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Afectación de los derechos a la libertad personal e identidad
Dirección de Telemática de la PNP, la Dirección de
Investigación Judicial y Apoyo a la Justicia, el Gerente de
Servicios Judiciales y Recaudación y el Gerente General del
Poder Judicial.
En dichas reuniones se abordaron aspectos vinculados al
problema normativo generado con la expedición de la
Resolución Administrativa Nº 029-2006-CE-PJ, respecto a la
entidad encargada de registrar los mandatos de detención
dictados por la autoridad judicial, toda vez que el artículo 136º
del Código Procesal Penal, el artículo 8º inciso 3) de la Ley
Orgánica de la Policía Nacional, y el artículo 3º de la Ley Nº
27411, modificado por la Ley Nº 28121, asignan a la PNP la
tarea de "registrar y centralizar" las requisitorias judiciales.
Por su parte, la Resolución Administrativa antes mencionada
otorga dicha función al Registro Nacional de Requisitorias del
Poder Judicial, disponiendo asimismo -en su primera
disposición transitoria- que, luego de tres meses de la vigencia
del mencionado reglamento, los órganos jurisdiccionales sólo
remitirán información sobre las medidas cautelares a los
Registros Distritales de Requisitorias. Otro de los temas
abordados durante las reuniones de trabajo fue el vinculado
con la interconexión de ambos sistemas.
En la actualidad existen dos registros de mandatos de
detención e impedimentos de salida del país, razón por la cual
es necesario que el Congreso de la República modifique las
normas vigentes con la finalidad de asignar al Registro
Nacional de Requisitorias del Poder Judicial la función de
anotar las medidas cautelares que expidan los diferentes
órganos jurisdiccionales, levantar las requisitorias y anular
los impedimentos de salida del país, debiendo asignarse a la
PNP la función específica de ejecutar los mandatos inscritos
en dicho registro. Este debe estar interconectado con el
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