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Defensoría del Pueblo
Así, se recomendó al Congreso de la República para que por
intermedio de las Comisiones de Justicia y de Derechos
Humanos y Pacificación proponga al pleno la posibilidad de
aprobar la suspensión de la vigencia del último párrafo del
artículo 9º y de los Capítulos III y IV de la Ley Nº 27411, hasta
el funcionamiento del Registro Nacional de Requisitorias.
Igualmente, se recomendó el otorgamiento provisional de
competencia a los jueces penales para el trámite de las
solicitudes de homonimia de las personas en libertad.
De otro lado se exhortó al Presidente de la Corte Suprema de
Justicia y Presidente de la Comisión Ejecutiva del Poder
Judicial que asigne el personal y recursos necesarios para la
implementación del Registro Nacional de Requisitorias.
La Defensoría del Pueblo también recomendó a la Fiscal de la
Nación que, en virtud del artículo 64º de la Ley Orgánica del
Ministerio Público, recuerde a los Fiscales Provinciales
Penales y Mixtos que, en su calidad de directores de la
investigación del delito, adopten las acciones pertinentes para
que se realice una adecuada individualización de los presuntos
responsables de un ilícito penal.
De igual modo se recomendó al Director General de la PNP
instruir a las autoridades policiales, encargadas de la
investigación del delito, a efectos de que realicen todas las
acciones necesarias para la plena individualización de los
presuntos implicados en la comisión de un hecho delictivo.
Finalmente, se recomendó al Jefe del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil realizar las acciones conducentes
a la modificación del Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de dicha institución, con la finalidad
de sustituir la denominación de "certificado de homonimia"
por la de "constancia de identidad".