ISSN 1677-1419 Ano 4, Vol. 4, Número 4 - 2003 - DHnet

tratado deberá interpretarse de buena fe
conforme al sentido corriente que haya de
atribuirse a los términos del tratado en el
contexto de éstos y teniendo en cuenta su
objeto y fin.” En la especie, el objeto y fin
de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos se concentran en el
reconocimiento de la dignidad humana y de
las necesidades de protección y desarrollo de
las personas, en la estipulación de
compromisos a este respecto y en la
provisión de instrumentos jurídicos que
preserven aquélla y realicen éstos.”
106. El subrayado es mío. Ibíd., pár. 7, “en este
orden de ideas, el Convenio n. 169 sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, adoptado por la 76ª
Conferencia Internacional del Trabajo
sostuvo que “los gobiernos deberán respetar
la importancia especial que para las culturas
y valores espirituales de los pueblos
interesados reviste su relación con las tierras
o territorios, o con ambos, según los casos,
que ocupan o utilizan de alguna otra manera,
y en particular, los aspectos colectivos de
esa relación” (art. 13.1), y señaló asimismo:
“deberá reconocerse a los pueblos
interesados el derecho de propiedad y de
posesión sobre las tierras que
tradicionalmente ocupan” (art. 14.1).” El
redactor hace también referencia sea al
Proyecto de Convención sobre los Derechos
de las Poblaciones Indígenas, el cual, si bien
fue aprobado por la Comisión IDH, aún no
ha obtenido el consensus de los Estados
miembros de la OEA, sea al Proyecto de
Declaración sobre la Discriminación contra
las Poblaciones Indígenas, emanado por la
Subcomisión “Prevención de la
Discriminación y Protección de las
Minorías” de la Comisión DDHH de NU
(Doc.E/CN.4/Sub.2/1994/2/Add.1 del 20 de
abril de 1994). En relación a este último,
véase en doctrina J. BURGER y P. HUNT,
Towards the International Protection of
Indigenous Peoples’ Rights, NQHR, 1994,
4, pp. 405-423 y R. COULTER, The Draft
UN Declaration on the Rights of Indigenous
Peoples: What is It? What does it Mean?,
NQHR, 1995, 2, pp. 123-138. En su
trigésimo segundo periodo ordinario de
sesiones, la Asamblea General de la OEA
(Documento OEA/Ser. P – AG/doc.
4065/02, del 2 de junio de 2002) ha reiterado
que la adopción de la Declaración
Americana sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas es una prioridad de la
Organización de los Estados Americanos,
subrayando además la importancia de la
participación de los pueblos indígenas en el
proceso de elaboración del Proyecto de
Declaración.
107. El subrayado es mío.
108. En el pár. 13 el Autor precisa que
“desconocer las versiones específicas del
derecho al uso y goce de los bienes que
consagra el art. 21 de la Convención
Americana, y pretender que únicamente
existe una forma de usar y disfrutar de los
bienes equivaldría a negar a millones de
personas la tutela de ese precepto,
sustrayéndolas así del reconocimiento y de
la protección de derechos esenciales, que se
brindan, en cambio, a las demás personas.
De esta suerte, lejos de asegurar la igualdad
de todas las personas, se establecería una
desigualdad contraria a las convicciones y a
los propósitos que inspiran el sistema
continental de los derechos humanos.”
En cuanto a la Constitución de Paraguay, el
comentario anónimo de Iudicium et Vita,
cit., pp. 137-138, nos relata que ésta
reconoce abiertamente tres tipos de
propiedad: la privada (art. 44); la pública, la
del Estado (arts. 254 y 255), y la colectiva
(arts. 122.1 y 123); esta última es prevista
para las comunidades campesinas, en
relación con tierras y predios agrarios (art.
122) y para las comunidades indígenas a fin
de que éstas logren su bienestar económico
y social (art. 123). Se trata de un tipo de
propiedad distinto tanto de la propiedad
privada, como de la propiedad del Estado, y
la misma Constitución ha previsto que esta
categoría de derecho real esté sujeta a un
régimen legal diferente de las otras.
109. “En el análisis del tema sujeto a su
jurisdicción, la Corte Interamericana
contempló los derechos de uso y goce
reconocidos en el art. 21 desde la
perspectiva, perfectamente válida, de los
miembros de las comunidades indígenas.
Esta forma de analizar el tema, para los fines
de la presente Sentencia, no implica en
modo alguno desconocer o negar derechos
de otra naturaleza o alcances vinculados con
aquéllos, como son los de carácter colectivo,
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