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Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 -- Lunes 10 de febrero de 2014 -- 17
7. En las infracciones sancionadas con pena privativa de
libertad de tres a cinco años se aplicará la multa
de diez a doce salarios básicos unificados del
trabajador en general.
8. En las infracciones sancionadas con pena privativa de
libertad de cinco a siete años se aplicará la multa
de doce a veinte salarios básicos unificados del
trabajador en general.
9. En las infracciones sancionadas con pena privativa de
libertad de siete a diez años se aplicará la multa
de veinte a cuarenta salarios básicos unificados del
trabajador en general.
10. En las infracciones sancionadas con pena privativa de
libertad de diez a trece años se aplicará la multa
de cuarenta a sesenta salarios básicos unificados del
trabajador en general.
11. En las infracciones sancionadas con pena privativa de
libertad de trece a dieciséis años se aplicará la multa
de cien a trescientos salarios básicos unificados del
trabajador en general.
12. En las infracciones sancionadas con pena privativa de
libertad de dieciséis a diecinueve años se aplicará la
multa de trescientos a seiscientos salarios básicos
unificados del trabajador en general.
13. En las infracciones sancionadas con pena privativa de
libertad de diecinueve a veintidós años se aplicará la
multa de seiscientos a ochocientos salarios básicos
unificados del trabajador en general.
14. En las infracciones sancionadas con pena privativa de
libertad de veintidós a veintiséis años se aplicará la
multa de ochocientos a mil salarios básicos unificados
del trabajador en general.
15. En las infracciones sancionadas con pena privativa de
libertad de veintiséis a treinta años se aplicará la multa
de mil a mil quinientos salarios básicos unificados del
trabajador en general.
En las infracciones en las que no existan penas
privativas de libertad se aplicará la multa prevista en cada
tipo.
Artículo 71.- Penas para las personas jurídicas.- Las
penas específicas aplicables a las personas jurídicas, son
las siguientes:
1. Multa.
2. Comiso penal. Los actos y contratos existentes,
relativos a los bienes objeto de comiso penal cesan de
pleno derecho, sin perjuicio de los derechos de terceros
de buena fe, que se reconocen, liquidan y pagan a la
brevedad posible, quienes deberán hacer valer sus
derechos ante la o el mismo juzgador de la causa penal.
Los bienes declarados de origen ilícito no son
susceptibles de protección de ningún régimen
patrimonial.
3. Clausura temporal o definitiva de sus locales o
establecimientos, en el lugar en el que se ha cometido
la infracción penal, según la gravedad de la infracción
o del daño ocasionado.
4. Realizar actividades en beneficio de la comunidad
sujetas a seguimiento y evaluación judicial.
5. Remediación integral de los daños ambientales
causados.
6. Disolución de la persona jurídica, ordenado por la o el
juzgador, en el país en el caso de personas jurídicas
extranjeras y liquidación de su patrimonio mediante el
procedimiento legalmente previsto, a cargo del
respectivo ente público de control. En este caso, no
habrá lugar a ninguna modalidad de recontratación o
de reactivación de la persona jurídica.
7. Prohibición de contratar con el Estado temporal o
definitivamente, según la gravedad de la infracción.
CAPÍTULO TERCERO
EXTINCIÓN DE LA PENA
Artículo 72.- Formas de extinción.- La pena se extingue
por cualquiera de las siguientes causas:
1. Cumplimiento integral de la pena en cualquiera de sus
formas.
2. Extinción del delito o de la pena por ley posterior más
favorable.
3. Muerte de la persona condenada.
4. Indulto.
5. Recurso de revisión, cuando sea favorable.
6. Prescripción.
7. Amnistía.
Artículo 73.- Indulto o amnistía.- La Asamblea Nacional
podrá conceder amnistías por delitos políticos e indultos
por motivos humanitarios, conforme con la Constitución y
la Ley.
No concederá por delitos cometidos contra la
administración pública ni por genocidio, tortura,
desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio
por razones políticas o de conciencia.
Artículo 74.- Indulto presidencial.- La o el Presidente de
la República podrá conceder indulto, conmutación o rebaja
de las penas impuestas en sentencia ejecutoriada.
Se concederá a la persona sentenciada que se encuentra
privada de libertad y que observe buena conducta posterior
al delito.
La solicitud se dirigirá a la o al Presidente de la República
o a la autoridad que designe para el efecto, quien evaluará
si la solicitud es o no procedente.