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Afectación de los derechos a la libertad personal e identidad
En otra investigación, la ODICMA de Huaura argumentó para
declarar no haber mérito para el inicio de una investigación,
"que si bien es cierto hubo alguna omisión de parte de los
Magistrados Especializados del Distrito Judicial de Huaura,
éstos han sido subsanados". 54 Además, señaló que dichas
órdenes de captura ya habían caducado.
La actitud de resistencia a investigar y aplicar medidas
disciplinarias a los magistrados y magistradas por parte de
las ODICMA también se ha podido advertir en las
investigaciones realizadas por la ODICMA del Cusco, que apeló
al cómputo del plazo entre la recepción de los mandatos de
detención ilegales por la PNP (julio y agosto del 2005), la
remisión de su relación a la Defensoría del Pueblo (1 de agosto
del 2005) y su entrega a la OCMA (16 de septiembre del 2005),
para considerar que ya había transcurrido el plazo de
caducidad para interponer una queja administrativa.
Este razonamiento resulta cuestionable, toda vez que el plazo
de caducidad establecido en el artículo 204º del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo es de
aplicación a las quejas administrativas, lo que no ocurre en el
presente caso. En tal sentido, se debe tener en cuenta que con
la remisión de los listados de mandatos de detención ilegales
a la OCMA, la Defensoría del Pueblo no presentó, stricto sensu
una queja, sino que puso en conocimiento de dicha institución
una "situación anómala", para que sea ésta la encargada de
disponer el inicio de las investigaciones respectivas.
Sobre este aspecto es conveniente señalar que el artículo 66º
del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de
54 ODICMA Huaura. Investigación Nº 03-2006. Resolución Nº 03, del 28 de
abril del 2006.
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