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LA CONSTATACIÓN DE LA MAGNITUD DEL DÉFICIT ACUMULADO, DEL ORDEN DE 25.000 MM€,
A FINALES DE 2011, A LO QUE HABÍA QUE AÑADIR PREVISIONES DE INCREMENTO ANUAL
DE 5.000 A 6.000 MM€, HACÍAN IMPRESCINDIBLE UN CAMBIO DE POLÍTICA
por tanto gastos incrementales que debieran tenerse en
cuenta en su retribución, además de merecer el derecho
a compensación por disponibilidad de potencia. Por otra
parte, una defectuosa regulación provocó un crecimiento
exponencial de la potencia instalada (fotovoltaica y más
recientemente solar térmica) con inversiones en las que
participaban en muchos casos administraciones locales y
CC.AA. además de fondos de inversión extranjeros que
basaron sus cálculos de rentabilidad en la hipótesis de
una continuidad de las primas. La constatación de la magnitud
del déficit acumulado, del orden de 25.000 MM€, a
finales de 2011, a lo que había que añadir previsiones de
incremento anual de 5.000 a 6.000 MM€, hacían imprescindible
un cambio de política. Esto ha llevado a reducciones
drásticas de las primas desde el año 2011 cuyo efecto
se acrecienta con el impuesto del 7% sobre la retribución
total de la generación, contenido en el Anteproyecto de
Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética,
que en la fecha de este artículo se encuentra en trámite de
enmiendas en el Senado. El efecto neto de lo expuesto ha
sido un parón en la actividad inversora, posibles acciones
judiciales o de arbitraje por recorte retroactivo de beneficios
a inversiones ya efectuadas y en general un daño
importante al empleo y la contribución del Sector al PIB
nacional.
Las situaciones expuestas resultan muy perjudiciales y
requieren una rápida corrección. Para ello nos parece que
habría que tener en cuenta los siguientes criterios: (1) No
tiene sentido seguir primando a cargo de la tarifa eléctrica
nuevas instalaciones si no son competitivas a precios de
mercado ni aportan desarrollos tecnológicos importantes
artículo
ya que con ello sólo se lograría incrementar aún más el
problema del déficit de tarifa. El sector debería considerar
que ha llegado el momento de alcanzar la paridad de red;
(2) Podría considerarse primar a nuevas instalaciones prototipo
que aportasen desarrollos tecnológicos de valor
real para la exportación. En todo caso estas ayudas deberían
cargarse a los presupuestos generales del Estado
como I+D y (3) De modo transitorio podría considerarse
que los incentivos públicos a las energías renovables,
suprimidos temporalmente por el Gobierno hace más de
nueve meses, se fueran reinstaurando en parte, para no
paralizar por más tiempo el desarrollo de aquellos proyectos
que pudieran generar empleo y un flujo neto positivo
para las arcas públicas, contribuyendo a reducir el déficit
público y evitando el hundimiento de muchas empresas
españolas del sector. El Gobierno ha expuesto que su principal
prioridad en estos momentos es el control del déficit
público en general y del eléctrico en particular, lo que hace
difícil asignar partidas de gastos para posibles incentivos
a las renovables, excepto si fueran de flujo neto positivo,
según lo expuesto. También debería evaluarse de qué forma
los citados nuevos incentivos podrían ser cargados a
los Presupuestos Generales del Estado, en cualquier caso
con la condición de que el resultado supusiera una reducción
del déficit público y pudiesen empezar a abonarse a
partir de 2015, cuando las plantas comenzasen a operar.
De esta forma, los citados incentivos contribuirían al objetivo
fundamental del Gobierno de reducir el déficit público
y el paro de aquí al 2014. No se debieran compensar a
través de la tarifa eléctrica ya que más elevaciones de precios
resultarían imposibles de asumir, en particular por
noviembre - diciembre COIIM
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