacen parte de las políticas de seguridad de un
estado; en consecuencia, es necesario concebir la seguridad como
un asunto del estado y no de gobierno o del tiempo constitucional
de un presidente.
4. LA REFORMA MILITAR
Se hace pertinente ahora detenerse en el análisis de los alcances
de la reforma militar emprendida por el Estado en los últimos 6
años. Entre los años 2001 y 2006, las Fuerzas Militares
colombianas han avanzado en su transformación militar, llegando
incluso a considerarse dicha transformación en una verdadera
revolución militar, quizá la única en la historia de Colombia, que
incluye cambios de fondo en el ámbito institucional, nuevas
tecnologías y una nueva doctrina que permite desarrollar un
verdadero diferencial de capacidades. La doctrina de Fuerzas
Armadas de Colombia pasó de asumir una actitud pasiva,
defensiva y estática, a una posición ofensiva, de alerta y
dinámica 78 .
El primer gran cambio de esta reforma militar es el mejoramiento
de las tácticas de guerra a través de la movilidad aérea, condición
imperante para conseguir ventajas sobre el enemigo en el espacio
geográfico colombiano. Ahora, buena parte de la movilidad se
obtiene del apoyó bélico aéreo. De acuerdo con esto las cuatro
misiones fundamentales que desarrolla la Fuerza Aérea, según la
Fundación Seguridad y Democracia son:
78
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; MINISTERIO DE DEFENSA. Fuerzas Militares de
cara al siglo XXI. p.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
80

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i) El control del espacio aéreo, es decir, garantizar la
soberanía y el respeto de la Constitución y la ley en los
aires;
ii) Aplicar la fuerza, lo cual implica utilizar las capacidades
inherentes al poder aéreo militar en desarrollo de las
operaciones militares como pueden ser los bombardeos a
blancos en tierra o los combates aire-aire;
iii) Multiplicar la fuerza, lo que significa aumentar la
capacidad militar terrestre o marítima a través del uso de
aeronaves, por ejemplo con el apoyo de fuego a las
tropas terrestres; y, finalmente,
iv)
Apoyar la fuerza, la cual incluye el abastecimiento
logístico necesario para adelantar operaciones
prolongadas. 79
Las dos últimas misiones son claves en el desarrollo del
enfrentamiento del Estado con los grupos armados,
fundamentalmente con las FARC y en buena medida con los
grupos de paramilitares. Es necesario aclarar que la movilidad
aérea es básicamente un apoyo a las tácticas de infantería, bien
en operaciones defensivas o bien en operaciones defensivas. Para
las primeras, la movilidad aérea representa suministro de
refuerzos humanos y armamentísticos. Para las segundas, la
Fuerza Aérea es fundamental en la primera etapa de la ofensiva,
con la cual se logra, a través de bombardeos aire-tierra, conseguir
impotencia en el enemigo, de manera que su coaptación efectiva
sea lograda después por la infantería, que debe ser respaldada por
la Fuerza Aérea pero ya en calidad de abastecedora. La Fuerza
Aérea abre el camino y la infantería recupera el territorio.
79
FUNDACIÓN SEGURIDAD Y DEMOCRACIA. Fuerzas Militares para la Guerra. La
agenda pendiente de la reforma militar. Bogota: Editorial Fundación Seguridad y
Democracia, 2003. p. 49
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
81

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En la reforma militar estudiada, la capacidad táctica aérea de las
Fuerzas Militares colombianas creció considerablemente. Según el
Ministerio de Defensa, durante los cuatro años de gobierno de
Uribe el Estado adquirió 25 nuevos aviones Súper Tucano, 12
helicópteros de instrucción Bell 206 Ranger y 8 helicópteros Black
Hawk 80 Recuérdese en todo caso que esta reforma militar se inició
durante el gobierno de Pastrana. De este periodo es rescatable el
aumento del número de aviones AC-47 81 , o aviones fantasmas 82
que cuentan con sofisticados sistemas de navegación, censores
infrarrojos y ametralladoras calibre 50. “Los AC-47 tienen la
capacidad de apoyar las tropas en tierra con alto poder de fuego
por periodos largos de tiempo. Este apoyo resulta crucial a la hora
de contener o evitar ataques a poblaciones 83 , unidades de policía o
militares y apoyar a las tropas cuando desarrollan combates
contra los grupos irregulares”. 84
El asalto aéreo requiere de helicópteros artillados que escoltan y
apoyan la acción bélica en los aires. En la dotación de este tipo de
aeronaves el Estado ha mejorado su inventario, pasando de una
flotilla bastante limitada en 1996 a tener la tercera fuerza
helicoportada del mundo, después de Estados Unidos y Brasil 85 . La
flota está compuesta por 230 helicópteros, en manos tanto de las
80
MINISTERIO DE DEFENSA, Logros y retos de la política de Defensa y Seguridad
Democrática, p. 65
81
GUEVARA, Inigo. La Fuerza Aérea de Colombia. En: SAORBATS < http://www.saorbats.
com.ar/saorbats_frameset.htm>
82
En 1996, la Fuerza Aérea Colombiana solo contaba con 2 de estas aeronaves y en 2003
pasó a tener 6 en su parque aeronáutico.
83
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; MINISTERIO DE DEFENSA. Fuerzas Militares de
cara al siglo XXI. Op. Cit.
84
FUNDACIÓN SEGURIDAD Y DEMOCRACIA. Fuerzas Militares para la Guerra. La
agenda pendiente de la reforma militar p. 50
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
82

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Fuerzas Militares como de la Policía, que comprenden 59
helicópteros Black Hawk, de los cuales 16 son artillados “AH-60 o
Arpías y son destinados para el combate y 43 para el transporte
.UH-60-; 35 helicópteros tipo Bell 212, 10 artillados y conocidos
como Rapaz- y 25 destinados al transporte; 4 Hughes 500, para
combate; 14 MI-17 y 54 Huey II, ambos destinados al transporte.
La Fuerza Aérea cuenta con otros 40 helicópteros de menores
capacidades, destinados a operaciones de entrenamiento,
reconocimiento, control, entre otros” 86 .
Es importante anotar empero, que aunque el aumento ha sido
considerable, no es suficiente pues el parque aéreo colombiano
sólo alcanza para acometer con éxito operaciones defensivas, pero
aún no ofensivas. El mayor éxito de las tácticas aéreas
implementadas ahora, es contrarrestar la amenaza de las FARC en
su avance a la fase de guerra de movimientos, teniendo éstas que
replegarse y retroceder a la fase de guerra de guerrillas.
Los Aviones AC-47 y los helicópteros Black Hawk artillados,
ayudados por otros tipos de aeronaves como los Bronco OV-10, los
A-37 y los Súper Tucanos .aviones ligeros de apoyo táctico- han
sido decisivos en el repliegue insurgente, pero no han logrado
atacar y destruir a las unidades insurgentes replegadas.
Esto se debe a que con el parque aeronáutico actual es imposible
transportar más de una compañía contraguerrillera, debido a que
cada comandante cuenta con un número reducido de aeronaves 87 .
85
Ibíd., p. 50
86
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; MINISTERIO DE DEFENSA. Fuerzas Militares de
cara al siglo XXI, p. 25
87
FUNDACIÓN SEGURIDAD Y DEMOCRACIA. Fuerzas Militares para la Guerra. La
agenda pendiente de la reforma militar, p, 96
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
83

