Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres

12 Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres
discriminación, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 7
Además, cuando se trata de casos de violencia contra las mujeres, las autoridades
deben actuar con absoluto apego al estándar de la debida diligencia establecido por
los instrumentos internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CoIDH).
Asimismo, en su artículo 2, la Constitución “reconoce y garantiza el derecho de los
pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la
autonomía para […] decidir sus formas internas de convivencia y organización social,
económica, política y cultural” 8 . En la fracción III, protege su derecho a: “elegir de
acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades
o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando
que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de
votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los
cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en
un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.” Además, agrega
que “[e]n ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticoelectorales
de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.”
Conforme con todo ello, la fracción I del artículo 41 constitucional, determina
que, entre los fines de los partidos políticos, se encuentran el de promover la participación
en la vida democrática y posibilitar el acceso de las y los ciudadanos al
ejercicio del poder público de acuerdo con la paridad.
En el mismo sentido, el artículo 7, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LEGIPE) determina que es un derecho de las y los ciudadanos,
así como una obligación de los partidos políticos, la igualdad de oportunidades
y la paridad para el acceso a cargos de elección popular.
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, reconoce que la discriminación representa un obstáculo para el bienestar
de las familias y de las sociedades, que a su vez entorpece las posibilidades de
las mujeres para contribuir en el desarrollo de sus países y de la humanidad. En
su Recomendación General 19, el Comité para la Eliminación de la Discriminación
7
Artículo 1.
8
Artículo 2 constitucional, apartado A, fracción I.