El Estado democrático. Crítica de la soberanía burguesa ...

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se enfrentan como personas jurídicas. El estado los obliga a una partición de derechos y deberes
comunes aún en el terreno en el que, a causa de que se quieren, han dejado de excluirse mutuamente.
Así el estado declara la esfera de la felicidad hogareña una relación utilitaria reglamentada, por lo que
la violación del sacramento del altar tiene sus consecuencias terrenales y antes del juez celestial hay que
vérselas con instancias más bajas.
- Ordena, con el derecho de sucesión las circunstancias derivadas del deceso del propietario. En tal
caso el estado garantiza la permanencia del provecho que la propiedad cumple dentro de la familia y
limita, en los testamentos con prohibiciones anticipadas, la libre disposición sobre la propiedad
privada.
2. Con el derecho penal el estado prescribe el restablecimiento del derecho transgredido. A
diferencia de la definición de las reclamaciones privadas, normadas en el código civil y que apuntan a
imponer relaciones legales (nada debe pasar que no sea lícito), se trata en este caso de la reacción del
estado frente a actos que quebrantan la ley. En tanto esa reacción aparece como parte integrante de la
ley misma, como catálogo de crímenes en el código penal (nullum crime sine lege) ella pierde su
apariencia idílica, imaginada recordando circunstancias medievales. Y si el restablecimiento del
derecho nada tiene que ver con la fuerza arbitraria privada que reacciona frente a transgresiones, si
trata a la venganza y al duelo como delitos, si el punto de vista de la justicia no es el del interés
lesionado sino el de la libre voluntad objetivada en el estado, es porque el derecho conserva una
sociedad en la que el individuo actúa según un criterio al que le pertenece la coacción al agravio.
- El principio de la culpabilidad reclama no sólo la verificación de la existencia de la voluntad
libre del reo (la imputabilidad) sino sobre todo la prueba de que el acto incriminado es el de una
voluntad libre, que se sabe sometida al derecho que ha quebrantado, con premeditación o por
negligencia. Sólo personas que se saben sometidas a la ley pueden cometer crímenes.
- Según ello se impone la pena, que restablece la vigencia de la ley. La pena es coacción contra la
persona y la propiedad, adecuada al culpable y a su confesión. Prevención y resocialización son
objetivos derivados del propósito del castigo, que denotan la conciencia que él no persigue el hacer
imposibles los agravios.
- Cuando en la prescripción de las penas para delitos diversos se opera con criterios
aparentemente contradictorios (p. ej. peculado y hurto) tal hecho prueba no sólo que el estado tiene un
interés distinto hacia los crímenes; y cuando al juzgar la voluntariedad de un acto la emoción cuenta
como circunstancia atenuante la ley concede de la triste realidad de la sociedad burguesa una cosa: que
se necesita algo de fuerza de voluntad para aguantar las estrecheces que otros imponen; también por
eso es que la tan altamente estimada voluntad calculadora, cuando viola la ley, cuenta como móvil
rastrero.
3. La regulación legal del sometimiento de los ciudadanos a las leyes, que el estado mismo
promulga, es el objeto del derecho público, que por lo tanto se ocupa de la constitucionalidad, de la
forma y el contenido de la legislación y en la aplicación de las leyes, cometido que se extiende a
diversos campos, tales como:
– el proceder parlamentario
– tribunales y policía
– impuestos
– ciencias, etc.
Si el estado en todos sus actos se somete al derecho establecido por él mismo y se juzga a sí mismo
como sujeto jurídico al dictar leyes (poder legislativo), administra justicia (poder judicial) y gobernar
(poder ejecutivo), entonces queda planteada la astuta cuestión del provecho colosal del control
recíproco de los poderes del estado: la ideología de la división de poderes. (Ver K. Marx. Obras