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Recuérdese que los ataques ofensivos tácticos, luego de realizar
operaciones de fuego aéreo, deben ser activados por la infantería,
que es la que coacta a los subversivos y recupera el territorio y en
acciones ofensivas la infantería debe llegar por medios aéreos:
Es claro para cualquier analista que la guerra en Colombia no se
va a ganar desde el aire. Ningún país ha logrado ganar una guerra
de tipo irregular solamente con helicópteros y aviones de combate.
Lo que se requiere es el control y la protección efectiva de la
población y del territorio, lo cual obviamente sólo se puede lograr
con fuerzas terrestres. 88
El trabajo ofensivo de la milicia en tierra es de alto nivel de riesgo:
debe ser emprendido mínimo por un batallón completo y no por
compañías -una cuarta parte de batallón, cómo se hace hoy- y
apoyado por refuerzos rápidos de hombres y armas, para que el
primer grupo no sea copado por el enemigo. La Fundación
Seguridad y Democracia aconseja al respecto:
Esto implica contar con 12 UH-60 de transporte (Black Hawk o
equivalente) por cada uno de los comandos unificados, más dos en
reserva en caso de que alguno sea impactado, es decir, unos 14
por comando. Adicionalmente se necesitan helicópteros y aviones
de reconocimiento y artillados para proteger y escoltar a las
aeronaves de transporte: cinco helicópteros artillados (Arpía o
Rapaz), dos de reconocimiento (podría ser un MD-500 o similar), 4
aviones A-37, OV-10, Tucano o equivalente y dos AC-47 o Aviones
fantasma, por cada comando. 89
Como lo señala el estudio de la Fundación Seguridad y
Democracia, los anteriores requerimientos no son exagerados. De
acuerdo con el parque de aeronavegación del Estado colombiano,
en realidad el déficit se está sólo en los aviones fantasma, los
88
Ibíd., p. 52.
89
Ibíd., p. 97
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
84

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cuales se deben duplicar y en los helicópteros de transporte, unos
24 más. Recuérdese que Colombia ocupa el tercer puesto en el
mundo con mayor fuerza helicoportada, sin embargo, muchos de
estas naves tienen usos restringidos a funciones antinarcóticos,
pues fueron aportadas por el Plan Colombia.
Despeje a través de misiles aire-tierra, movilización de batallones,
abastecimiento de tropas y armas y apoyo de fuego aéreo,
componen la táctica principal para las estrategias ofensivas que
efectivamente podrán acabar con las organizaciones insurgentes y
contrainsurgentes que vulneran el Estado. Maniobrabilidad,
sorpresa y contundencia son la clave de la guerra y en ella juega
un papel fundamental -no único, recuérdese- la Fuerza Aérea
Colombiana.
El segundo gran avance de la reforma militar emprendida por el
Estado colombiano es la progresiva profesionalización de las
tropas del Ejército y de la infantería de marina - encargada del
patrullaje de costas, ríos y litorales- de la Armada Nacional.
Durante el periodo comprendido entre 1999 y 2001, en el marco
del Plan 10.000 90 fueron reemplazados 30 mil soldados bachilleres
por igual número de soldados profesionales.
Dicho plan fue continuado por el presidente Álvaro Uribe Vélez,
quien en su política de Defensa y Seguridad Democrática se
90
El Plan 10.000 fue decretado por el presidente Andrés Pastrana. Su fin fue incorporar
cada año 10.000 soldados profesionales que reemplazaran a los bachilleres. Esto con el fin
de acoger la recomendación hecha por las Naciones Unidas de no vincular a menores de
edad en el servicio militar. EL COLOMBIANO. Fuerzas militares al ataque y no a la
defensa. En: El Colombiano <
http://www.elcolombiano.terra.com.co/proyectos/pastrana/agosto_6.htm> [consulta: Oct. 31
de 2006]
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
85

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comprometió a continuar con el proceso de profesionalización de
los soldados colombianos 91 .
En general, las Fuerzas Militares está compuesta hoy por 247.042
uniformados distribuidos en las 3 fuerzas así: 211.046 en el
Ejército, 26.466 en la Armada y 9.530 en la Fuerza Aérea. En total
los hombres en las Fuerzas Militares se han incrementado en un
36.2% durante el gobierno de Uribe Vélez.
Este incremento en el número de efectivos de la fuerza pública es
coherente con la complicada geografía del país y con la lógica
irregular del conflicto colombiano: las campañas
contrainsurgentes, antiterroristas, antinarcóticos y
antiparamilitarismo, requieren una fornida tropa capaz de
establecer un asentado control territorial.
Ahora bien, de los 247.042 uniformados, 191.265 son soldados,
de los cuales 72.717 son profesionales, 92.004 regulares, 1419
son bachilleres y 25.125 son soldados de mi Pueblo. Los restantes
55.777 uniformados son oficiales, suboficiales y alumnos oficiales
y suboficiales 92 . De estos datos es importante señalar que el
número de soldados profesionales ha crecido en un 34% mientras
que el número de soldados bachilleres ha disminuido en un 59%.
La profesionalización viene incluyendo la ampliación de la
formación de cabos terceros como comandantes y la capacitación
de oficiales y suboficiales en técnicas gerenciales y de liderazgo 93 .
Los planes de la profesionalización, sin embargo, no pueden
reducirse a lo meramente cuantitativo. Viejos y nuevos efectivos
deben ser sometidos a un constante adiestramiento, de forma tal
91
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Colombia, Seguridad Democrática. p. 39
92
FUNDACIÓN SEGURIDAD Y DEMOCRACIA. Op. Cit., p. 61
93
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; MINISTERIO DE DEFENSA. Fuerzas Militares de
cara al siglo XXI, p. 20
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
86

