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les otorga la ley antiterrorista.Según esa ley, los ayuntamientos puedenacceder a los registros de las llamadas telefónicasefectuadas y los correos electrónicosenviados por los vecinos del municipioy utilizar los sistemas de videovigilancia urbanapara descubrir o impedir un delito. Últimamente,ha crecido la preocupación porel modo en que algunos ayuntamientos hanutilizado las videocámaras para vigilar labasura que arrojan algunos vecinos o descubrira quienes dejan que su perro ensucielas aceras.“Aunque cada ayuntamiento debedecidir su propio camino a seguir, nuestroconsejo es que, salvo en las circunstanciasmás extremas, no es apropiado recurrir aesos poderes para asuntos triviales”, declarórecientemente Milton a la BBC. Dehecho que, como recordó, miles de personashan visto además como las autoridadeslocales lograban acceso a la listade sus llamadas telefónicas o controlabansus correos electrónicos.Testigos de injusticiasPor el contrario, en Israel, conscientes deque una imagen vale más que mil palabras,una ONG israelí ha repartido un centenarde videocámaras entre familias palestinaspara que dejen constancia visual de lashumillaciones y agresiones que sufren adiario. El proyecto dio sus frutos recientemente,cuando una joven del sur de Cisjordaniagrabó cómo cuatro habitantes delcercano asentamiento judío de Sussya dabanuna brutal paliza con bates a sus ancianostíos. Entregadas a los medios de comunicaciónpor la ONG, de nombre Btselem,las imágenes cayeron como un mazazo entreuna sociedad, la israelí, que “ignora ampliamentelo que sucede en los territorios palestinos”,explica el responsable de la organización,Michael Yagupsky.De igual modo, Amnistía Internacionalreclamó recientemente la implantación devideocámaras en todo el proceso de detencióny un mecanismo independiente deinvestigación de abusos de miembros de lasfuerzas de seguridad para evitar la tortura.Durante un encuentro informativo, organizadopor el Foro de la Nueva Sociedad, eldirector de la sección española de Amnistía,Esteban Beltrán, consideró importante y útilla colocación de cámaras en lugares de detenciónde Cataluña y el País Vasco. Pero conindependencia de las opiniones de unos yotros, el director de la Agencia Española deProtección de Datos, Artemi Rallo, ha expresadoen numerosas ocasiones su preocupaciónpor mantener la intimidad de las personasfrente al uso de estos dispositivos. Así,Artemi Rallo reconoce que el conocimientociudadano de las reglas para colocarlas es“cada vez mayor” (informar con un cartelde su existencia y pedir autorización). Además,según la legislación vigente hay obligaciónde inscribirse si además de captarUna ONG israelí repartió un centenar devideocámaras a familias palestinas para quedenunciaran las humillaciones que sufren adiario. El documento sorprendió a los israelíesimágenes se graban, pues el resultado es unarchivo y, en consecuencia, ha de ser notificadoa la Agencia.Por este motivo, la Agencia de Protecciónde Datos presta una especial atenciónal uso de las videocámaras. Así, según reflejanlas últimas memorias de este organismo,en el año 2009 se produjeron un totalde 721 actuaciones en esta materia, frente alas 365 del año anterior, lo que significa unincremento del casi 19%. Entre las principalesvulneraciones figura que los sistemasde videovigilancia no fueron instalados poruna entidad acreditada, que no eran proporcionadosa los fines que perseguían o quesu instalación no se notificó al registro dela Agencia de Protección de Datos (AEPD).El propio presidente de la Agenciaha reconocido que las denuncias sobreestos sistemas han experimentado unfuerte incremento, llegando a ser “centenares”,al tiempo que se ha disparadoel número de notificaciones de instalaciónde cámaras hechas a la Agencia;todo ello tras la entrada en vigor endiciembre de 2006 de una instrucción dela AEPD para regular estos sistemas.En España ya han nacido diferentesempresas dedicadas a ayudar a los empresariosa cumplir con la legislación vigente.Así, un asesor de Segurdata ha explicado aesta revista que su principal objetivo es analizarlos ficheros de sus clientes, regularizarsu situación ante la AEPD, diseñar lasmedidas de seguridad, formar a los trabajadoresy auditar y corregir deficiencias.Este tipo de empresa recuerda que la LOPDes una ley de obligado cumplimiento, sinexcepción alguna, también para los autónomoporque el objetivo de la misma esdefender el derecho a intimidad de las personasfísicas, y se muestra especialmenteexistente en el concepto del consentimiento:es necesario el permiso de las personaspara poder tratar sus datos dentro de lalegalidad y además se debe informar encada caso, de modo explícito, de los derechosque la ley otorga a cada ciudadano.Las nuevas tecnologías también permitenrecoger en microchips informacionesconfidenciales. Así, la implantación definitivade la historia clínica digital en el Siste-EXPRESIÓN ECONÓMICA 055