anexos del manual de operaciones volumen c - Secretaría de ...

ealizar no solo estas instituciones, sino todos los sectores de la sociedad civil, es todavía muy
incipiente. Las municipalidades son un claro ejemplo en materia de debilidad para aplicar los
procesos de gestión ambiental, especialmente aquellas municipalidades con mayores
limitaciones de recursos y capacidad técnica.
Así los procesos de gestión socio-ambiental de muchos municipios se han limitado únicamente
a presentar ideas o propuesta de proyectos de variable calidad ante los cooperantes
financieros externos, pero no a intervenir en espacios estratégicos que promocionen o
promuevan la participación integral de otros sectores como la empresa privada, ONG, gremios
cooperativos y otros.
En este sentido los gobiernos locales podrían jugar un rol importante en la impulsión de los
procesos de gestión ambiental, para lo cual es necesario fortalecer y consolidar aspectos
como la legislación ambiental, ordenamiento del territorio de sus municipios, catastro
municipal, voluntad política sobre todo y otros, con asesorías de las instituciones normadoras
y ejecutoras de las políticas y leyes ambientales.
8.1 Requerimientos para cumplir con las disposiciones legales
La Autoridad Ambiental tiene como instrumentos la Ley General del Ambiente, Decreto 104-93
y su Reglamento y el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA) creado
mediante Decreto-109-93 y su Reglamento publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 27,291
del 5 de marzo de 1994.
La Ley General del Ambiente y su reglamento constituyen el cuerpo legal, convirtiéndose en la
documentación fundamental y necesaria que viene a regular la problemática de degradación
ambiental del país.
Los Artículos 5 y 78 de la Ley General del Ambiente, expresan que todos los proyectos,
instalaciones o cualquier otra actividad pública o privada susceptible de contaminar o degradar
el ambiente, los recursos naturales y el patrimonio histórico cultural de la nación serán
precedidos obligatoriamente de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), así como las
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que deseen realizar cualquier otra
actividad, que degrade el ambiente están obligados a informar a la autoridad competente y
preparar la evaluación en mención.
La Ley de Simplificación Administrativa Decreto 255- 2002, dio lugar a la reforma de los dos
artículos antes señalados, introduciendo el concepto de categorización ambiental y selección
preliminar de proyectos que permite clasificar los mismos de acuerdo a ciertos parámetros de
sensibilidad del medio, de tal manera que los servidores públicos concentren su atención en
los proyectos de mayor impacto, y aquellos de menor impacto serán atendidos por las
Unidades de Gestión Ambiental Sectorial (UGAs) y las Unidades Ambientales Municipales
(UAMs); con esta estrategia, el Estado optimiza recursos. En este contexto se estableció los
siguientes requerimientos para cumplir con los procedimientos de gestión socio-ambiental:
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