ISSN 1677-1419 Ano 4, Vol. 4, Número 4 - 2003 - DHnet

constitucionales elegidos por los pueblos no
demuestran ser capaces de mejorar
efectivamente la condición de vida de sus
pobres. Concluye advirtiendo que si no se
combate frontalmente a la pobreza, no puede
ni debe descartarse el peligro de nuevas
formas de subversión o de aventuras
autoritarias.” Sobre el mismo problema,
véase también el “Quinto Informe (2001)
sobre la Situación de los Derechos Humanos
en Guatemala” (Doc.OEA/Ser.L/V/
II.111 Doc.21 rev. del 6 de abril de 2001),
realizado por la Comisión IDH, y más
específicamente los capítulos III, B, 7
(“Guatemala muestra la segunda más
desigual distribución del ingreso del
hemisferio, en donde el 20% más rico de la
población consume el 63% de los ingresos
totales en cambio el 20 % más pobre
consume solamente el 2.1% de los ingresos
totales. El 39.8% de la población gana
menos de un dólar diario. Se estima que el
57% vive bajo la línea de la pobreza”) y
XII, D, 30-36.
38. El pár. 56 letra c del fallo sobre reparaciones
se expresa con estas palabras: “estos
ejemplos de desatención a los derechos de
los niños revelan dos cuestiones: primero,
que casos como el del Bosque de San
Nicolás son tal vez expresiones extremas de
una negligencia estructural para los derechos
de los niños y, segundo, que el número de
niños que está en riesgo de ‘callejización’ es
muy alto; las familias y los niños de la
población en estado de pobreza, que es más
del 80% del total de la población, están en
riesgo.”
39. A los efectos del cual "1. Toda persona tiene
derecho a que se respete su vida. Este
derecho estará protegido por la ley... Nadie
puede ser privado de la vida
arbitrariamente.”
40. Prohibición de privación de la libertad
personal y prohibición de torturas y
tratamientos crueles, inhumanos y
degradantes. Sobre la aplicación, en
particular, de la Convención de Cartagena de
Indias (12 de diciembre de 1985-28 de
febrero de 1987) para prevenir y sancionar la
tortura, véase R. WILSON y J. PERLIN,
The Inter-American Human Rights
System…, cit., p. 330.
41. Permítome hacer referencia a mi estudio
“Vittime e risarcimento del danno: l’
esperienza della Corte Interamericana dei
Diritti dell’ Uomo”, que se encuentra en fase
de publicación en “Comunicazioni e Studi di
Diritto Internazionale della Università degli
Studi di Milano”, 2002, 52 págs., punto 3.
42. En cuanto a la falta de educación, debido a
la negligencia del Estado, la Corte se refiere
a este problema sólo per incidens, como
consecuencia inevitable de la necesidad de
las víctimas de sustentar a sí mismas y, al
menos en parte, a sus familias.
43. Esto vale tanto y por sobre todo para los más
débiles, cuyas necesidades de protección
“requieren una interpretación del derecho a
la vida de modo que comprenda las
condiciones mínimas de una vida digna”:
Voto Concurrrente conjunto del Presidente y
del Juez Abreu Burelli anexo a la Sentencia
sobre el fondo, pár. 7.
44. El pár. 139 de la Sentencia sobre el fondo
dice al respecto: “en los alegatos finales, la
Comisión destacó las características de jus
cogens del derecho a la vida y el hecho de
que constituye la base esencial del ejercicio
de los demás derechos. La Comisión señaló
que el cumplimiento del art. 4 relacionado
con el art. 1.1 de la Convención, no sólo
presupone que ninguna persona sea privada
de su vida arbitrariamente (obligación
negativa), sino que además requiere que los
Estados tomen todas las medidas apropiadas
para proteger y preservar el derecho a la
vida (obligación positiva). Concluyó,
entonces, que el Estado había violado los
dos aspectos del mencionado derecho” y los
párr. 1 y 2 del Voto Concurrente conjunto
del Presidente Cançado y del Juez Abreu
Burelli subrayan que “el derecho a la vida,
además de inderrogable, requiere medidas
positivas de protección por parte del Estado:
implica no sólo la obligación negativa de no
privar a nadie de la vida arbitrariamente,
sino también la obligación positiva de tomar
las medidas necesarias para asegurar que no
sea violado aquel derecho básico. Dicha
interpretación del derecho a la vida, de
modo que abarque medidas positivas de
protección por parte del Estado, encuentra
respaldo hoy día tanto en la jurisprudencia
internacional como en la doctrina.” En lo
que se refiere a la aplicación del art. 19 de la
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