Informe del PRISE - Auditoría General de la Nación

En este caso, o bien se acepta que el órgano no ha dictado norma alguna con respecto a
la materia normada (tal como sucedería en el caso de una sentencia que se
autocontradice) o bien se considera que el órgano creador de la norma ha facultado al
órgano aplicador a escoger la alternativa que le parezca más conveniente entre las
normas contradictorias. Para superar esta contradicción y evitar la inconsistencia que
ella ocasiona al sistema en que, prima facie, aparece, los derechos positivos tienen
distintos mecanismos a los que se puede recurrir.
La primera posibilidad es que –en el caso bajo análisis– o bien todos los enunciados son
excluidos del sistema (la Corte Suprema ha dicho que una sentencia autocontradictoria
no constituye sentencia alguna: no es norma, pues no tiene sentido prescriptivo
determinable 13 ); o bien, una sola de las normas del par contradictorio es aceptada.
Otra técnica usual para solucionar la contradicción aparente entre dos normas de igual
nivel consiste en interpretar una de ellas como una excepción o limitación de la otra,
que se considera de alcance más general. Para lograr esta solución, generalmente es
necesario parafrasear la redacción original de las normas. Mediante este procedimiento
se escamotea el conflicto real de poderes que pueda expresarse a través de las normas
inconsistentes. La nueva redacción otorgada a una de las normas en conflicto significa
establecer como válida una norma nueva, la cual se supone introducida en el orden
jurídico únicamente como una paráfrasis aclaradora. De ahí que cierto tipo de
interpretación –la llamada “interpretación auténtica”– no implique un acto de creación,
sino restablecer una situación originalmente mal planteada, reconociéndosele efectos
retroactivos. 14
Por otra parte, con el dictado del Decreto 624/2003 (B.O. 22/08/03), la contradicción
planteada en el Decreto 67/2003 parecería que la totalidad de las funciones que estaban
asignadas a la Secretaría de Finanzas y a la de Política Económica se encuentran ahora
en cabeza de la Jefatura de Gabinete, ya que en este caso sí se aplica el principio de que
la lex posterior derogat priori (la ley posterior -en el tiempo- tiene mayor fuerza
obligatoria que la precedente).
Recomendación: Deben dictarse normas que delimiten claramente las funciones e
incumbencias de cada una de las áreas vinculadas al otorgamiento de préstamos de
Organismos Multilaterales de Crédito a efectos de evitar superposiciones innecesarias y
facilitar el deslinde de responsabilidades.
13 C.S.J., 30/08/1977 “Dirección Nacional de Vialidad c. Marriani, Luis C.”, en L.L. 1979-A, 558
(34.944-S); C.S.J., 27/06/1978, “Domingo S.A., Andrés y otro”, en Fallos, 300-681; C.S.J., 03/05/1979,
“Lanvara, Vicente R. c. Empresa Nac. De Telecomunicaciones”, en Fallos, 301-338; C.S.J., 12/02/1987,
“Paladini, Rodolfo A. c. Banco Comercial de La Plata”, en L.L. 1987-D, 45 –DJ, 1987-2-1015; etc.
14 VERNENGO, Roberto José. “Curso de Teoría General del Derecho”, Buenos Aires, Cooperadora de
Derecho y Ciencias Sociales, 1972, págs. 347-348.
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