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Defensoría del Pueblo
de Churcampa, Fajardo, Cangallo, Sucre, San Francisco y la
Mar, así como el Juez del Módulo Básico de Justicia de Huanta.
Durante el año 2005 se continuó recibiendo diversos reportes
de la División de la Policía Judicial, conteniendo la relación
de mandatos de detención ilegales expedidos a nivel nacional.
Dichos reportes fueron remitidos en forma periódica a la
OCMA, observándose, sin embargo, que dicha institución se
limitaba a "poner en conocimiento" de los Presidentes de las
Cortes Superiores de Justicia respectivos. A su vez, dichos
magistrados únicamente precisaban que estaban reiterando
el cumplimiento de la ley y las normas respectivas. De esta
forma se demostraba una actitud pasiva y poco eficiente por
parte de los órganos disciplinarios del Poder Judicial, pese a
advertir que se seguían expidiendo mandatos de detención
ilegales, los cuales ascendieron a 4,886 en el 2005.
Se debe mencionar que las Oficinas Distritales de Control de
la Magistratura del Poder Judicial han informado a la
Defensoría del Pueblo que se han iniciado 52 investigaciones
de carácter disciplinario en el período 2004 - 2006, lo cual
constituye una proporción reducida si consideramos el número
de mandatos de detención expedidos sin datos de identidad.
Las 52 investigaciones comprenden a 17 Presidentes de Salas
Penales o Mixtas, 66 Jueces Penales o Mixtos, un secretario
de sala y un auxiliar jurisdiccional.