Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres

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G. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
El Tribunal Electoral únicamente tiene facultades jurisdiccionales, por lo que no puede
atender directamente a una víctima de violencia política, aunque sí puede resolver casos
relacionados con dicha violencia. Si tiene conocimiento de uno o mientras se sustancia
un proceso, una de las partes involucradas la sufre, debe informarlo a las autoridades
competentes (FEPADE, INE, INMUJERES, FEVIMTRA, así como instituciones estatales
y/o municipales) para que le den la atención inmediata que corresponda y, si es el
caso, resolver el asunto planteado bajo los requerimientos con los que se debe atender
la violencia política con elementos de género.
No obstante, las instancias jurisdiccionales electorales —incluidas, por supuesto,
las locales— pueden dictar órdenes de protección, conceptualizadas en el artículo 27
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como:
“[A]ctos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la
víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por
la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente
constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.”
Según el artículo 33 de esta Ley, las autoridades jurisdiccionales competentes podrán
“valorar las órdenes y la determinación de medidas similares en sus resoluciones
o sentencias. Lo anterior con motivo de los juicios o procesos que en materia civil,
familiar o penal, se estén ventilando en los tribunales competentes.”
Por su parte, el artículo 40 de la Ley General de Víctimas prevé que:
“Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o
existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del
delito o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal,
estatal, del Distrito Federal o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades,
adoptarán con carácter inmediato, las medidas que sean necesarias para evitar
que la víctima sufra alguna lesión o daño.”
A esto se suma la recomendación del Comité CEDAW hecha a México en 2012:
“Acelerar la aplicación de las órdenes de protección en el plano estatal, garantizar que
las autoridades pertinentes sean conscientes de la importancia de emitir órdenes de