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que cada una de las fuerzas de las Fuerzas Militares posea una
buena cantidad de cuadros de mandos bajos e intermedios, que
permitan la realización de operaciones descentralizadas, flexibles y
en las que pueda primar la iniciativa individual 94 .
No obstante, la profesionalización ha sido asumida por el Estado
como un mejoramiento en la calidad del talento humano a través
del desarrollo de su personal y del desarrollo de una nueva cultura
institucional 95 . El proceso de profesionalización ha estado
acompañado por una actualización del marco legal de las Fuerzas
Militares, en asuntos como la Carrera del Personal Militar y el
Estatuto del Soldado Profesional, que le dio vida a esta nueva
figura, reemplazando la antigua y ambigua calificación de soldados
voluntarios 96 .
En el marco de la profesionalización apareció también un nuevo
diseño de perfiles y escalafón de cargos, el mejoramiento en los
procesos de selección y reclutamiento, la elaboración de manuales
únicos de funciones, la modernización de la Escuela Superior de
Guerra, la reducción de un 65% de las vacaciones pendientes y el
mejoramiento del Sistema de Sanidad Militar, entre otros. 97
Como colofón, debe señalarse que la profesionalización debe estar
acompañada de un sistema continuo de ascenso. El rápido
desgaste del soldado raso y su riesgo y sacrificio profesional debe
ser compensado con una posibilidad real de escalamiento dentro
de la jerarquía de las Fuerzas Militares.
94
FUNDACIÓN SEGURIDAD Y DEMOCRACIA. Op. Cit., p. 62
95
Ibíd., p.12
96
FUNDACIÓN SEGURIDAD Y DEMOCRACIA. Fuerzas Militares para la Guerra. La
agenda pendiente de la reforma militar, p. 62
97
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; MINISTERIO DE DEFENSA. Fuerzas Militares de
cara al siglo XXI, p. 12
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
87

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Debe recordarse además que las Fuerzas Militares de Colombia no
sólo tienen como misión la lucha contra las organizaciones
criminales sino que deben mantener las funciones corrientes de
cualquier fuerza pública del mundo 98 : control del territorio de
fronteras -que comprende 6.332 kilómetros en total-, control de la
soberanía aérea y marítima, apoyo humano y técnico en
momentos de catástrofes naturales, vigilancia de la infraestructura
estatal, económica y de comunicaciones del país -Colombia posee
850 puntos de infraestructura neurálgicos-, etc. 99
Para el análisis, es necesario señalar que la capacidad de acción de
las Fuerzas Militares debe ser proporcional al territorio colombiano
que cuenta con 928.660 kilómetros cuadrados de dominio
sumergido, correspondiente a las áreas marinas y submarinas del
Mar Caribe y del Océano Pacífico y 1.141.748 kilómetros
cuadrados de dominio emergido en la plataforma continental 100 l.
Ahora, es pertinente especificar que las Fuerzas Militares de
Colombia concentran casi la mitad de sus hombres en los tres
principales departamentos del país: Cundinamarca, Antioquia y
Valle del Cauca 101 :
98
FUNDACIÓN SEGURIDAD Y DEMOCRACIA. Op. Cit., p.
99
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Colombia, Seguridad Democrática. Op. Cit., p. 39
100
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA , MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Situación
presupuestal del Ministerio de Defensa para el año 2005. En: Ministerio de Defensa
Nacional
[consulta:Oct. 31 de 2004]
101
Según el estudio realizado Román Ortiz Marina, investigador del Real Instituto Elcano de
Estudios Internacionales y Estratégicos, La estrategia contrainsurgente del presidente
Álvaro Uribe: ¿fórmula para la victoria o receta para una crisis?, realizado en 2002, los tres
departamentos más importantes del país correspondientes al 9.5% del territorio nacional-
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
88

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Las Fuerzas Militares mantienen una fuerte presencia en las
grandes ciudades como herencia de su viejo despliegue histórico,
su papel en el mantenimiento del orden público y la etapa en que
encabezaron el combate contra los intentos del Movimiento 19 de
Abril (M- 19) de organizar una guerrilla urbana. Por su parte, la
densa presencia policial en las tres grandes ciudades responde a
su papel protagonista en la lucha antinarcóticos (...) La alta
concentración de efectivos de la fuerza pública en los centros
urbanos crea una ventana de oportunidad para que los insurgentes
consoliden su control sobre amplios espacios vacíos desde los que
proyectarse a las ciudades 102 .
La considerable presencia de la fuerza pública en estos tres
departamentos es coherente si se tiene en cuenta que en ellos se
encuentran las tres principales ciudades del país -Bogotá, Medellín
y Cali-, las cuales albergan a cerca del 40% del total de la
población nacional y que han sido el blanco mayor de las acciones
más agudas de los grupos armados.
Sin embargo, en estas ciudades las operaciones de la fuerza
pública son defensivas y no ofensivas debido a que la formación de
las organizaciones criminales se encuentra en zonas periféricas.
Existe además, un alto riesgo con la ubicación de contingentes
militares en las ciudades pues éstos son objeto natural para los
ataques terroristas de los grupos armados ilegales. Un ejemplo de
ello es el asiento de la Cuarta Brigada del Ejército, una de las más
importantes, en el centro de un barrio residencial de Medellín.
concentran más del 41% de los efectivos de la Fuerza Pública. Para el 2004 y con el
aumento de los soldados y policías de la fuerza pública, se han aumentado los efectivos en
los demás departamentos del país, sin embargo la proporción frente a los tres más
importantes sigue siendo la misma. ORTIZ, Román. La estrategia contrainsurgente del
presidente Álvaro Uribe: ¿fórmula para la victoria o receta para una crisis?, p. 1
102
ORTIZ, Román. La estrategia contrainsurgente del presidente Álvaro Uribe: ¿fórmula
para la victoria o receta para una crisis?, p. 4
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
89

