REVISTA PESCA OCTUBRE 2016

NORMAS IMPERFECTAS =
MEDIDAS CAUTELARES
Marcos Kisner Bueno
Existe un demanda de acción cautelar presentada por
una empresa pesquera contra el Ministerio de la Producción
para que se suspendan los procedimientos administrativos
sancionadores iniciados en aplicación de los numerales
6 y 10 del artículo 134 del Reglamento de la Ley
General de Pesca, modificado por los DS 015-2007-
PRODUCE y 013-2009-PRODUCE.
En mérito a esta demanda el Juez resuelve “declarar
fundada en parte la medida cautelar solicitada y en consecuencia
ordena suspender el trámite y/o ejecución de
todos los procedimientos administrativos sancionadores
en contra de la actora en donde se cometa la arbitrariedad
de exigir al actor cumpla con una conducta imposible
durante la actividad de pesca, como es el predecir el
porcentaje de pesca juvenil existente y/o en donde se
sancione al establecimiento industrial del actor por procesar
dicha pesca y no echarla al mar. Ordena también
que el demandado (o sea el Ministerio) se abstenga temporalmente
de iniciar nuevos procedimientos sancionadores
por la misma materia, lo que no impedirá que luego
de concluido este trámite procesal la Administración
pueda volver a iniciar dicho procedimiento.”
En primera reacción a casi nadie le gusta que se impugnen
multas y sanciones cometidas por pesqueras y que
los jueces dicten medidas cautelares. Una medida cautelar
por lo general deviene en impopular, sobre todo si
atenta contra la sostenibilidad de las especies. Pero hay
medidas y medidas.
En este caso puntual, un análisis objetivo e imparcial de
los considerandos de esta Resolución obliga, impulsa a
conceder la razón al demandante. Porque todos quienes
alguna vez hemos estado embarcados en faenas de pesca,
y/o hemos sido jefes de flota, podemos dar fe de que
una vez que la captura se encuentra dentro de la red no
hay más que dos alternativas: o subirla a bordo, o arrojarla
al mar, no hay una tercera opción. Por otro lado no
se puede predecir ni saber el porcentaje de incidencia de
juveniles que serán capturados.
Si se va a sancionar a la embarcación por hacer cualquiera
de las dos únicas alternativas que tiene, estamos
frente a un abuso originado por una norma imperfecta.
Más allá de lo indiscutible del derecho y la necesidad de
impedir la captura de juveniles y sancionar la mala
práctica, la norma vigente condena al patrón de cualquier
manera sin darle una salida lógica y razonable.
Haga lo que haga será sancionado. Y es contra ese espíritu
contra el cual se pronuncia el juez.
Este es el hecho que destaca Carlos Paredes en la investigación
aludida por la Resolución Judicial, efectuada por
la Universidad San Martín de Porras y que está siendo
usado como sustento de una medida cautelar como esta.
Efectivamente no se conoce informe técnico alguno que
diga porqué el límite máximo tolerable de juveniles es
del 10% y porque no 10.5 o 13 o 15 o cualquier número
finalmente. Por otro lado es absurdo que, además de
castigar a la embarcación la que no tiene salida alguna,
se sancione también a la planta de la misma empresa
por recibir una captura por la cual ya se sancionó a la
embarcación.
¿Qué se tendría que hacer entonces? Porque arrojarla al
mar también es un acto sujeto a sanción. Estas incoherencias,
que nacen de una norma imperfecta, constituyen
el germen de una medida cautelar. ¿Se puede objetar
que la empresa sancionada por esta razón se defienda
a través de una acción de amparo?
Esto ocurre porque quienes redactan las normas no tienen
la debida experiencia en materia de pesca. No es
suficiente ser abogado ni experto en técnica legislativa o
confección de resoluciones y decretos. Para normar de-
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