Desplazamiento y políticas públicas de restablecimiento en Colombia

jurídico nulo por vicio en el consentimiento. Los participantes de
la mesa de manera conjunta manifestaron su inquietud por el
poco tiempo previsto para interponer las acciones de la justicia
común, así como por las dificultades que se han advertido en la
PID para saber ante quién hay que interponerlas, en qué tiempos,
con qué costos y si la diligencia es efectuada por un defensor
público, verificar la calidad de la misma.
Tenedores
Los participantes definieron la calidad de tenedor, como
aquella en que se tiene un vínculo con la tierra por medio del
reconocimiento de un tercero que es propietario. Por lo general,
el vínculo es un contrato de arrendamiento o de comodato.
Un primer problema expuesto por la delegada de Opción
Legal fue precisamente el reconocimiento de la condición, pues
en muchos casos los contratos físicos no se encuentran o el
vínculo se ha creado por acuerdo de palabra. En este mismo
sentido, la coordinadora del Proyecto de Protección de Bienes
Patrimoniales expuso que la calidad de tenedor, a pesar de
estar contemplada en el marco de la declaratoria por el decreto
2007de 2001, no es clara en los inventarios que se poseen
en la actualidad y que ni bajo la figura de declaratoria de inminencia
o de desplazamiento, existen instrumentos para registrar
las mejoras o inversiones de corto y mediano plazo que el tenedor
realizó en el inmueble6 . Esto evidenció en concepto de
6
Numeral 1, artículo 1º, decreto 2007 de 2001. “Con el objeto de
proteger la población de actos arbitrarios contra su vida, integridad y
bienes patrimoniales, por circunstancias que puedan originar o hayan
originado un desplazamiento forzado; el Comité Municipal, Distrital
o Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada
por la Violencia, declarará mediante acto motivado, la inminencia de
riesgo de desplazamiento o de su ocurrencia por causa de la violencia,
en una zona determinada del territorio de su jurisdicción,
procediendo a: 1. Identificar a los propietarios, poseedores, tenedores
y ocupantes, ubicados dentro de la respectiva zona de desplazamiento,
estableciendo en lo posible, el período de vinculación de cada uno
de ellos con el respectivo inmueble. Para el efecto, los respectivos
alcaldes municipales, procuradores judiciales agrarios, jefes seccionales
del IGAC, registradores de instrumentos públicos y gerentes regionales
del INCORA, con base en los registros existentes en las UMATA, en las
oficinas de catastro y de registro de instrumentos públicos, en el
Incora o en otras entidades, presentarán al Comité en un término
no mayor a 8 días calendario, contados a partir de la declaratoria de
inminencia de riesgo de desplazamiento o de desplazamiento forzado,
un informe sobre los predios rurales existentes en la fecha de
Parte iv. Acceso y protección de tierras para la
población en situación de desplazamiento
todos los asistentes, la necesidad de ampliar los registros para
que no solo dieran cuenta de los predios abandonados, sino
también de aquellos con posibilidad de ser abandonados.
El funcionario de la RSS aclaró frente al tema de la reparación,
que se debe compensar de manera diferenciada al
propietario y al tenedor. Esto porque al primero se le vulnera
el derecho a la propiedad y al segundo el derecho al trabajo y
a la inversión. En este orden de ideas, los derechos del tenedor
se deben reparar de acuerdo al tipo de vínculo que éste tenga
con el propietario para el usufructo de la tierra.
El representante de la Asociación de Desplazados Nueva
Esperanza, manifestó su inquietud por la manera en que se
reconocen y reparan los derechos cuando luego de una asignación
de tierra se produce un nuevo desplazamiento. Al respecto,
el asesor del Proyecto de Protección de Bienes Patrimoniales
explicó que la Corte Constitucional por tutela amparó el derecho
de reingresar a los registros del SNAIPD pues, aunque hubiera
cesado la condición de desplazado por un tiempo, al ser víctima
de un nuevo desplazamiento se adquiría de nuevo el derecho
a ser beneficiario de los programas de atención a la PID, incluida
una nueva asignación de tierras.
Un último asunto puesto a consideración por la delegada
del Incoder, fruto de los cuestionamientos del representante de
la organización Nueva Esperanza sobre la calidad de quienes
han sido beneficiados por modalidades temporales de asignación
de tierras, fueron los alcances en términos de propiedad y
derechos que se derivan de la modalidad de contratos de asignación
consignada en la Ley 812 de 2003, donde el Estado es
el propietario y la PID tenedora. Este instrumento a juicio de la
funcionaria, que se justifica como mecanismo para garantizar
la asignación ágil de tierras por medio de una verificación de
la viabilidad de los proyectos productivos, no prevé de manera
explícita los derechos derivados del contrato de asignación, situación
que amerita una reflexión.
Poseedores
La figura del poseedor se definió como aquél que no reconoce
ningún propietario diferente a sí mismo, que carece de
título alguno y se encuentra en posesión de la tierra. Se explicó
declaratoria de inminencia de riesgo o de ocurrencia de los primeros
hechos que originaron el desplazamiento, precisando la titularidad
de los derechos constituidos y las características básicas del inmueble”.
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