El Estado democrático. Crítica de la soberanía burguesa ...

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trabajadores o confirmarla, es para el estado un recurso para aprovecharse de las diferencias entre los
obreros en cuanto a su disposición combativa y a sus pretensiones, para dificultarles la lucha. Sólo si el
sindicato logra realizar la unidad de sus miembros, permite el estado la ultima ratio, la suspensión del
trabajo. Las negociaciones que se realizan durante la huelga también están bajo el arbitraje
obligatorio, de tal modo que las posiciones, declaradas con ampulosidad y excitación, del capital, los
sindicatos y el mediador, transforman enseguida los intereses diversos de los trabajadores en grados
distintos de disposición al compromiso. El proceso arbitral, necesita además de la medida de lucha
patronal, el lock-out, con el que los empresarios enfrentan a los trabajadores organizados contra los no
organizados.
Todo lo anterior no impide a los demócratas entusiasmados por la autonomía sindical para firmar
convenios, olvidar, con la renuncia del estado al arbitraje obligatorio, que éste con la obligación al
arbitraje se ha dotado de una forma de intervención que hace de toda negociación de un convenio una
forma de transar que protege y sirve a la propiedad. La misma definición de pasada de huelga salvaje,
para toda lucha obrera realizada sin cumplir con el ritual vigilante del estado, no los arredra a los
demócratas radicales en su propósito de reclamar un ordenado derecho de huelga. Tampoco advierten
en los veredictos de los tribunales laborales sobre conflictos que toda reglamentación hecha por el
estado tiene un carácter claro, ya que establece principios restrictivos que sólo valen para la parte
obrera. Que en el lamento jurídico de una codificación insuficiente del derecho de huelga, yace la pura
ansiedad de prohibiciones, es un pensamiento agobiador para quienes, ilusionados en el estado,
descubren en la garantía de la autonomía sindical para firmar convenios la pasividad del poder
público, siempre con alusiones a las desventajas de la legalización del movimiento sindical, en vez de
atacar esa codificación de la lucha laboral, señalando que no es sino la compulsión al compromiso, al
uso bien modesto de las armas combativas de la clase obrera. En los sindicatos europeos esta ilusión es
tan fuerte y está tan desarrollada, que ellos se preocupan por participar de la organización estatal de la
paz social y litigan por su cumplimiento con la parte patronal por una debida consideración del
ciudadano trabajador. Hasta la misma lucha salarial la realizan como una lucha por el reconocimiento
del sindicato, por el derecho a firmar convenios, por los derechos democráticos, etc., todo a costas de
los trabajadores.
El estado al reglamentar la actividad sindical según las necesidades de los patrones, sometiéndola a
su objetivo de mantener los antagonismos de clase, además de dificultar a las organizaciones obreras la
ruptura de la paz social, abre para la propiedad privada la posibilidad de aprovechar en el período de
duración de los convenios los compromisos, contraídos por lo general sin luchas. El sometimiento de
los trabajadores al deber de respetar en paz lo pactado es una invitación directa a los empresarios para
modificar las condiciones de trabajo, de tal forma que continuamente se generan en la producción
motivos para una intervención combativa de los sindicatos. Los atentados del capital a los derechos de
los obreros explicitados por convenio el estado los enfrenta con la ley sobre el régimen empresarial,
donde se declara que el trabajador debe aguantar sin chistar la permanente perturbación de la
tranquilidad fabril ocasionada por su patrón. La ley concede también el derecho de una representación
laboral en fábrica, el consejo de empresa, que está comprometido a guardar la tranquilidad y al
cumplimiento normal de las tareas. La institución del consejo de empresa, que debe ser escuchado,
informado, y puede incoar acciones legales contra violaciones a las leyes laborales en la planta (las que
por lo visto, abundan) y que también debe vigilar que los operarios no fumen, no beban y no procedan
por su cuenta y beneficio en contra de los reglamentos de seguridad, carece sin embargo de poder
decisorio, y exige de los trabajadores que de las injusticias sufridas en la fábrica no pasen a la lucha
sindical, sino que sigan el camino legal de la instancia de quejas. El consejo de empresa es la renuncia
institucionalizada a la presión sindical en el lugar de trabajo, que se le vende al asalariado con la
ideología que por la eterna guerrilla cotidiana fabril habría una compensación legal.