Febrero 2012 - Cantabria Negocios

Actualidad
Hasta la fecha, los 164 euros que
debían destinarse a Tesorería de la Seguridad
Social tan solo permitían al
profesional cotizar por su jubilación y
por incapacidades temporales, con el
añadido de que esta última prestación
no se empezaba a percibir hasta el vigesimonoveno
día de baja. Sin embargo,
con la incorporación al régimen
general, en caso de enfermedad común
o accidente no laboral, el trabajador
de hogar pasa a estar cubierto por
el empleador desde el cuarto al octavo
día de baja, y a partir del noveno la
prestación correría a cargo de la Seguridad
Social, ascendiendo esta al
60% de la base reguladora hasta
el vigésimo día, y al 75% desde
el vigesimoprimero. Del mismo
modo, la incapacidad temporal
por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales será del
75% y se cobrará desde el día siguiente
al de la baja.
Por lo tanto, quedan excluidos
para los profesionales del servicio
doméstico el complemento
para formación y la prestación
por desempleo, aunque el Ministerio
de Trabajo ha anunciado
que un grupo de expertos analizará
esta última cuestión a lo largo
de 2012 con el objetivo de tomar
una decisión el próximo año.
Por lo pronto, el incremento del
0,9% anual en las cotizaciones a
la Seguridad Social invita a pensar
que, más tarde o más temprano,
los profesionales del sector
podrán cobrar el paro. “Se siguen
manteniendo diferencias
con el resto de trabajadores que
perjudican al empleado de hogar,
y se ha desaprovechado una
oportunidad de oro para hacer una
equiparación total en derechos –considera
Isabel Quintana, presidenta de la
Plataforma Nacional de Trabajadoras
de Hogar–. Y esta no es la única asignatura
pendiente. Además, se mantiene
la posibilidad de ampliar en exceso
las jornadas de trabajo a través de
las 20 horas de presencia semanales,
lo que, en la práctica, supone legalizar
jornadas de hasta 60 horas a la
semana. Tampoco creemos que sea
lógico que se pueda descontar hasta
cantabria
22 negocios
FEBRERO 2012
un 30% del salario en concepto de
alojamiento o manutención, ni que se
siga sin regular la jornada nocturna”.
Del mismo modo, otro de los aspectos
criticados por sindicatos y asociaciones
del sector es el mantenimiento
en el nuevo decreto de la figura del
desistimiento, que es una manifestación
explícita mediante la que el empleador
notifica, de modo claro e inequívoco,
su voluntad de dar por finalizada
la relación laboral antes de que
concluya el periodo convenido, por lo
que no implica el consentimiento del
trabajador. Así, y a pesar de que la
normativa contemple indemnizaciones
de 12 días por año de labor en caso
de desistimiento –el decreto del 85 tan
solo establecía 7 días–, y de que sea
necesario que este sea por escrito
–hasta ahora no se especificaba–, su
existencia elimina en la práctica el despido
improcedente, ya que, aunque está
contemplado por la ley y conlleva indemnizaciones
de 20 días por año,
queda relegado a un papel residual
“Siendo más caro el despido, y existiendo
la posibilidad de desistimiento,
todo hace presagiar que solo los estú-
pidos despedirán”, lamenta Villalba.
Finalmente, y atendiendo a las explicaciones
de Quintana, no hay que
olvidar que uno de los colectivos más
perjudicados por la nueva ley puede
ser el de los empleados inmigrantes,
mayoría en el sector. “La Ley de Extranjería
no permite regularizar la situación
de los ‘sin papeles’ hasta
transcurridos tres años de labor, sin
importar si están trabajando o no en
ese momento, y la nueva normativa
del empleo doméstico impide la posibilidad
de que la propia profesional
pueda darse de alta ella misma como
Modelo de contrato que deben presentar los empleadores para dar de alta al profesional del servicio doméstico.
discontinua, lo cual cierra una vía
muy utilizada por muchas de estas
personas para poder cotizar cuando
sus empleadores no quieren hacerlo y
así regular su situación. En la práctica,
ya nos estamos encontrando con casos
de despido o con la imposición a
la trabajadora de asumir, en exclusiva
y a cargo de su salario, el importe
de cuota a la Seguridad Social. Y todo
partiendo de la base de que quienes
no cuenten con papeles no van a poder
beneficiarse de las ventajas de la
nueva ley”, sentencia.