Desplazamiento y políticas públicas de restablecimiento en Colombia

MARCO GENERAL DEL DEBATE
Contexto de la política pública colombiana
Con el objetivo de formular recomendaciones para fortalecer
el acceso y la protección de tierras de la población en
situación de desplazamiento en proceso de restablecimiento, y
desde un enfoque de derechos, la mesa centró sus reflexiones
y análisis en la búsqueda de formas efectivas para reconocer y
reparar los derechos vulnerados de la población desplazada en
esta materia.
Según sus participantes y de acuerdo con la hipótesis planteada
por Darío Fajardo, en Colombia el desplazamiento forzado
ha estado históricamente relacionado con los procesos de concentración
de la tierra, las dinámicas territoriales del conflicto
armado por el dominio de zonas estratégicas y el control de la
población para que ésta entre a los mercados laborales como
“mano de obra barata”. Por lo tanto, el acceso de la población
desplazada a tierras productivas y la protección de los derechos
sobre predios y bienes de aquellas familias que han tenido
que abandonarlos, es un eje fundamental para la viabilidad y
el éxito de los procesos de restablecimiento. Especialmente si
se tiene en cuenta que la inmensa mayoría de la población
desplazada es de origen rural y su relación con la tierra hace
parte de su activo económico, sus procesos de organización
social y sus dinámicas de construcción de identidad cultural.
Así mismo, se reconoció que la protección de los bienes de
la población desplazada y de las personas en inminencia de desplazamiento
en escenarios de conflicto armado, facilita la posterior
reparación de derechos en contextos de post conflicto.
Con este marco, la contextualización de la discusión en
esta mesa, no estuvo exclusivamente a cargo de la Red de Solidaridad
Social; fue construida de manera colectiva a través de
los aportes de los participantes a tres temas identificados como
ejes analíticos inherentes al reconocimiento y reparación de los
derechos en materia de tierras. Estos fueron: el marco normativo,
la articulación de los componentes del restablecimiento, y
los sistemas de información y registro de inmuebles abandonados
por la violencia.
Aspectos normativos del acceso a tierras
Los participantes de la mesa enfatizaron la necesidad de
considerar las diferentes posibilidades y alternativas legales para
el acceso y la propiedad de la tierra, en el marco de “la inter-
Parte iv. Acceso y protección de tierras para la
población en situación de desplazamiento
pretación mas favorable” prevista por la Sentencia T-327 de 2001
de la Corte Constitucional que integra los Principios Rectores de
los Desplazamientos Internos al Bloque de Constitucionalidad, señalando
que las normas deben ser interpretadas por las entidades
del Estado de la manera más favorable en beneficio de la población
desplazada. Bajo este consenso, de manera colectiva se
procedió a una breve descripción de cada una de las normas, y a
un análisis de sus alcances y limitaciones.
Procesos de extinción del derecho de dominio
(Ley 160 de 1994; ley 793 de 2002)
Se aclaró que existen dos formas legales para la extinción
del derecho de dominio. Por un lado, la extinción de dominio
enmarcada en la ley 160 de 1994 de reforma agraria, que
aplica cuando los bienes no cumplen con la función social de
la propiedad, es decir, tierras con una inadecuada utilización
en términos de explotación agropecuaria o destinadas a la explotación
de cultivos ilícitos1 . De otro lado, el proceso de extinción
de dominio sobre bienes adquiridos de forma ilícita, entre ellos
el narcotráfico, que se estableció en primera instancia en la Ley
333 de 1996, derogada por la Ley 793 de 2002.
Al respecto, la funcionaria del INCODER manifestó que si bien
los dos procedimientos han sido utilizados por el Estado para
adquirir tierras, el mecanismo de extinción por el no cumplimiento
de la función social, ha sido poco efectivo debido a
que el propietario de las tierras tiene derecho a reclamar y
exponer los motivos de una inadecuada utilización. Además, la
viabilidad o no de la extinción de estos bienes, es establecida
por la justicia ordinaria, por lo que el resultado del proceso
está mas allá de las competencias del INCODER.
1
Artículo 52, capítulo IX, Ley 160 de 1996. “Establécese en favor
de la Nación la extinción del derecho de dominio o propiedad sobre
los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la
forma establecida en el artículo primero de la Ley 200 de 1936,
durante tres (3) años continuos, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o
cuando los propietarios violen las disposiciones sobre conservación,
mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales
renovables, y las de preservación y restauración del ambiente, o cuando
los propietarios violen las normas sobre zonas de reserva agrícola o
forestal establecidas en los planes de desarrollo de los municipios o
distritos con más de 300.000 habitantes.
También será causal de extinción del derecho de dominio la
destinación del predio para la explotación con cultivos ilícitos. El
procedimiento respectivo se iniciará de oficio o a solicitud de
autoridad competente”.
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