Suplemento Revista Pesca julio 2020

LO QUE PUEDE Y DEBIERA HACER UN
PRESIDENTE DEL PERU
1. Dirigir la política general de gobierno hacia un Estado
soberano e inclusivo, que no esté maniatado por
los poderes fácticos de la prensa, la banca y la gran
empresa privada.
2. Por cada sector, darle al país una visión de futuro,
derivada de la formulación de políticas de Estado
para todos los sectores que además tengan mecanismos
que las haga vinculantes para todas las administraciones.
El principal problema nacional es la
falta de objetivos, en la medida que cada nuevo gobierno
es libre de hacer lo que quiera e implementar
los planes estratégicos que se le ocurran sin respetar
necesariamente lo actuado por los gobiernos anteriores.
3. Fortalecer la gobernabilidad y la gobernanza a través
de una profunda Reforma del Estado que ponga al
aparato público al servicio del ciudadano.
4. Nombrar a los ministros de Estado con la garantía de
no removerlo del cargo con demasiada frecuencia,
salvo falta grave, puesto que asegurar la continuidad
de la gestión es fundamental para el desarrollo de las
políticas y planes de gobierno. Estos funcionarios serán
de la confianza exclusiva del Presidente de la República
y se mantendrán en sus puestos mientras
cuenten con ella; pero además deben ser expertos en
su sector.
Esto es todo lo que puede hacer el Presidente. Entonces,
¿qué no puede hacer? Todo lo que la Constitución le impide.
En este contexto, ¿cómo ejecutar el plan de gobierno
cuando se inicia el periodo en la mitad de una ejecución
presupuestal aprobada por ley y con planes estratégicos
ya aprobados? Sencillamente con funcionarios comprometidos
con el plan, con experiencia en el sector y en la
administración pública. Con cinco años de gobierno no
hay tiempo para que la gente empiece a aprender o se
de el lujo de cometer errores derivados de la ignorancia.
En el Informe sobre desarrollo mundial 2017: “La gobernanza
y las leyes” se analizan cómo la distribución desigual
del poder en la sociedad limita la eficacia de las
políticas. Las asimetrías de poder ayudan a explicar, por
ejemplo, por qué las leyes y los organismos anticorrupción
modelo a menudo no logran poner freno a la corrupción,
por qué la descentralización no siempre mejora
los servicios municipales o por qué las políticas fiscales
bien diseñadas en algunos casos no reducen la volatilidad
ni generan ahorros a largo plazo.
En el informe se observa que, cuando las soluciones normativas
y técnicas no logran los resultados previstos,
suele responsabilizarse a las instituciones. Sin embargo,
se concluye que los países y los donantes deben adoptar
una perspectiva más amplia para mejorar la gobernanza
y contribuir a que las políticas den resultado.
Se define la gobernanza como el proceso mediante el
cual los grupos estatales y no estatales interactúan para
diseñar y aplicar políticas, trabajando en el marco de un
conjunto de reglas formales e informales que son moldeadas
por el poder”
“Los funcionarios del Gobierno no actúan en el vacío. Sus
decisiones reflejan el poder de negociación de los ciudadanos
que compiten entre sí para defender intereses
contrapuestos”, afirmó Paul Romer, primer economista
del Banco Mundial. “De modo que en este informe se
plantea un debate sumamente importante para los Gobiernos,
sus países y las personas de la comunidad del
desarrollo acerca de cómo podemos garantizar que la
sociedad haya elegido un camino que genere progreso.
En todos los países debemos hacer frente a un proceso
político complicado, cuyos resultados se ven influidos por
los factores de poder, y debemos buscar la forma de garantizar
que ese proceso genere avances para todos”.
Según el informe, la distribución desigual del poder puede
excluir a determinados grupos y personas de las recompensas
y beneficios de la participación en las políticas.
No obstante, es posible generar un cambio significativo
con la participación y la interacción de los ciudadanos
(a través de coaliciones destinadas a modificar los
incentivos de quienes toman los decisiones), de las élites
(mediante acuerdos entre los funcionarios responsables
de tomar las decisiones para restringir su propio poder),
y de la comunidad internacional (a través de la influencia
indirecta para modificar el poder relativo de los reformadores
nacionales).
En el informe se concluye que las políticas adecuadas
suelen ser difíciles de introducir y aplicar, dado que en
algunos casos los grupos de la sociedad que se benefician
del statu quo son suficientemente poderosos como
para resistir las reformas necesarias para cambiar el
equilibrio existente.
“Como se señala en el informe, las reformas eficaces no
consisten solo aplicar ‘mejores prácticas’. También requieren
adaptar las instituciones de modo de sacar mayor
provecho de la dinámica local y resolver los problemas
específicos que impiden lograr un desarrollo que
beneficie a todos los ciudadanos”.
Revista Pesca Suplemento julio 2020 42