Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres

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Igualmente, se deben llevar a cabo programas de formación dirigidos a promover
la participación de las mujeres en el ámbito público y el desarrollo de competencias
para el ejercicio pleno de sus derechos políticos, incluido en los ámbitos municipal
y estatal, por ser estos los primeros espacios de incursión en la vida política de las
mujeres, por lo que se podrá trabajar en coordinación con los OPLES para acordar
actividades de capacitación.
B. Atención y sanción desde las funciones contenciosas
En el ámbito electoral, en materia de atención y sanción de los casos de violencia
política, se identifica que el INE realiza funciones materialmente jurisdiccionales en
los procedimientos sancionadores. En ese sentido, debe tenerse presente que los actos
que impliquen violencia política son conductas que inciden en una vulneración a
los derechos político-electorales de las mujeres, en razón de su género.
Al respecto, se destaca que los procedimientos con los que cuenta el INE para investigar
y sancionar comprenderán únicamente aquellas acciones u omisiones consideradas
como infracciones de acuerdo con la LGIPE, y no comprenderá aquellas conductas que
tengan lugar en la vida interna de los partidos políticos, en cuyo caso, su investigación
y sanción será materia de la justicia intrapartidaria o, en su caso, de un juicio para la
protección de los derechos políticos electorales del ciudadano.
Así, la sustanciación de tales procedimientos se realizará a la luz de la competencia
del INE y de las infracciones previstas actualmente en la normatividad aplicable.
De esta manera, el INE cuenta con dos procedimientos sancionadores: uno especial
y uno ordinario.
Al primero se le denomina Procedimiento Especial Sancionador o PES y al segundo
Procedimiento Sancionador Ordinario o POS y, entre otros supuestos, cada uno de
ellos observa lo siguiente.
Por lo que se refiere al Procedimiento Especial Sancionador, éste se puede iniciar,
de acuerdo con los artículos 470 y 471 de la LGIPE, cuando:
a) Se viole lo establecido en el artículo 41, base III, apartado A, inciso g, segundo y
tercer párrafo de la Constitución Federal o en el octavo párrafo del artículo 134 de
la misma, los cuales hacen alusión a:
i. La prohibición a los partidos políticos, a las y los candidatos para contratar o
adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de
radio y televisión.