Protocolo para incidir en la gestión del seguimiento y evaluación de ...

forzado sigue presente en todas las regiones del país, y sehace necesario indagar si las acciones de política públicaejecutadas por los responsables de su formulación,ejecución y seguimiento han transformado y superado lascondiciones que generan el desplazamiento y lasvulneraciones sistemáticas de los derechos de las personas.En la fecha de expedición del citado auto, la CorteConstitucional reconoció que ha habido avances en áreascríticas de la política de atención a la población desplazada,pero que aún no se demuestra la superación del estado decosas inconstitucional, ni un camino claro en esta dirección.Este nivel de avance, logrado por la política pública, setraduce en “la persistencia de una grave crisis humanitaria,que contraría numerosos mandatos de la ConstituciónPolítica y del derecho internacional, resumidas en losPrincipios Rectores del Desplazamiento Forzado de 1998”. 28Los informes de cumplimiento recibidos, además depresentar inconvenientes para demostrar los avanceslogrados, muestran atrasos en varias áreas críticas depolítica de atención, entre ellas en las siguientes: 29 Coordinación inadecuada y fragmentación de acciones; Registro y caracterización; Presupuesto destinado y ejecutado; Ausencia de indicadores de resultado significativosbasados en el goce efectivo de derechos; Falta de especificidad de la política pública deatención en sus diferentes manifestaciones; Desprotección de indígenas y afro colombianos; Escasa seguridad en procesos de retorno; Ausencia de enfoque diferencial; Ausencia de enfoque de prevención de la política, y Deficiente coordinación.28 Procuraduría General de la Nación. La prevalencia de los derechos de lasvíctimas del delito de desplazamiento forzado. 2006. p. 333.29 Ibídem, p. 336.41