Desplazamiento y políticas públicas de restablecimiento en Colombia

En este orden de ideas, la representante de ASODESAMUBA
mostró su desacuerdo porque a su parecer los beneficios brindados
por el Estado no son suficientes para reconstruir el proyecto
de vida de las familias, ni reparan los daños causados a la población.
Además recordó que el Estado es responsable de las acciones
que atentan contra la seguridad de las poblaciones afectadas
por los enfrentamientos indiscriminados y las fumigaciones que
perjudican los cultivos y la salud de los habitantes. Finalmente,
aseguró que existen algunas personas que se aprovechan de los
beneficios dirigidos a la población desplazada, pero advirtió que
esto no debe generalizarse.
El Consejero de Paz de la Gobernación del Valle del Cauca
recalcó que en el contexto actual de pobreza del país, es inevita-
RECOMENDACIONES GENERALES
DE LA MESA
Parte ii.Reconocimiento, protección y resarcimiento
de derechos en procesos de restablecimiento
ble que algunas personas que no han sido víctimas del desplazamiento
forzoso se vinculen al Sistema Único de Registro, por lo
tanto se hace necesaria una depuración del mismo con el fin de
lograr fiscalizar y determinar efectivamente la condición de desplazamiento
por medio de algún tipo de confrontación de la
información.
En este sentido, la moderación comentó que en su concepto,
la cesación no es posible si no hay una integralidad del SNAIPD,
pues no es viable un resarcimiento ni una protección efectiva de
los derechos de una población, cuando estos se dan a cuenta gota
y no de manera simultánea y sostenible.
Las recomendaciones colectivas y consensuadas de los participantes de la mesa que buscan mejorar la capacidad de respuesta
del Estado colombiano en el reconocimiento, protección y resarcimiento de los derechos de la PID en procesos de restablecimiento,
fueron:
1. Desde un enfoque de derechos se propone ajustar las medidas
de política a los estándares incluidos en los Principios
Rectores de los Desplazamientos Internos.
2. Investigar las posibilidades reales de integración local o
de reubicación en las zonas de restablecimiento.
3. Informar a la población en procesos de restablecimiento
sobre las alternativas existentes además del retorno.
4. Consignar la política en instrumentos de fácil acceso y comprensión
para la PID, que permitan informar sobre las
alternativas existentes de retorno, sus opciones y el tipo de
asistencia.
5. Respetar los procedimientos establecidos en términos de
visitas previas a los lugares de retorno.
6. Esclarecer y dar a conocer la oferta, y los compromisos
institucionales a quienes se van a decidir por algún proceso
de restablecimiento.
7. Estructurar un plan de seguimiento y evaluación de los
procesos de retorno con la participación de organismos de
control, del sector no gubernamental y de las organizaciones
de población desplazada.
8. No avanzar en la aplicación de instrumentos de cesación
de la condición de desplazamiento dada la dinámica del
conflicto y la inestabilidad de los procesos de integración
o retorno.
9. Atender las necesidades de las mujeres en temas de ayuda
humanitaria, salud sexual y reproductiva, y priorizar la atención
especial que deben recibir las mujeres cabeza de familia
que se encuentran en condición de desplazamiento.
10. Considerar de manera especial las necesidades de las comunidades
indígenas y afro colombianas, integrando sus
derechos culturales y territoriales.
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