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superando largamente los límites establecidos por la ley de Responsabilidad Fiscal (L. 25.152),
votada en septiembre del mismo año.
La eliminación del déficit que producían las empresas públicas generó impactos opuestos. Por un
lado impactó positivamente mediante la eliminación de privilegios, pero también negativamente
suprimiendo políticas indirectas de redistribución, como por ejemplo mantener empresas del
Estado en lugares poco rentables (Salta, Neuquén), mediante el pago de salarios por encima de la
productividad, pero fundamentalmente generando subsidios implícitos desde mercados más
poblados y eficientes, hacia áreas con serios problemas de inserción productiva dentro de un
agotado modelo de producción e integración económica internacional.
Esta situación se sostuvo hasta la primera crisis financiera internacional que generara el conocido
“efecto tequila” (1995). Allí, como consecuencia de los problemas financieros de México se
comenzaron a ocasionar problemas para obtener financiamiento externo. La exigencia de obtener
anualmente un financiamiento externo de aproximadamente 20.000 millones genera una fuerte
dependencia de los vaivenes de la economía internacional. De esta manera durante la segunda
parte de la década de 1990 cuando los Estados Unidos se convierten en una locomotora
económica, generan una fuerte atracción de capitales, los cuales resultan entonces difíciles de
atraer hacia las economías emergentes, inestables políticamente y con tasas de crecimiento
reducidas.
Marco general político sanitario
En julio de 1992, se formularon las políticas de salud nacionales que presentaban como objetivos
principales: la preservación del derecho a la salud para la población, el mejoramiento de la
atención médica basado en criterios de equidad, solidaridad, eficacia, eficiencia y calidad, el
fortalecimiento de las acciones de promoción y protección de la salud y prevención de la
enfermedad bajo criterios de focalización poblacional y la redefinición y reorientación de los
procesos de federalización y descentralización.
El gobierno impulsó la desregulación para facilitar a la competencia entre las mismas obras
sociales, estimular la elección por parte de los afiliados de la Obra Social y garantizar que todas las
obras sociales brindaran una cobertura obligatoria que incluyera las principales prestaciones.
Posteriormente, se inició el proceso de regulación de las empresas de medicina prepagas.
El proceso de reconversión de las obras sociales iniciado en 1992, buscaba el saneamiento
financiero y establecer nuevas estrategias de contratación con otro modelo prestacional,
garantizando la sustentabilidad, y viabilidad.
En 1992, se creó el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica
(P.N.G.C.A.M.), que re - definió el papel del M.S.A.S. de la Nación como regulador. En el mismo
año, el control de calidad en medicamentos, alimentos y tecnología fue puesto en manos de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (A.N.M.A.T.).
A partir de 1993, por medio de una serie de decretos y resoluciones, se institucionaliza el traspaso
de afiliados entre las obras sociales.
El programa de reconversión fue acompañado por la elaboración del Programa Médico Obligatorio
(P.M.O.) de cobertura obligatoria.
En 1993 por decreto se crea el Hospital Público de Autogestión (H.P.A.). Este está autorizado a
cobrar a terceros pagadores, sean de la seguridad social u otro tipo de seguro. Se trata de un
sistema que implica el reclamo a la Administración Nacional del Seguro de Salud (A.N.S.SAL.)
quién procede al débito automático al agente del Sistema Nacional del Seguro de Salud y al pago
de lo facturado dentro de un lapso establecido de efectuada la retención.
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