encendiendo-la-llama-del-ecologismo-revolucionario

tarde, la gerente de la oficina del Sea Shepherd Marina del Rey sería acosada y citada
por su sospechosa relación con Coronado. Ella había adquirido el coche de Coronado
cuando todavía estaba en Los Ángeles.
A raíz de la información incautada de la casa de Maryland de un antiguo empleado de
PETA en el verano de 1992, el Gran Jurado decidió investigar en Luisiana las pautas del
plan suspendido de atacar el Delta Regional Primate Facility de la Universidad de
Tulane. A finales de 1992, cerca de treinta activistas habían sido citados, muchos de
ellos para testificar sobre su conocimiento sobre ALF.
El colectivo "Friends of Animals" en Connecticut, que había financiado en cubierto la
investigación de la CAFF sobre granjas de pieles en EEUU, cooperó totalmente con las
autoridades. 1992 sería un año recordado como aquel en el que docenas de activistas
alternativos, así como muchos más por la liberación animal y movimientos ecologistas
radicales vivieron en sus propias carnes la represión que el FBI y el ATF estaba
causando a aquellos que apoyaban la acción directa de los guerreros del ALF y del
Earth First! A pesar de la intimidación, muchos activistas afectados por la tormenta no
se dejaron amedrentar por los fascistas del gobierno norteamericano en la primavera del
93. Dos voluntarios de la CAFF se convirtieron en el objetivo del castigo federal.
Deborah Scout y Kimberly Trimiew siguieron el camino a prisión de Jonathan Paul.
Rick Scarce permanecía en esos momentos en la cárcel de Spokane, Washington, por
negarse a testificar acerca de su relación con el ALF y con Coronado.
No sólo los activistas fueron citados en el Gran Jurado, también llamaron a sus padres
para declarar delante de la Inquisición. Mientras tanto, los gobiernos de los estados y el
congreso luchaban por sacar adelante una legislación adaptada para aquellos que
saboteasen al ALF y a Earth First! No pasó mucho tiempo para que todos los estados
que fuesen visitados por el ALF tuviesen la "ley de protección de industrias animales",
según la cual cualquier ataque del ALF debía ser considerado directamente como un
crimen castigado con grandes indemnizaciones y hasta diez años de prisión.
En julio de 1993, una acusación federal en el distrito Oeste de Michigan llamaba a Rod
Coronado y le acusaba de incendio y de introducirse en la MSU. En pocos días, la cara
de Coronado aparecía en la lista de "los más buscados" por el FBI, el ATF y la US
Marshall. A pesar de que el congreso y las leyes señalaban al ALF como una fuerte y
bien estructurada organización, las autoridades sólo podían construir el caso contra
Coronado en relación con su historia y con la acción directa ilegal. A través de la táctica
de cazar al pez pequeño para luego coger al grande, el gobierno de EEUU había
planeado la estratégica decisión de colocar todas las culpas sobre Coronado para que la
evidencia surgiese y dirigiese las acusaciones hacia otros guerreros del ALF.
Una vez más, las fuerzas de destrucción que atentaban contra la Madre Tierra y contra
sus hijos los animales habían puesto un precio a la cabeza del guerrero indígena que
había luchado por defender los desiertos y la vida salvaje de los americanos nativos.
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