ISSN 1677-1419 Ano 4, Vol. 4, Número 4 - 2003 - DHnet

1. Me refiero aquí solamente a los derechos
stricto sensu económicos y no a los sociales,
en el sentido y a los efectos de la nota 3. Por
lo tanto, la Sentencia de la Corte IDH Serie
C n. 72, de 2 febrero de 2001, en el caso
Baena Ricardo y otros (270 trabajadores) vs.
Panamá en la cual, fundándose en el
principio jura novit curia y en el de la
integración recíproca de los tratados
internacionales, la Corte afirma la libertad
de constituir sindicatos de acuerdo con el
art. 26 del Pacto de San José (derecho de
asociación), no forma parte del presente
estudio. Para un breve comentario de esa
decisión y de los fallos sobre los “niños de la
calle”, véase C.URQUILLA BONILLA, Los
Derechos Ecónomicos, Sociales y Culturales
en el Contexto de la Reforma al Sistema
Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos, Revista IIDH, 2000,
30-31, pp. 259-281, y en particular pp. 277-
278.
2. En lo que se refiere al Continente
Latinoamericano, se trata de la CEPAL –
Comisión Ecónomica de NU para América
Latina y el Caribe.
3. Aún si la Observación General n. 9 (1998)
de ECOSOC (Doc.E/1999/22 de fecha 31 de
mayo de 1999, Annexo IV) afirma que “en
el momento de su redacción, se rechazaron
con firmeza los intentos de incluir en el
Pacto una disposición específica en el
sentido de que no tenía aplicación
inmediata.” Después de haber subrayado
(ibíd.) que “es especialmente importante
evitar cualquier suposición a priori de que
las normas del Pacto no deben considerarse
de aplicación inmediata, [pues] de hecho,
muchas de ellas están redactadas en unos
términos que son, por lo menos, tan claros y
concretos como los de otros tratados sobre
derechos humanos, cuyas disposiciones
consideran generalmente los tribunales de
aplicación inmediata”, la Observación
General indica (punto 10) cuáles son las
normas del Pacto de Nueva York que
pueden y deben ser consideradas
inmediatamente aplicables, y las identifica
en los arts. 3 (prohibición de discriminación
contra mujeres y niños); 7 (a) letra i)
NOTAS
(derecho a un salario adecuado y prohibición
de discriminación salarial); 8 (derecho de
asociación sindical); 10 (3) (prohibición de
discriminación y de trabajo peligroso para
los niños); 13 (2a) (instrucción primaria
obligatoria y gratuita); 13 (3) y (4) (libertad
de escuela privada) y 15 (3) (libertad de
investigación científica). En la vasta
literatura relativa a la justiciabilité de las
normas “universales” sobre los derechos
económicos, sociales y culturales, véase, por
ejemplo, y por último, S. LECKIE,
Violations of Economic, Social and Cultural
Rights, SIM Specials, 20, 1998, capítulo 3,
pp.32-86 y A. SACHS, Social and Economic
Rights: Can They Be Made Justiciable?,
SMULR, 2000, pp.1381-1391.
4. Para los derechos económicos, rige en efecto
sólo la Carta Social Europea revisada,
adoptada el 5 de marzo de 1996 y entrada en
vigor el 1 de julio de 1999, y el sistema de
reclamos colectivos (Cuarta Parte, art. D y
Protocolo Adicional de 9 de noviembre de
1995) al Comité Europeo de los Derechos
Económicos, y eventualmente al Comité de
Ministros.
5. Se trata respectivamente, en lo que
concierne al Continente Latinoamericano,
del MERCOSUR (Mercado Común del Sur)
constituido por el Tratado de Asunción,
adoptado el 26 de marzo de 1991 por
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
(Bolivia y Chile participan sólo como
miembros asociados) y, en lo que concierne
a África, de la Comunidad Económica
Africana (African Economic Community-
AEC), instituida por el Tratado de Abuja,
firmado el 3 de junio de 1991 y entrado en
vigor el 12 de mayo de 1994. Respecto al
primero, véase J. ZARAGOZÁ AMIEL, El
Mercado Común del Sur (Mercosur):
apuntes sobre sus objetivos, estructura,
desarrollo y perspectivas, Themis, 1997, pp.
221-242. Sobre la segunda, véase el
Documento CM/Dec.607 (LXXIV),
redactado por el Comité de Ministros de la
OUA en su última reunión de Lusaka, en
julio de 2001, y la Declaración 2001 del
Consejo de la Comunidad Económica
Africana, en que esto “2. reiterates its
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