provincia de rio negro versión taquigráfica legislatura 37º periodo ...

30/1Febrero 27SierraNo muestra apego a las normas de nuestro estado de derecho ni a losprincipios de ética y moral que rigen el desenvolvimiento de su accionar.Las cuestiones personales del Jefe de la Policía se imponen sobre lacorrección y el decoro que exige su investidura. Ante cualquier cuestionamiento que lotiene como protagonista, a través de sus intervenciones mediáticas –que son muchasensayajustificaciones mundanas que hacen ceder estas premisas fundamentales ybásicas preceptuadas en las leyes y en los reglamentos policiales que lo rigen a él y alresto de la policía.Se advierte por parte de los funcionarios que debieran ejercer el mando de laFuerza, que debieran diseñar las políticas de prevención del delito en la provincia yseguridad de los habitantes rionegrinos, un desconocimiento elemental en la temáticaque los hace pasibles de una subordinación o dependencia en las estrategias a llevar acabo, lo cual tipifica claramente un avance de la Fuerza por sobre las autoridadesciviles.Un ejemplo incontrastable de ello es la ausencia del tan anunciado Mapa delDelito. No existe capacidad técnica de generar un mapa del delito desde el Ministerio deGobierno de la provincia de Río Negro y, por otro lado, a partir del tiempo transcurridodebo sospechar, tengo derecho a sospechar, que no existe vocación ni voluntad porparte de la Policía, de colaborar con la confección del mapa del delito porque parte dela policía está metida en el delito.Existe, a mi entender, una descomposición que se profundiza hacia adentroen la cadena de mando, señor presidente. El Jefe de la Policía protege y privilegia adeterminados policías, y persigue y margina a otros, según respondan o no a suestrategia personal. Esto está provocando un malestar interno que se consolida día adía y que puede traer aparejadas graves consecuencias de implosión dentro laInstitución.Las resoluciones que fundamentan sus directivas no se enmarcan en unapolítica institucional preestablecida, predecible, ajustada a derecho, sino lasresoluciones que fundamentan las directivas del jefe se fundan en actitudes ydecisiones total y absolutamente personales, espasmódicas, alejadas de losfundamentos legales y de la razonabilidad.La legislación que rige la Fuerza queda sujeta en el caso concreto acualquier tipo de interpretación. Debemos acotar también que su anacronismo imponeuna revisión urgente, tarea que está en manos de los señores legisladores.La hemos leído, releído, y llegamos a la conclusión de que sin forzardemasiado su interpretación permite –la ley- como lo hemos demostrado ante estaAsamblea, que un policía que comete delito penal, o sea, que rompe con el orden socialestablecido, con el agravante de que se lo ha instruido para que proteja el orden socialy se le paga para eso, puede permanecer dentro de la Fuerza e incluso retirarse de lamisma con un ascenso previo al retiro después de haber cometido el delito.Resulta abrumadora la cantidad de policías condenados penalmente. y lomás grave de todo es que cuando se los condena con la pena accesoria deinhabilitación, en franca violación –lo repito- con el artículo 119, igual se lo pasa apasiva, se viola el mandato de la sentencia judicial, no se cumple con las sentencias delos jueces, no se toma razón de los efectos jurídicos y de las consecuenciassancionatorias para esos condenados que han querido imponerle estos jueces.Contrariamente, Oficiales superiores y Comisarios con casi treinta años deservicio, con sus legajos intachables, con sobrada experiencia y capacitación, sonpasados a disponibilidad o retiro obligatorio, con la consecuente pérdida del recursohumano y la reparación económica que seguramente deberá solventar el EstadoProvincial, con motivo de los juicios por habérseles truncado la carrera policial, lajubilación, el ascenso.