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Todos los ataques cometidos en contra de la Brigada son sufridos
por los habitantes del barrio. La defensa de las ciudades no
depende tanto de la presencia militar sino del desarrollo de
operaciones de inteligencia y de la vigilancia de sus hinterland o
zonas periféricas urbanas.
La profesionalización militar es cardinal para la organización de
cada una de las fuerzas en unidades especiales: sólo este tipo de
formación permite hacerle frente a las diferentes expresiones del
conflicto colombiano: terrorismo, secuestros y extorsiones,
homicidios y masacres, sabotajes, tomas a poblaciones, tráficos
ilícitos de armas, municiones, explosivos y drogas, etc. Las
agrupaciones de operaciones especiales pueden desarrollar de
forma especializada labores de reconocimiento, búsqueda,
prevención y destrucción contra objetivos de alto valor, bien para
el paramilitarismo, bien para las guerrillas o bien para el
narcotráfico 103 .
El Ejército Nacional, primera fuerza de las Fuerzas Militares, ha
mejorado su organización en unidades especiales. Cada una de las
seis Divisiones del Ejército posee al menos un Batallón
Contraguerrillas y al menos una Brigada Móvil. Cada División
además cuenta con uno o más contingentes de Fuerzas Especiales
Antiterroristas Urbanas AFEUR, que tienen como misión desarrollar
operaciones de combate urbano y cercano contra las
organizaciones armadas ilegales, para contrarrestar y neutralizar
en las ciudades los actos terroristas.
Otra unidad especial es la organizada bajo el Plan Meteoro, creado
en la administración de Andrés Pastrana, para el control y la
seguridad en las vías del país. El Ejército posee 7 Compañías Plan
Meteoro, las dos primeras ubicadas en la Primera División y las
otras cinco, en las cinco Divisiones restantes 104 .
103
Ibíd.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
90

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Ahora, bajo el mando directo del Comando General del Ejército se
encuentran otras unidades especiales, las más nombradas son las
tres Fuerzas de Despliegue Rápido FUDRA.
Estas fuerzas fueron creadas en diciembre de 1999, con el objetivo
de convertirse en la máquina de guerra del Ejército colombiano 105 .
Se trata de unas tropas especiales dispuestas a operar en
cualquier parte del territorio nacional en contra de cualquiera de
los grupos armados ilegales. Las Fuerzas de Despliegue Rápido
son en realidad Brigadas Móviles dotadas con los mejores
sistemas de transporte, armas y municiones, que actúan con
apoyo de la FAC y que están compuestas por soldados altamente
entrenados para la reacción rápida.
La segunda unidad especial al mando del Comando General del
Ejército es la Brigada contra el Narcotráfico. Creada en el 2000,
bajo la administración de Andrés Pastrana, hace parte de las
estrategias del Plan Colombia para enfrentar el negocio ilícito del
narcotráfico en el país. 106 Esta Brigada está compuesta por tres
batallones y su puesto de mando está ubicado en Larandia,
Caquetá. Bajo el Comando General se encuentra también la
Brigada de Aviación del Ejército. Dotada de un fornido equipo de
104
EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA. Divisiones. En: Ejército Nacional - República de
Colombia http://www.ejercito.mil.co/index.php? idcategoria=69&ts= eed74e1d
fca65074891e4020ebd12545 [consulta: Oct. 24 de 2006]
105
EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA . Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA. En:
Ejército Nacional - República de Colombia [en línea] <
http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria
=81&ts=9a6796dc0f97d3201c9de4210eb5c5c9> [consulta: Oct. 24 de 2006]
106
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA. Brigada contra el Narcotráfico. En: Ejército
Nacional - República de Colombia< http://www.ejercito.mil.co/index.php? idcategoria=
82&ts= 9ª 6796dc0f97d3201c9de4210eb5c5c9>
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
91

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aeronaves de combate y de transporte, realiza operaciones de
asalto y movimiento aéreo en todo el territorio.
Ahora bien, dentro de la administración de Uribe Vélez se han
creado 6 batallones de alta montaña que tienen la función de
bloquear los corredores estratégicos de grupos subversivos y de
autodefensa y 9 Brigadas Móviles más, también para el combate
de insurgentes y paramilitares mediante unidades especializadas
con alta movilidad en zonas deprimidas por las acciones de estos
grupos.
Los Gaula, o Grupos de Acción Unificada para la Libertad Personal,
son las últimas unidades especiales que conforman al Ejército
Nacional. Se trata de 16 pelotones de élite encargados del rescate
de secuestrados y el desmantelamiento de los grupos criminales
que cometen el delito 107 . El Gaula del Ejército cuentan con el
soporte del DAS, CTI y la Fiscalía, debido al alto riesgo de sus
operaciones.
Sin embargo, todos estos planes de modernización de las Fuerzas
Militares son aún insuficientes para la realización de operaciones
ofensivas. Pese a que la doctrina estratégica del Ejército Nacional
dicta el compromiso de sus fuerzas en operaciones ofensivas para
la destrucción de las organizaciones armadas ilegales, éstas,
particularmente la guerrilla de las FARC y las organizaciones de
narcotraficantes, poseen una alta capacidad para la innovación de
su repertorio táctico con el cual hacen frente a las tácticas que el
Ejército va adoptando. La organización del Ejército y el
entrenamiento de sus soldados deben estar encaminado al diseño
renovado de operaciones ofensivas específicas, flexibles, rápidas y
sobre todo caracterizadas por el factor sorpresa.
107
EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA. Grupos Gaula. En: Ejército Nacional -
República de Colombia [en línea] < http://www.mindefensa.gov.co/> [Consulta: Oct. 24 de
2006]
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
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En las estrategias ofensivas, particularmente para la guerra
contrainsurgente, se pueden obtener ganancias militares
considerables si se realizan operaciones de emboscada nocturna,
las cuales justamente atacan por sorpresa al enemigo. Estas
operaciones, empero, son de alto riesgo para el Ejército y
requieren conocimiento a priori del terreno, sistemas infrarrojos
para la aeronavegación y para el desplazamiento en tierra de los
soldados, sistemas avanzados de comunicación, preparación
táctica para la coordinación de refuerzos humanos y
armamentísticos y sobre todo un buen entrenamiento para que la
tropa no se aturda en la noche, al atacar a su enemigo. El Ejército
colombiano ha mostrado ser eficaz en este tipo de operaciones -la
recuperación de Mitú, en noviembre de 1998 es un ejemplo- pero
las ha utilizado sobre todo en operaciones defensivas y muy poco
en ofensivas.
Los hombres del Ejército Nacional, son los más vulnerables al
desgaste profesional. Este desgaste sólo puede ser contrarrestado
con el fuerte entrenamiento, la especialización de las funciones y,
como se anotó, la posibilidad de ascenso de los soldados rasos a
más altas posiciones dentro de la jerarquía del Ejército. Además el
alto riesgo y sacrificio de todos los soldados de las Fuerzas
Militares, debe ser compensado con el mantenimiento de un
privilegiado fuero militar que justifique su trabajo por la patria.
Uno de los aspectos más sobresalientes de la reforma militar
colombiana ha sido la vinculación continua de la Fuerza Aérea y de
la Armada Nacional -que antes limitaban sus funciones a la
vigilancia de la soberanía nacional- a las operaciones militares en
contra de las guerrillas y paramilitares en el país. Para el caso de
la Armada Nacional, esta vinculación vino de las tareas que
cumple en la lucha antinarcóticos. El trabajo de la Armada
Nacional, particularmente de su Fuerza Naval del Sur, es capital
para la recuperación del control de los ríos en el sur del país,
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
93

