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Afectación de los derechos a la libertad personal e identidad
intervención defensorial con miras a la defensa y restitución
de tales derechos.
Segundo.- La exigencia de la identificación e
individualización plena del procesado y la obligatoriedad
de consignar los datos de éste en los mandatos de detención.
La Constitución Política, así como las normas adjetivas y
sustantivas, establecen expresamente las funciones que cada
institución del sistema de administración de justicia debe
cumplir para la identificación e individualización del presunto
autor o partícipe de un delito.
La tarea de identificación e individualización
preliminar de los presuntos autores o cómplices de un delito
corresponde a la Policía Nacional, la que debe formular los
atestados con todos los datos necesarios para ello. La
supervisión del cumplimiento de dicha obligación compete al
Ministerio Público, cuyos representantes están facultados a
disponer el archivamiento provisional de la denuncia o la
ampliación de las investigaciones cuando no se cuente con
dicha información. Finalmente, en atención a lo previsto por
el artículo 77º del Código de Procedimientos Penales,
corresponde al juez evaluar si el denunciado se encuentra
adecuadamente identificado e individualizado. El
cumplimiento de dicho requisito es necesario para la apertura
de la instrucción.
De otro lado, el artículo 136º del Código Procesal Penal
exige que el mandato de detención dispuesto por la autoridad
judicial cuente con los datos necesarios que permitan
identificar al requerido. Esta norma ha sido complementada
por la Ley Nº 27411, modificada por la Ley Nº 28121, que
impone al juez la obligación de consignar en el mandato de
detención los siguientes datos del procesado: nombres y
apellidos completos, edad, sexo, fecha y lugar de nacimiento,
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