REVISTA PESCA NOVIEMBRE 2019

LAS “SIETE FAMILIAS” Y LOTA
PROTEIN: EL REGRESO DE LOS
OPERADORES EN LA LEY DE PESCA
POR FELIPE SALEH
El Presidente Piñera presentó un proyecto para regularizar las
concesiones de extracción que solo tenía dos artículos, pero
que hoy tiene 197 indicaciones. La iniciativa, tal cual está,
incluye modificaciones a muchos temas del sector y también
ha traído de regreso al elenco de lobistas que participó en la
discusión legislativa de 2012, conocida como "Ley Longueira",
incluida la empresa noruego-danesa Lota Protein. Una de las
prácticas que en el sector pesquero –relacionado con la tramitación
en el Congreso– se denuncian como reiteradas, es la
utilización de organizaciones de pescadores artesanales llamadas
"pescadores de papel", cuya labor –se indica– sería la
instalación de modificaciones legales que permitan una mejor
posición en el mercado de parte de actores industriales.
En medio de los llamados a anular la Ley de Pesca –aprobada
el 2012 y que pasó a la historia como la “Ley Longueira” a
fines del año pasado–, el Presidente Sebastián Piñera presentó
un proyecto de ley con solo dos artículos para modificar el
régimen de concesiones pesqueras y establecer una duración
de 20 años para los permisos de explotación, sin renovación.
En mayo de este año la ley se aprobó en general en la Sala
del Senado y fue devuelta para su discusión en particular.
Sin embargo, lo que debía seguir como la tramitación de una
“ley corta”, se fue complejizando en el camino, al punto de
acumular ya 197 indicaciones al proyecto y levantar intrincadas
discusiones técnicas sobre el manejo de los recursos, lo
que trajo de regreso a toda la fauna de lobistas y operadores
de la industria, que se hicieron conocidos durante la tramitación
de la ley original, impulsada por el ex ministro de Piñera
1, Pablo Longueira.
Para quienes conocieron de cerca la tramitación de la “Ley
Longueira”, este nuevo escenario se está desarrollando con la
misma intensidad que el 2012, debido a que son los mismos
intereses que, una vez más, se ponen en juego. Hace siete
años, el marco legal fue aprobado con amplias ventajas para
los grandes industriales, que para la opinión pública –gracias
a un eficiente trabajo comunicacional– pasaron a ser conocidos
como el grupo de “las siete familias” dueñas del mar,
asociadas fundamentalmente en la Sociedad Nacional de Pesca
(Sonapesca).
En esa época, en pleno primer Gobierno de Sebastián Piñera,
la gran perdedora fue la empresa noruego-danesa TripleNine,
que en Chile funciona con el nombre de Lota Protein. Su derrota
se debió en buena parte al fuerte lobby que emplearon
las compañías pesqueras más antiguas para mantener sus
“derechos históricos” sobre la explotación, dejándolos sin
cuotas de extracción.
Con la carrera ganada por parte de los industriales, la legitimidad
de la ley recién aprobada se fue ensombreciendo con
la misma rapidez con que empezaron a conocerse los detalles
de la trama de financiamiento irregular desde la industria pesquera
a un amplio sector de la política, del cual fueron símbolos
la entonces diputada Marta Isasi y el otrora senador Jaime
Orpis, ambos acusados de cohecho.
A partir de ese minuto, todo lo que representara o estuviera
asociado a “las siete familias” se convirtió en un veneno comunicacional
para cualquier político.
“La industria pesquera está en el suelo políticamente. Ni siquiera
la derecha, que podría ser su sector más afín, la apoya.
Cualquier cosa que hagas en contra de la industria, es
rentable políticamente. ¿Quién va a venir a defender la pesca
de arrastre al Congreso? Es como matar un panda”, reconoce
un asesor parlamentario de la comisión en el Senado.
Lota Protein: la lenta estrategia de apoyar al adversario
En octubre de 2011, un grupo de pescadores salió abruptamente
de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales
de Chile (Conapach) para formar la Condepp. Cosme Caracciolo,
de Valparaíso; Nelson Estrada, de Talcahuano; Jorge
Bustos, de Puerto Montt; Hernán Machuca, de Queule; Gino
Bavestrello, de Valdivia; y Hernán Cortés, de Coronel –el actual
presidente de la entidad–, se constituyeron como los
principales líderes de la nueva organización. Dieron la pelea,
pusieron a disposición buenos recursos, pero teniendo en
cuenta el poder financiero muy superior que desplegaron en
el Parlamento los industriales, la nueva orgánica no logró influir
lo suficiente en la tramitación de la Ley Longueira, que
finalmente se aprobó.
“Lograron recolectar a una serie de dirigentes que no eran de
la primera línea, pero sí muy hábiles en cuanto a generar movilizaciones
y acciones comunicacionales”, dice un ex integrante
de la organización. “Llegaban a las reuniones en el
Congreso con un periodista y un abogado, cuando en este
mundo de los pescadores apenas se pagan las cuotas del sindicato”,
afirma una fuente de la comisión de Intereses Marítimos,
Pesca y Acuicultura del Senado.
Revista Pesca noviembre 2019 39