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varios de ellos, como el Yarí en Caquetá, dominados por las FARC
en los últimos años 108 .
Sin embargo sus acciones siguen siendo más tendientes a la lucha
contra el narcotráfico -interceptación de drogas, insumos
químicos, neutralización de laboratorios que a la lucha
contrainsurgente. No obstante, esta fuerza viene incorporándose
paulatinamente en los combates que el Ejército desarrolla en
contra de los subversivos, pero no realiza este tipo de combates
de forma autónoma. Se debe precisar sobre esta última
apreciación que, aunque la dinámica de la guerra es mejor
asumida cuando las diferentes fuerzas realizan tareas conjuntas,
en la lucha contrainsurgente existe una dependencia de las
operaciones de la Armada hacia el Ejército.
Particularmente las operaciones de la Infantería de Marina vienen
siendo reforzadas por la Aviación Naval como apoyo a las unidades
de superficie durante el ataque defensivo y como elemento
fundamental en las operaciones ofensivas que los infantes realizan
en los combates contrainsurgentes adelantados por el
Ejército109 109 . Pese a la importancia que ha adquirido la Aviación
Naval, su flota está compuesta sólo por helicópteros y aviones de
ala fija capacitados para el transporte de apoyos humanos y
armamentísticos y no para el combate propiamente dicho.
Todo lo contrario sucede con la modernización de las fragatas
misileras de la Armada Nacional destinadas básicamente al
combate en aguas marinas contra el narcotráfico 110 .
108
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Situación
presupuestal del Ministerio de Defensa para el año 2005. Op. Cit., p. 17.
109
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; MINISTERIO DE DEFENSA. Fuerzas Militares de
cara al siglo XXI. p. 23
110
Ibíd., p. 24
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
94

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Estas fragatas están dotadas de botes armados que a partir de su
nave nodriza o con apoyo de ellas, realizan operaciones de
interceptación rápida en alta mar. Otro avance para la fuerza
marítima colombiana ha sido la modernización de su Astillero
Naval, uno de los más competitivos en la región del Caribe 111 y la
construcción de la planta y varadero en Bahía de Málaga, en Valle
del Cauca, los cuales poseen excelentes capacidades para el
diseño, construcción y reparación de las naves de la Armada
Nacional 112 . También debe anotarse la construcción de 5 buques
tipo nodriza.
Pese a los avances anotados, la Armada Nacional es la fuerza que
más limitados adelantos tecnológicos ha conseguido, debido a que
las apropiaciones presupuestales del Ministerio de Defensa están
encaminadas sobre todo a la modernización del Ejército y de la
Fuerza Aérea. La salvedad para la Armada Nacional -inferior en
todo caso con relación al Ejército- es el aumento de sus
profesionales de Infantería Marina.
Se efectuará ahora una consideración sobre el mejoramiento de
los sistemas de inteligencia en las Fuerzas Militares de Colombia.
En las guerras en general, pero particularmente en las irregulares,
los sistemas de inteligencia humana y técnica son capitales para el
éxito en las operaciones defensivas y ofensivas. Desde 1998, la
comandancia de las Fuerzas Militares ha asumido con especial
dedicación un programa de reestructuración y modernización de la
inteligencia técnica militar. Dicho programa ha permitido la
ampliación de la capacidad tecnológica de inteligencia y la
modernización de los sistemas de comunicaciones a través de la
activación de la Central de Inteligencia Conjunta, la creación de la
Central de Inteligencia Militar, la implementación del Sistema de
Información Geográfica, la instalación de una Plataforma Buque
Multipropósito ARC, en Buenaventura, la instalación de nuevos
111
Ibíd., p. 24
112
Ibíd., p. 24
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
95

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radares de base en tierra (GBR), la adquisición de equipos de
comunicaciones UHF y VHF y de aviones tipo Shwezer con
capacidad para la interceptación de comunicaciones,
radiogoniometría y fotografía aérea 113 .
Pese al mejoramiento técnico de sistemas de inteligencia, las
Fuerzas Militares mantienen la incapacidad de agilizar el ciclo por
el cual debe pasar la información que se obtiene, que va desde la
captación y evaluación de los datos hasta su aplicación en la
ejecución de las acciones militares. El tiempo es la única renta que
se puede adquirir de los sistemas de inteligencia y si se consume
gran cantidad del mismo la información perderá buena parte o la
totalidad de su valor.
Otro de los problemas que posee el sistema de inteligencia de las
Fuerzas Militares es la posibilidad de la malversación de los
recursos que se le destinan debido al carácter secreto que tienen
las agencias de inteligencia. Al respecto Román Ortiz afirma:
“Al mismo tiempo, los recursos económicos para el desarrollo de
actividades de inteligencia son uno de los capítulos del
presupuesto destinado a la seguridad donde hay problemas de
despilfarro y corrupción. La naturaleza clandestina del grueso de
las operaciones de información hace que sea difícil determinar el
destino final de los fondos y aún más complejo evaluar su
rentabilidad en términos de relación entre inversión y resultados
operativos. La consecuencia de estas deficiencias es que un
incremento de los recursos destinados a inteligencia no tiene por
qué redundar en un aumento proporcional de la eficacia
operacional 114 .
113
Ibíd., p. 13
114
ORTIZ, Román. La estrategia contrainsurgente del presidente Álvaro Uribe: ¿Fórmula
para la victoria o receta para una crisis?, p. 1
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
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Ahora, en el conflicto colombiano, el aparato de inteligencia es
fundamental para prevenir el terrorismo: inteligencia es la clave
en la guerra contra el terrorismo. Para ello, las Fuerzas Militares
cuentan con el grupo GIAT o Grupo Interinstitucional de Análisis
Antiterrorista, sin embargo, más que una entidad de inteligencia
propiamente dicha, este grupo se dedica al análisis sobre el tráfico
del material de guerra usado en los ataques terroristas.
Pese a la preocupación por el mejoramiento de las fuentes
técnicas para la recolección de información que permita un mejor
desarrollo de la inteligencia militar para el desarrollo de las
operaciones de guerra, las Fuerzas Militares Colombianas, poseen
débiles sistemas de inteligencia humana que permitan la
infiltración en las organizaciones ilegales:
Esto debido a que los grupos irregulares se adaptan fácilmente a
la tecnología, y adoptan mecanismos arcaicos pero sumamente
efectivos de comunicación, tales como correos humanos que
difícilmente podrían ser interceptados desde 10.000 pies de altura
y utilizando millones de dólares en equipos de avanzada
tecnología. 115
Lo más cercano a inteligencia humana que poseen las Fuerzas
Militares de Colombia es la Red de Cooperantes y la Campaña de
Recompensas, una iniciativa de la Política de Defensa y Seguridad
Democrática de Álvaro Uribe Vélez. Luego de cuatro años de
funcionamiento la Red de Cooperantes está conformada por más
de un millón 800 mil miembros, conectados a través de una línea
nacional gratuita que funciona tanto para teléfonos fijos como
móviles. Los cooperantes son ciudadanos solidarios con los
organismos de seguridad del Estado, que voluntariamente aportan
información sin recibir a cambio ningún pago. La información de
115
FUNDACIÓN SEGURIDAD Y DEMOCRACIA. Fuerzas Militares para la Guerra. La
agenda pendiente de la reforma militar, p. 56
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
97

