Protocolo para incidir en la gestiÃ³n del seguimiento y evaluaciÃ³n de ...

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Anexo 4. Descripción de la Política Pública deAtención Integral de la Población en Situación deDesplazamiento.El reconocimiento de la grave situación de desplazamientoforzado que viene afectando al país, ha llevado a que elEstado colombiano reconozca su responsabilidad en cuantoa respetar y garantizar los derechos de la poblaciónafectada. Para esto, ha formulado una serie de medidas bajola concepción de una Política Nacional de Atención Integral ala Población Desplazada, dirigida a la prevención deldesplazamiento forzado y a la atención, protección yestabilización socioeconómica de los desplazados internos.En términos de la Defensoría, se ha dicho que:“El Estado colombiano, en virtud del mandato que le imponeel artículo 2º de la Carta, tiene el deber de proteger a lapoblación en situación de desplazamiento, y de esta maneraestá obligado a adoptar una respuesta a dicho fenómeno.Bajo este parámetro, la Corte valoró entonces si la políticadel Estado había contribuido o no, de una maneraconstitucionalmente significativa, al desconocimiento de losderechos fundamentales de las personas en condición dedesplazamiento.La Corte Constitucional pudo constatar que una multiplicidadde leyes, decretos, documentos CONPES, resoluciones,circulares, acuerdos y directivas presidenciales, dabancuenta de la existencia de una respuesta institucionalencaminada a enfrentar la problemática de la poblacióndesplazada y regulaban de manera concreta tanto laatención de la población afectada en sus diferentescomponentes, como la actuación exigida a los distintosorganismos y autoridades encargadas de la atención delproblema.” 4747 Defensoría del Pueblo. Desplazamiento forzado en Colombia. 2007. P. 20.77
Los resultados de estos análisis llevaron a la declaratoria deun estado de cosas inconstitucional (ECI), cuyas principalesrazones son:“(i) La vulneración masiva y generalizada de varios derechosconstitucionales que afecta a un número significativo depersonas.(ii) La prolongada omisión de las autoridades en elcumplimiento de sus obligaciones para garantizar losderechos.(iii) La adopción de prácticas inconstitucionales en losprocedimientos de las autoridades nacionales y locales (v.gr.la incorporación de la acción de tutela como parte delprocedimiento para garantizar el derecho).(iv) La no expedición de medidas legislativas, administrativaso presupuestales necesarias para evitar la vulneración dederechos.(v) La existencia de un problema social cuya solucióncompromete la intervención de varias entidades, querequiere la adopción de un conjunto complejo y coordinadode acciones, y que exige un nivel de recursos que demandaun esfuerzo presupuestal importante por parte del Estado.(vi) La excesiva congestión judicial producida comoconsecuencia de la promoción de innumerables acciones detutela por parte de personas afectadas por similaressituaciones de hecho.” 48De acuerdo con lo descrito en el documento Guía deAtención Integral a la Población Desplazada por la Violenciaen Colombia, Tomo I, la implementación de la políticapública en el país ha tenido las siguientes características 49 : Período 1995-2002.48 Defensoría del Pueblo. Desplazamiento forzado en Colombia. 2007. P. 2349 SNAIPD, UTeC. 2007. P. 42 – 62.78
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