Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres

60 Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres
jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito y de violaciones
a derechos humanos, entendiéndose como tales, todo acto u omisión que afecte los
derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los tratados e instrumentos
internacionales, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad,
justicia, reparación integral y debida diligencia.
Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y la integridad,
recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de
la Ley General de Víctimas.
Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en la Ley, se brindarán
exclusivamente por las instituciones públicas de los gobiernos federal, de las
entidades federativas y municipios, a través de los programas, mecanismos y servicios
con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se
podrá recurrir a instituciones privadas.
Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales se garantizarán
incluyendo siempre un enfoque transversal de género y diferencial.
Se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos,
programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre
otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos
de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación
a la vida social, económica y política. Entre estas medidas, las víctimas
contarán con asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica,
traumatológica, y tanatológica y orientación jurídica.
Se entiende por atención, la acción de dar información, orientación y acompañamiento
jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a
los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, cualificando el ejercicio
de los mismos.
La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará prioridad
en su asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro
de las instituciones encargadas de brindarles atención y tratamiento.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo anteriormente señalado, la Ley General
de Víctimas, prevé que las autoridades del orden federal, estatal, las de la Ciudad de
México y municipios brindarán de inmediato a las víctimas información y asesoría
completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o
de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses
y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que