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dicha Red ha sido utilizada sobre todo para la prevención de
ataques terroristas 116 .
Por otro lado, el Programa de Recompensas busca incentivar la
cooperación ciudadana a través de estímulos monetarios. Durante
los cuatro años del primer gobierno de Uribe Vélez se entregaron
23.397 millones de pesos 117 . Esta Campaña de Recompensas tiene
como variante las bonificaciones que el Estado colombiano ha
dado a los insurgentes desmovilizados voluntariamente por la
entrega de sus armas y por información al Estado sobre el
movimiento de los grupos insurgentes o paramilitares.
El asunto de la inteligencia en Colombia es una discusión que aún
no se ha dado. Como existen pocos civiles interesados en temas
de seguridad y defensa nacional, no hay quien promueva este tipo
de debates. Esto puede explicarse por la ausencia de regímenes
autoritarios en el país, como sucedió en las demás democracias
latinoamericanas, quienes, en vista de los excesos cometidos por
los militares, generaron debates e investigaciones entorno al
manejo de los asuntos de seguridad y entorno a las relaciones
cívico-militares.
Otro de los grandes avances de las Fuerzas Militares en los últimos
cinco años ha sido la constante observancia al cumplimiento del
Derecho Internacional Humanitario y el respeto manifiesto a la
Constitución y al Estado de derecho. De acuerdo con el estudio
realizado por el Ministerio de Defensa Fuerzas Militares de Cara al
siglo XXI 118 , las denuncias por violación a los Derechos Humanos y
116
MINISTERIO DE DEFENSA. Red de Cooperantes Sobrepasa el millón ochocientos mil
integrantes. En: Ministerio de Defensa
[Consulta: Oct. 30 de 2006]
117
MINISTERIO DE DEFENSA. Logros y retos de la Política de Defensa y Seguridad
Democrática, p.67.
118
MINISTERIO DE DEFENSA. Fuerzas Militares de cara al siglo XXI,. p. 17
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
98

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al DIH han disminuido en un 88%, debido esto, según el
documento, al incremento en un 98% en capacitaciones que sobre
el tema se han hecho a los hombres de las Fuerzas Militares 119 . El
respeto por los derechos humanos y por el DIH, sumado a los
éxitos militares en contra de los grupos al margen de la ley ha
permitido que la credibilidad de la institución militar colombiana
haya aumentado en un 71%. 120
Pese a las mejoras, las Fuerzas Militares de Colombia carecen de
un documento marco que regule y delimite el uso de la fuerza.
Según Andrés Villamizar, investigador del Área de Fuerzas
Militares y Democracia de la Fundación Seguridad y Democracia 121
este documento marco debe establecer las reglas de encuentro,
que son “las directivas emitidas por la autoridad militar
competente que especifican las circunstancias y limitaciones bajo
las cuales las fuerzas pueden iniciar y/o continuar un combate o
enfrentamiento al encontrarse con otras fuerzas” 122 . No se trata de
las reglas de la guerra, en el sentido de su definición doctrinaria y
estratégica sino de la regulación del uso de la fuerza en monopolio
del Estado:
Hay dos tipos de reglas de encuentro: aquellas definidas para
garantizar el legítimo derecho a la defensa propia y las definidas
para cumplir una misión específica. Las primeras tienen carácter
permanente y se basan en el derecho y la obligación que tiene
cada individuo o unidad armada de defenderse a sí mismos, a sus
compañeros y al material y las instalaciones que tengan bajo su
119
Ibíd., p. 17.
120
MINISTERIO DE DEFENSA. Logros y retos de la Política de Defensa y Seguridad
Democrática, p.110.
121
VILLAMIZAR, Andrés. Errores militares y reglas de encuentro. En: Fundación Seguridad
y Democracia p. 7
122
Ibíd., p. 3
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
99

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responsabilidad. Las segundas se diseñan según la naturaleza y
las características específicas de cada misión. Pueden ser, en
general, permisivas o restrictivas, dependiendo de las condiciones
y el medio en el que se desarrollan las operaciones. 123
En Colombia no existen este tipo de reglas de encuentro, que
garantizarían, al menos formalmente, el cumplimiento estricto de
los derechos humanos y del DIH, en el momento de usar la fuerza
letal. Estas reglas además, servirían como guía para que el
Ministerio Público pueda arbitrar, con mayor precisión las
denuncias sobre violaciones cometidas por las Fuerzas Militares.
La reforma militar iniciada en el gobierno de Andrés Pastrana,
apuntalada por las políticas de seguridad de Álvaro Uribe, ha
permitido que la balanza se incline favorablemente hacia el Estado
en oposición a las organizaciones armadas ilegales del país: las
Fuerzas Militares avanzan en la recuperación total del territorio y
en la vigilancia de la seguridad para la población. La institución
armada ha crecido en el número de hombres y de recursos, ha
revolucionado sus estrategias y tácticas de guerra y ha recuperado
el prestigio nacional e internacionalmente.
La reforma militar en Colombia ha pasado a ser una prioridad para
el Estado. Sin embargo, más allá de darle continuidad a la
modernización tecnológica y al aumento de los combatientes
profesionales, las Fuerzas Militares deben continuar la
transformación de su estructura en comandos conjuntos
unificados.
La creación de los comandos conjuntos obedece proceso que se
inició a finales de 2003 cuando el Comandante de las Fuerzas
Militares, en aquél momento el general Carlos Alberto Ospina,
ordenó Estado Mayor Conjunto estudiar la probabilidad de crear
los comandos conjuntos. Al estudio lo precedieron reuniones con
123
Ibíd., p. 3
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
100

