provincia de rio negro versión taquigráfica legislatura 37º periodo ...

21/1Febrero 27Le-FeuvreCon fecha 01/04/08 cursé nota al Ministro de Gobierno destacando laimprocedencia y el desatino de la respuesta brindada por la entonces Secretaria deSeguridad, cuando me informó que con respecto al primero no había imputación penal yque la justicia estaba investigando, y con respecto al segundo, Almirón, que el personaldel Servicio Penitenciario Provincial no estaba bajo su autoridad -supongo que sobreesto no tengo que hacer absolutamente ningún comentario-. A su vez solicitéprecisiones acerca de las medidas concretas adoptadas con respecto al Jefe de laPolicía.Con fecha 24/04/08 se cursó nota al Ministro de Gobierno, esta vezsolicitando la desafectación preventiva del servicio del Comisario José Rubén Dutra, porla vinculación en la causa de apremios ilegales contra el hijo de un miembro delSuperior Tribunal de Justicia, el conocido y publicitado “Caso Balladini”.Por otra parte, y con fecha 27/06/08 reclamé al actual Secretario deSeguridad y Justicia la implementación del cargo de Auditor General de AsuntosInternos de la policía provincial, a los efectos de garantizar transparencia eimparcialidad en los sumarios administrativos de la Fuerza, también en los términos dela nueva ley 4.200. De más está decir que no obtuve ninguna respuesta por parte deninguno de los funcionarios requeridos.Quiero puntualizar que con fecha 27 de Mayo de 2008 dicté la resoluciónnúmero 83/08, por la cual me dirigí al señor gobernador de la provincia de Río Negro enlos siguientes términos, le dije al gobernador: “Resultado de una tarea exhaustiva deconstataciones y relevamientos en todo el territorio provincial, sumado a ello lasdenuncias de las actuaciones administrativas en trámite, así como el valioso aporte delos medios de prensa que día a día reflejan datos incontrastables de la realidad, estaDefensora del Pueblo considera oportuno formular una recomendación al titular delPoder Ejecutivo Provincial, máxima autoridad de la Policía Provincial, para que se sirvaarbitrar con la mayor premura, las medidas conducentes tendientes a revertir lasituación descripta por la que atraviesa la Institución Policial en la provincia de RíoNegro”. La presente recomendación persigue la noble intención de componer ladeteriorada imagen de la policía, Institución tan importante y tan necesaria para lasociedad rionegrina en la tarea de prevención del delito, por lo que debiera serentendida como muestra de colaboración en la construcción de las políticas públicas.En la fundamentación del acto administrativo se brinda un pormenorizadoanálisis de la situación, destacando como aspectos más significativos la reiteración decasos de apremios, abusos y represión desmedida por parte de la policía, lainseguridad y la demanda constante de mayor presencia de efectivos policiales en lascalles, capacitados y bien equipados, el funcionamiento deficiente de los consejoslocales de seguridad ciudadana, las insólitas y desacertadas decisiones políticas de laFuerza que comprometen el prestigio y buen nombre de la Institución Policial, como elsostenimiento en sus puestos de trabajo de comisarios cuestionados, o del propio Jefede la Policía, las desafectaciones de servicio solicitadas como medida preventiva quefueron sistemáticamente desatendidas, sumarios administrativos por problemas desalud o por presuntos actos de indisciplina que no se resuelven, privando a muchos delos agentes de la percepción de sus salarios durante meses o años, situaciones deextrema injusticia que han llevado a familias enteras a la indigencia total -yo lasconozco, yo las he visitado-.También destacaba la necesidad de instrumentar políticas de prevencióneficaces, en las que la policía provincial tiene que asumir un rol preponderante a travésde una gestión comprometida, responsable y transparente.Por otra parte, puse en conocimiento del señor gobernador los presuntoscasos de corrupción policial -denuncias anónimas- que son objeto de investigación porparte de esta Defensoría del Pueblo, entre los que se registran incumplimientos porparte de la Fuerza de sentencias judiciales que condenan e inhabilitan a policías para elejercicio de la función pública.