El Estado democrático. Crítica de la soberanía burguesa ...

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imponibles de acuerdo a su tasación: impuesto sobre los bienes y el capital, e impuesto a la ganancia.
Con el impuesto sobre los transportes el estado participa directamente del crecimiento de esa
propiedad de sus ciudadanos que sirve a las diversas transacciones comerciales. El impuesto a las
ventas, hoy transformado en el impuesto al valor agregado, muestra bien claro lo que los hombres de
negocios hacen cuando el estado aspira a una tajada de sus ganancias: todas las cargas fiscales las
buscan incorporar a su cálculo comercial como momentos de la formación de los precios, transfieren
los gravámenes y así le dan a los impuestos que ellos pagan el mismo efecto que tienen de por sí los
impuestos al consumo: el de gravar los ingresos del consumidor final. Sin embargo la transferencia de
estos impuestos a los precios tiene sus límites en la capacidad de consumo social, que se define en la
competencia, así que la legislación fiscal se revela como un medio de atizar la lucha de clases. Mientras
que a los empresarios industriales y comerciales la transferencia impositiva les genera una actividad
adicional calculatoria y de observación del mercado, los asalariados deben compensar la reducción de
ingresos que tal transferencia implica con la lucha por aumentos de salarios.
b) Pero el estado también tiene que observar que sus medidas tributarias no anulen sus propios
esfuerzos para conservar la propiedad privada y el trabajo asalariado. Con tal fin regula la imposición
de forma tal que:
1. empresas de baja competitividad no sean de antemano destruidas: zonas y/o renglones
industriales sujetos a exenciones o reintegros impositivos, desgravación de la agricultura, etc.;
2. que la reproducción existencial de la clase obrera no quede directamente cuestionada, ahí donde
el mismo estado con su red de prestaciones sociales ha reconocido las amenazas que pesan sobre ella y
apuntado a controlarlas: mínimo no imponible exenciones sobre las cuentas de ahorro para edificar, y
sobre jubilaciones y pensiones, economía doméstica doble, etc. ;
3. que las asociaciones de caridad privadas, con estatuto empresarial, no sean impedidas en sus
tareas compensatorias frente al indispensable pauperismo: exenciones y subsidios fiscales para las
obras de beneficencia.
Tales contemplaciones, sobre todo las del punto uno, constituyen el objeto central de las reformas
impositivas, que van acompañadas siempre por las controversias públicas sobre el costo de tal o cual
ley de modificación de impuestos, con la participación en primera línea de estadistas y políticos, que
después entonces publicitan sus decisiones como el producto puro de la justicia.
c) Si la sociedad burguesa necesita de un estado que costea su existencia económica con la
restricción permanente de la sociedad (faux frais), para cuyos fines existe, o sea que el crecimiento de
la propiedad no se realiza sin un estado dotado económicamente para cumplir con sus funciones,
entonces ese estado tiene que haberse hecho económicamente eficiente, bajo circunstancias en las que
el capital y el trabajo asalariado aún no existían, mediante una cobranza de tributos que por un lado
garantizara su perdurabilidad, y por el otro obrara para divorciar capital y trabajo. El estado
precapitalista, aunque dependía del comercio y de la posesión de la forma abstracta de la riqueza, el
dinero, no tenía en su sociedad relaciones económicas interesadas en la producción de plusvalía. La
gravación fiscal de los campesinos que actuó como palanca de la acumulación originaria, completada
con la transformación de la propiedad estatal en propiedad privada (ver § 7), no se debieron a que el
estado supiera que debía impulsar el capitalismo, sino porque sus propias necesidades (soldados, etc.)
lo requerían. Para conservarse el estado tuvo que cambiar.
d) En las controversias fiscales los demócratas muestran sin pudor su cara materialista. Mientras
que por lo general no vacilan en transformar su provecho en la toma de partido por el estado, los
ciudadanos pierden sus inhibiciones para denigrarlo cuando el poder público pone a prueba su lealtad
cívica en los tributos. El estado que señala que sus obras están vinculadas directamente a los aportes de