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los mandos militares de todas las fuerzas y visitas de
sensibilización en varias unidades militares en Medellín, Santa
Marta, Barranquilla y Cartagena. Finalmente en diciembre de 2004
se creó el Comando Conjunto del Caribe N°1 y luego, la Fuerza de
Tarea Omega N°2 que funciona en el sur del país 124 .
Las Fuerzas Militares colombianas están dirigidas por tres
instancias superiores: la Presidencia de la República y su Ministerio
de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares y el Jefe
del Estado Mayor Conjunto 125 . Dichas cabezas guían y respaldan el
trabajo que cada una de las fuerzas realiza, pero las operaciones
militares son ejecutadas individualmente por cada una de las
fuerzas y no por las tres fuerzas paralelamente. Esto significa que
las operaciones militares las realizan o bien el Ejército o bien la
Armada o bien la Fuerza Aérea, cada una por separado, de este
modo, el mando real de las operaciones está en manos de cada
uno de los comandantes de cada fuerza y no de las tres instancias
superiores mencionadas.
No obstante, la estructura institucional de las huestes modernas
debe estar pensada para que el trabajo de combate sea realizado
por las fuerzas unificadas -en el caso colombiano, el Ejército
Nacional, la Armada y la Fuerza Aérea-:
La misión individual de las fuerzas se debe enmarcar en tres
aspectos fundamentales: reclutar, entrenar y equipar hombres
para el combate. Es decir, realizan los preparativos necesarios
para pelear las guerras, pero la misión de pelear y ganar batallas
124
FUNDACIÓN SEGURIDAD Y DEMOCRACIA. Op. Cit., p 17
125
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA. El Comando
General. [en línea] En: Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia
[consulta: Oct. 25 de 2004]
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
101

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recae sobre los comando -unificados, fuerzas de tarea conjuntas o
unidades similares. 126
Es así como la tarea individual de los comandos debe ser la de
proveer los hombres de fuerza entrenados, pero la guerra
propiamente dicha, debe ser emprendida por las infanterías de
guerra y marina y apoyada por la fuerza aérea. Para el caso del
conflicto colombiano, es sobre todo necesario que las operaciones
ofensivas sean realizadas por el Ejército y la Fuerza Aérea, debido
a que las unidades guerrilleras y paramilitares se encuentran
replegadas en zonas geográficas accidentadas y apartadas de
cinturones habitados. Por la misma condición geográfica del país,
el trabajo de la infantería marina es cardinal para ejercer el control
fluvial en el momento de realizar operaciones ofensivas, ya que los
ríos son utilizados por los ilegales como vía de escape en caso de
ataque.
En las Fuerzas Militares colombianas las operaciones realizadas por
una de las fuerzas pueden ser apoyadas por otra de las fuerzas.
Este apoyo se puede concertar desde el momento en que se
planea una operación. Sin embargo puede suceder que en el
desarrollo de la batalla, el Ejército Nacional requiera de un apoyo
adicional -no previamente calculado- de una de las otras dos
fuerzas. En este caso, el comandante del Ejército debe solicitar al
comandante de la fuerza requerida dicho apoyo pero, mientras se
realiza el protocolo de solicitud se puede perder la guerra:
Actualmente, el comandante de las tropas en tierra debe solicitar
apoyo aéreo, el cual debe ser autorizado por la línea de mando de
la Fuerza Aérea, lo cual puede significar un procedimiento argo y
dispendioso que puede poner en peligro la vida de las tropas en
tierra. Como se mencionó anteriormente, esta larga cadena de
mando ha restado eficacia a las operaciones militares que
involucran a unidades de más de una fuerza -por ejemplo,
126
FUNDACIÓN SEGURIDAD Y DEMOCRACIA . Fuerzas Militares para la guerra, p. 76
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
102

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operaciones adelantadas por el Ejército y la Fuerza Aérea. Si bien
se han agilizado los procedimientos para las solicitudes de apoyo,
lo ideal es que un comandante tanga el control directo de todos los
medios para el combate existentes en su jurisdicción. 127
Esto significa entonces, que para el caso colombiano, sería mucho
más productivo que los comandos no estuvieran organizados por
fuerzas sino por jurisdicciones, cada una de ellas conformadas por
los tres tipos de fuerza: con hombres y herramientas terrestres,
aéreas y marítimas. En la estructura de las Fuerzas Militares, cada
comando está organizado por divisiones por jurisdicción más o
menos similares pero, estas divisiones operan por separado. La
flexibilidad o maniobrabilidad es una de las claves de las misiones
bélicas y ella solo se obtiene si las Fuerzas Militares se organizan
en fuerzas de tarea conjunta, estructuradas en un sistema
jerárquico más plano.
Luego del análisis realizado a las Fuerzas Militares de Colombia se
efectuarán ahora algunas consideraciones sobre la segunda fuerza
que compone el sistema de seguridad del Estado colombiano: la
Policía Nacional. Esta institución, históricamente creada en el
mundo con el fin de velar por el mantenimiento del orden público
interno, realiza en Colombia una diversidad de funciones
especializadas que han sido creadas paulatinamente, acorde con el
comportamiento del conflicto colombiano, a saber: operaciones
antinarcóticos, antidisturbios, antiterrorismo, antisecuestro y
antiextorsión, investigación judicial y criminológica, y recolección y
análisis de información de inteligencia y vigilancia de carreteras.
La Policía Nacional está conformada por un cuerpo de 127.881
efectivos, de los cuales solo 22.986 son policías auxiliares
regulares y bachilleres. Los restantes 104.895 uniformados son
policías profesionales y de ellos cerca del 50% son oficiales y
suboficiales.
127
Ibíd., p. 78
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
103

