ISSN 1677-1419 Ano 4, Vol. 4, Número 4 - 2003 - DHnet

interpretación y aplicación de la Convención, así
como para disponer que se garantice a la víctima
de la violación de un derecho o libertad
protegido por este instrumento, el goce de ese
derecho o libertad, así como la reparación de las
consecuencias de la medida o situación que ha
configurado la vulneración de ese derecho. 13
En la jurisdicción internacional americana
sobre derechos humanos, la litis se configura entre
la Comisión y los Estados, o bien entre Estados, ya
que vía convencional las víctimas carecen de
posibilidad de acceder directamente. Esta carencia
en torno al acceso a la justicia ha sido paliada
relativamente a través de sendas modificaciones en
el Reglamento y Estatuto de la Corte, habilitando
un locus standi a la víctima en las sesiones de la
Corte y en otras instancias del proceso.
La Corte posee dos tipos de competencia:
contenciosa y consultiva. El proceso contencioso
considera una casi reproducción de lo
desarrollado en sede de la Comisión
Interamericana, lo cual ha sido una de las fuertes
críticas debido a la duración de los procesos en el
sistema interamericano, al tener que reiterar la
Corte la investigación realizada previamente por
la Comisión. Sin embargo, esta circunstancia
encuentra alguna explicación bajo el entendido
que la Comisión no es un órgano jurisdiccional
como sí lo es la Corte, razón por la cual ésta no
debe ser entendida como un órgano de control o
apelación de lo actuado por aquélla.
Por esta misma razón, la Corte puede
dictar las medidas provisionales que considere
oportunas aun si el caso no ha llegado a su
conocimiento y la Comisión así se lo solicita. El
proceso ante la Corte contempla la posibilidad de
plantear excepciones preliminares, cuyo
conocimiento, en teoría, no suspende el trámite
sobre el fondo. La fase de fondo contempla una
etapa escrita y otra oral, superadas las cuales la
Corte emite la sentencia correspondiente de
manera debidamente motivada.
Elemento de particular importancia y
relevancia del sistema interamericano se
encuentra en lo concerniente a la ejecución de
sus sentencias. Esta se aprecia como el punto
más delicado de todo sistema de jurisdicción
internacional por vincularse estrechamente con la
eficacia de las sentencias y del sistema mismo.
De conformidad con el derecho internacional y el
principio pacta sunt servanda, el art. 68.1 de la
Convención señala la obligación de los Estados
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de cumplir con las sentencias de la Corte
Interamericana. Así, como órgano judicial que
es, corresponde a la propia Corte dar seguimiento
a sus sentencias, razón por la cual, siguiendo el
art. 65 de la Convención, la Corte informará a la
Asamblea General aquellos casos que presenten
incumplimiento de los Estados.
La novedad se encuentra, sin embargo, en
la disposición convencional del segundo párrafo
del art. 68, que refiere que las sentencias
encontrarán ejecución – en cuanto a sus
consecuencias pecuniarias – a través de los
procedimientos internos para la ejecución de
sentencias contra el Estado. Esta disposición, que
no encuentra norma análoga en el sistema
europeo, permite entonces que la sentencia de
origen internacional sea “nacionalizada” en
cuanto a su ejecución utilizando los
procedimientos propios de la jurisdicción
nacional para sentencias contra el Estado, es
decir, la vía de ejecución de sentencias de la
jurisdicción contencioso-administrativa.
Si bien esta posibilidad es un avance cierto
en procura de la efectivad de las sentencias de la
jurisdicción internacional americana sobre derechos
humanos, la limitación al aspecto pecuniario podría
tornar en endeble la situación de otro tipo de
acciones afirmativas a que los Estados puedan verse
sujetos. De aquí la importancia de identificar
canales de comunicación idóneos entre los sistemas
internacionales y nacionales que permitan una
mayor aplicación, a todo nivel, de los contenidos de
los instrumentos sobre derechos humanos vigentes
en el hemisferio. Es aquí donde el desarrollo
constitucional de los últimos años, y la instauración
o desarrollo de instancias nacionales más
focalizadas a la protección de los derechos
fundamentales, se aprecia y percibe como el canal
propicio para lograr esta conexión.
La expresa referencia, o bien la inclusión
constitucional de instrumentos internacionales y
otros parámetros de protección de los derechos
fundamentales, como las interpretaciones
pronunciadas por los tribunales internacionales, e
incluso los desarrollos jurisprudenciales
nacionales que han potenciado la vigencia de
estos instrumentos e interpretaciones,
constituyen la base para una interacción entre
sistemas que devenga en la generación de un
sistema coherente y unívoco de protección,
caracterizado por la mutua y continua
retroalimentación, con miras a lograr una
proactividad en ambos escenarios que permitan