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Defensoría del Pueblo
Control de la Magistratura, aprobado por Resolución
Administrativa Nº 263-96-SE-TP-CME-PJ, establece en su
segundo párrafo que "la caducidad a que hace referencia el
artículo 204 [antes mencionado], no alcanza a la facultad de
acción del Órgano Contralor". Dicho artículo faculta a los
órganos de control del Poder Judicial a iniciar de oficio las
investigaciones respectivas cuando tomen conocimiento de
hechos de inconducta funcional, más aún cuando se trata del
incumplimiento de normas de orden público.
De otro lado es necesario mencionar que seis investigaciones
concluyeron con resoluciones de absolución (11.5%). Los
argumentos utilizados para ello hacen mención a la recargada
labor jurisdiccional, a un error involuntario en la omisión de
los datos de identidad del procesado en el mandato de
detención, a la condición de reo ausente de los procesados, así
como a la cancelación o subsanación de las requisitorias ante
su devolución por la PNP.
Asimismo, un argumento que sorprende y causa extrañeza es
el que considera que los mandatos de detención ilegales como
"no han sido registrados ni gravados en el sistema informático
de requisitorias (…) no han surtido efecto ni causado perjuicio
alguno, por lo que en aplicación del principio de lesividad,
aplicable en los procesos disciplinarios por su similitud con el
proceso penal, [según] el cual para la imposición de una
sanción, no basta que el hecho irregular se encuentre tipificado
en la ley, sino que precise de la lesión o puesta en peligro de
bienes jurídicos protegidos, hecho que en el presente caso no
ha sucedido: (…) no corresponde aperturar proceso
disciplinario en este extremo contra magistrados". 55
55 ODICMA Moquegua Investigación Nº 016-2005. Resolución Nº 04, del 28 de
noviembre del 2005.