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En los últimos dos años, la Policía ha aumentado su pie de fuerza
con la adición de 8.250 agentes ubicados en los nuevos 55
Escuadrones Móviles de Carabineros. Justamente uno de los
aportes de la Política de Defensa y Seguridad Democrática del
gobierno de Uribe Vélez ha sido la creación de estos Escuadrones
Móviles de Carabineros, con el fin de atender la necesidad de
retorno de la fuerza policiva en las poblaciones menores y en las
áreas rurales del territorio nacional. Estos escuadrones realizan
operaciones de patrullaje permanente para la neutralización de los
actos criminales y el ataque de las organizaciones que los
cometen. La Policía cuenta hoy con 55 Escuadrones Móviles, cada
uno compuesto por cuatro oficiales, 12 mandos medios y 134
agentes.
La continua capacitación a los hombres que conforman los
Escuadrones Móviles de Carabineros, ha permitido que se
conviertan en la fuerza más especializada de la Policía Nacional
para el combate de las organizaciones armadas ilegales. Dotados
con modernos equipos de comunicación, sofisticado armamento y
el apoyo de una fuerza helicoportada, estos escuadrones, han
realizado operaciones de tácticas de guerra, de asalto, de rescate
de rehenes y de reacción ante emboscadas.
Como observamos, con la Política de Defensa y Seguridad
Democrática se dictó la disposición del gobierno nacional de
retornar la presencia policiva a todos los municipios que
conforman el territorio colombiano. Sin duda se trata de un aporte
significativo dado que 160 localidades del país -alrededor del 15%
del total de los municipios colombianos se encontraban a su suerte
y bajo la amenaza constante de los grupos ilegales. Sin embargo,
no basta con el establecimiento de puestos de policía en las
cabeceras municipales. Es necesario, particularmente en el sur del
país, crear fortalezas para los agentes policivos, más modernas y
mejor equipadas, de modo que éstas no se conviertan en blanco
fácil para los armados ilegales; razón por la cual fueron retirados
muchos puestos de policía en administraciones anteriores.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
104

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Con la modernización del aparato de seguridad del Estado
colombiano, Fuerzas Militares y Policía, realizada por el gobierno
de Andrés Pastrana, y afianzada por la Política de Defensa 128 y
Seguridad de Álvaro Uribe, los grupos armados iniciaron una fase
de estancamiento. Sin embargo, pese a la cadena de éxitos
militares en contra de las organizaciones armadas, el triunfo
militar esta medianamente lejos de ser advertido.
No obstante, el desenlace de la crisis de seguridad en Colombia,
depende de la capacidad que tenga el Estado de recuperar y
consolidar el control de todo su territorio y esto depende
exclusivamente del crecimiento, fortalecimiento y mayor
profesionalización de la Fuerza Pública. Después de casi 200 años
de historia, la sociedad colombiana y su clase dirigente, ha venido
entendiendo la importancia del mantenimiento de una fuerza
armada activa y poderosa, la cual no contradice ni vulnera los
preceptos jurídicos y democráticos del Estado Colombiano. Sólo
una fuerza pública fuerte, respaldada por un Estado fuerte, puede
garantizar que en el territorio nacional se respeten los derechos
humanos.
Para finalizar, nos atreveremos a enunciar algunos preceptos que
deben tenerse en cuenta para el éxito de las tareas contra los
grupos armados ilegales en el país, teniendo en cuenta que el
colombiano es un conflicto que tiene como sustancia la lucha por
el control territorial.
El primer precepto es el de la movilidad. La movilidad es la clave
para el abatimiento los grupos ilegales. La estrategia debe
centrarse en una ofensiva aérea inicial que luego sea
contrarrestada por la infantería en tierra. La geografía colombiana
así lo obliga, teniendo en cuenta además que los grupos armados
aventajan al Ejército en el reconocimiento del terreno. Movilidad
128
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA , MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Situación
presupuestal del Ministerio de Defensa para el año 2005. Op. Cit., p. 10
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significa sobre todo flota aérea, que pueda iniciar las ofensivas y
en las operaciones defensivas logre rápidamente suministrar
refuerzos.
La flexibilidad es la segunda clave para la guerra contra las
organizaciones armadas ilegales. Dicha flexibilidad implica la
unificación por jurisdicciones de las diferentes fuerzas de la
Fuerzas Militares: Ejército, Armada y Fuerza Aérea Colombiana.
Las acciones contra los grupos ilegales sólo podrán ser efectivas
en la medida en que las fuerzas realicen tareas conjuntas. Además
el trabajo de las Fuerzas Militares debe estar apoyado por la
Policía Nacional y viceversa. Esta consideración permite entender
la importancia de que las políticas de seguridad del Estado sean
manejadas directamente por la presidencia. Es importante
concebir el aparato coactivo del Estado como una sola unidad:
entender que la institución es la Fuerza Publica y no el ejército, la
policía, la marina o las fuerzas aéreas 129 .
Pese a que la movilidad y la flexibilidad son factores cardinales, la
fuerza estática también es substancial para el mantenimiento del
control territorial. No basta con la aplicación de estrategias y
tácticas ofensivas. Es necesaria la presencia permanente de
efectos de la fuerza pública en todo el territorio nacional, sobre
todo en sus sitios neurálgicos 130 . Dicha presencia permanente debe
estar acompañada por fortificaciones militares y policivas
imponentes que impidan que los hombres de la fuerza pública
sean blanco expedito para ataques de los grupos ilegales.
129
DEAS, Malcolm. Europa debe comprender la complejidad de Colombia. Discurso
pronunciado por el catedrático en el Foro de Berlín. En: Presidencia de la República de
Colombia [en línea] [Consulta: Oct. 15 de 2004]
130
ORTIZ, Román. El Estado colombiano frente a las FARC. En: (VARIOS AUTORES)
Terrorismo y Seguridad. Op. Cit., p. 173
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es
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Como colofón es necesario advertir que las ideas antes anotadas
sobre la Política de Defensa y Seguridad Democrática no pueden
ser interpretadas como sugerencias para la transformación radical
de la estructura de seguridad. Además no tienen un alcance tal 131 .
Esta aclaración se hace sobre todo porque una política de tal
envergadura está constantemente sometida a críticas constantes y
a centenas de sugerencias. Quizá el mayor capital para la
recuperación de la seguridad en Colombia sea el mantenimiento
de la política de Defensa y Seguridad Democrática, no porque sea
excelsa sino porque lo que más perjudica a un aparato de
seguridad de un Estado son los cambios repentinos y más las
reformas a extremos. En la guerra cuenta el tiempo y si se quieren
hacer reformas a la política de seguridad estás deben hacerse
paulatinamente y apoyadas en las disposiciones existentes. Una
tropa en avance no puede ser retirada, una política de seguridad
no puede ser obra de un solo gobierno, debe ser una política de
Estado.
131
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pronunciado por el catedrático en el Foro de Berlín. Op. Cit., p. 1
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