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Afectación de los derechos a la libertad personal e identidad
La segunda parte del informe aborda el marco teórico y
normativo que obliga a los operadores de la administración
de justicia a identificar e individualizar plenamente a los
procesados. Asimismo, detalla los datos mínimos que debe
contener todo mandato de detención para evitar la privación
de la libertad de personas ajenas al proceso penal.
En la tercera parte se describen los problemas identificados
en la expedición y ejecución de los mandatos de detención
durante el período 2003 – 2006. Tales problemas están
relacionados con la existencia de un considerable número de
requisitorias sin datos de identidad registrados en el Sistema
de Identificación de Personas de la Policía Nacional, la
detención de personas homónimas o con nombres similares a
las requisitoriadas, así como la diversidad de criterios que
tienen los jueces para resolver las solicitudes de homonimia
presentadas por los detenidos.
La cuarta parte describe las actuaciones defensoriales
realizadas ante la Oficina de Control de la Magistratura en
estos casos, las actividades de capacitación realizadas, así como
la supervisión de la implementación del Registro Nacional de
Requisitorias del Poder Judicial y su interconexión con el
Sistema de Identificación de Personas a cargo de la Policía
Nacional.
Finalmente, el informe presenta recomendaciones al Congreso
de la República orientadas a restablecer la vigencia de algunos
artículos de la ley de homonimia, así como modificar el artículo
7 de la ley, estableciendo que será la autoridad judicial la que
deberá realizar de oficio las investigaciones y confrontrar los
datos de identidad de la persona que alega homonimia con los
que obran en el proceso de la persona requisitoriada, así como
delimitar las funciones de registro y ejecución de las medidas
cautelares. De igual modo, se recomienda al Poder Judicial,
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