ISSN 1677-1419 Ano 4, Vol. 4, Número 4 - 2003 - DHnet

políticas y económicas. Muchas personas
emigran para elevar su estatus social. En el
caso de mujeres y minorías religiosas o
étnicas, la emigración en ocasiones implica
la posibilidad de obtener igualdad y un trato
más digno”: en este sentido el pár. 61 del
capítulo “Políticas Migratorias y
Violaciones de Derechos Humanos” del
“‘Segundo Informe…”, cit., en relación al
cual véase P. SAAVEDRA, Algunas
consideraciones sobre la Relatoría de la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos sobre trabajadores migratorios y
miembros de sus familias en el hemisferio,
Revista IIDH, 1999, 29, pp. 153-170.
125. El Voto Concurrente del Presidente, pár. 2,
subraya que “la Delegación dominicana
señaló que el presente caso refleja un
problema que concierne también a la
comunidad internacional y que la búsqueda
de solución al mismo no debería recaer
enteramente sobre los hombros de la
República Dominicana. Entiendo que la
Delegación dominicana tiene razón en
señalar este aspecto del problema: no
podemos, efectivamente, hacer abstracción
de sus causas” y el punto 11 de la
Resolución informa que “también la
Comisión reconoce que la política
inmigratoria de cada Estado es una decisión
soberana suya; sin embargo, la misma tiene
límites. Así, de conformidad con la
Convención Americana, esta política debe
reconocer a los extranjeros con status legal
el derecho a no ser deportados, sino por
decisión fundada en la ley y debe prohibir la
expulsión colectiva de extranjeros, con o sin
status legal. Asimismo, la política
inmigratoria debe garantizar para cada caso
una decisión individual con las garantías del
debido proceso; debe respetar el derecho a la
vida, a la integridad física y psíquica, a la
familia y el derecho de los niños a obtener
medidas especiales de protección. Por
último, la ejecución de dicha política no
puede resultar en tratos crueles, inhumanos y
degradantes, ni en discriminaciones por
razones de raza, color, religión o sexo.”
126. Ibíd., punto 62: “estas personas enfrentan
una condición de vulnerabilidad estructural.
A raíz de ella, los migrantes están expuestos
a una serie de atropellos. Entre ellos se
pueden mencionar arrestos arbitrarios y la
ausencia de debido proceso; deportaciones
masivas; discriminación para concesión de
la nacionalidad o para acceder a servicios
sociales; condiciones de detención
infrahumanas; apremios ilegítimos por parte
de autoridades como policías y funcionarios
de inmigración; y completa indefensión
cuando son expuestos a condiciones de
explotación por parte de empleadores
inescrupulosos. Ellos sufren también, en
general, una discriminación estructural que
se expresa en diversas formas de exclusión y
de reducción de posibilidades en su
inserción ocupacional y en su acceso a
instituciones del Estado en igualdad de
condiciones.”
127. Sobre todo cuando ella sea “iluminada” por
las necesidades de la economía globalizada,
como se señala en los puntos 11 y 14 de la
memoria de respuesta de la República
Dominicana: “[a causa de la caída
internacional del precio del azúcar] la
República Dominicana está obligada a
mantener una política de retorno y expulsión
permanente, pero es necesario precisar que
el número de personas que son repatriadas
no compensa ni remotamente el número de
personas que entran al país ilegalmente. El
problema de Haití es un problema de la
comunidad internacional y, sobre todo, de
los países más ricos; la República
Dominicana tiene grandes limitaciones
económicas, grandes niveles de pobreza y no
puede cargar sola la realidad económica,
social, ambiental, política, institucional y de
seguridad que vive el pueblo haitiano.
Además, la República Dominicana tiene
serias dificultades para absorber un número
indefinido y constante de ‘refugiados’ en
razón de sus propias limitaciones, toda vez
que éste es un problema que hay necesidad
de resolver dentro de una coyuntura global.
La deportación de extranjeros que se
encuentran ilegalmente en territorio
dominicano es un derecho irrenunciable e
innegociable del Estado dominicano pues el
mismo constituye uno de los atributos
fundamentales de su soberanía, consagrado
en su ordenamiento jurídico, el cual no viola
ningún tratado o convención que el Estado
haya firmado o ratificado.” Al respecto,
véase también J. EXUMÉ, Le Pacte de San
José et les Pays de la Région Caraïbe, en El
Sistema…, cit., pp. 251-261 y
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