El Estado democrático. Crítica de la soberanía burguesa ...

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libérrimos, con la pretensión de los trabajadores a su existencia, que no puede rechazar, ya que por
último es la existencia de sus ciudadanos trabajadores la precondición para que rindan los útiles
servicios que tanto le interesan al estado. Por lo que interviene dictando límites a la explotación, y
como protector de la fuerza de mano de obra, allí donde su aprovechamiento acarrea su destrucción.
La fijación por ley de la jornada laboral normal es la reacción del estado al impedimento total de la
reproducción existencial de la clase obrera, generado por el libre juego de fuerzas en el mercado de
trabajo. Porque todo trabajador asalariado para mejorar su condición trabaja más y entonces la oferta
de trabajo siempre puede ser aprovechada por el empleador para hacer bajar el salario, la adorada libre
concurrencia conduce inevitablemente a una jornada de trabajo cuya duración se hace inaguantable
para los trabajadores, y cuya remuneración es insuficiente para su existencia. Con la reglamentación
por ley de la jornada laboral el estado evita que los empresarios aprovechen la competencia entre los
asalariados hasta el punto que el proceso laboral se convierta en una amenaza para la vida de quienes
trabajan. Por supuesto que al estado no le interesa un pito eliminar las causas responsables de la
situación de la clase obrera, como lo indican las mismas leyes que reglan la explotación industrial: "El
beneficiario debe disponer y mantener los locales, las facilidades y los equipos que él provea para la
realización de los trabajos, y regular las prestaciones a realizar bajo sus órdenes o dirección, de manera
que la vida y la salud del prestatario estén protegidas, tanto como lo permita la naturaleza de los
servicios". Estado social de los pies a la cabeza, toma como motivo la necesidad del trabajador de
trabajar más de lo normal, para fijar los límites y dictar las condiciones bajo las cuales está permitido
hacerlo.
Todas las medidas oficiales protectoras de la mano de obra, aplaudidas como el gran progreso del
capitalismo, como prerrogativas de los asalariados, se ajustan a criterios superiores del estado
burgués: las repercusiones destructivas del trabajo asalariado deben acabar allí donde, como quiera que
sea, hacen imposible la reproducción existencial de las masas, donde representan el tan mentado
"problema social", sin que traigan provecho alguno. Marx resumió así el sentido de las leyes que reglan
la ruina implacable de los asalariados bajo el comando del capitalista, para que permanezcan utilizables
para el capital: "qué podría caracterizar mejor al régimen capitalista que la necesidad de que el estado
deba imponerle con la fuerza de la ley hasta las más simples disposiciones sobre higiene y salubridad".
La protección del trabajo, que se extiende hasta "el respeto de las buenas costumbres y la decencia", los
reglamentos sobre prevención de accidentes, los límites a la explotación de adolescentes y mujeres
embarazadas, son las tristes concesiones a la dignidad humana que hace el estado, cuyos agentes saben
es pisoteada sin parar sirviendo a la propiedad. Porque de la necesidad de frenar mediante la
intervención estatal la ruina del trabajador en el proceso de producción surge, no sólo que los dueños
de los medios de producción de propia voluntad no están dispuestos a aminorar las consecuencias
perniciosas de su profesión, sino que además usan continuamente el poder que les da la propiedad
para imponer sus fines contra los trabajadores que compiten entre sí.
Así se prueban todas las leyes que el estado promulga en defensa del trabajador contra los
propietarios de medios productivos, como el complemento debido de las decisiones oficiales que
aseguran el crecimiento de la propiedad, cuando obliga al propósito reconocido del lucro a realizarse
según las formas que hacen posible los negocios de otros propietarios (b 5.). La pequeña diferencia de
éstas últimas con las disposiciones que permiten la continuación de la competencia entre los
trabajadores, reside en la naturaleza de lo que esta competencia amenaza, y que sin la intervención
estatal se hunde. Porque si la competencia entre los capitalistas hace peligrar el usufructo productivo
de la propiedad, y el estado limita la primera para proteger el segundo, la competencia entre los
asalariados lleva a la destrucción de su fuerza de trabajo, que por la consiguiente inutilidad de la
gente, es un problema para el estado. Y lo es porque los afectados, oferentes libres de su patrimonio de
trabajo, dejan de apreciar una ocupación que han asumido para ganarse el sustento, si justamente lo