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contrato con la obra social provincial, con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados y además tiene un prepago voluntario, adquiriendo características cuasi
monopsónicas. En esta provincia, a pesar de los esfuerzos desde el Consejo Provincial de Salud
por articular un seguro provincial de salud, integrando toda la población que se atendía en el sector
público y privado, el poder de los prestadores privados fue lo suficientemente fuerte como para en
primer lugar abortar la iniciativa de integrar la población que se atiende en los hospitales con
aquellos beneficiarios de la obra social provincial. Entre otras razones por los problemas de
plantear una reconversión y complementación de la red prestadora pública que atendía
históricamente a los habitantes sin cobertura, con los prestadores privados que históricamente han
sido los principales proveedores-efectores de servicios médicos de la población beneficiaria de la
obra social provincial.
En la provincia de Santa Fe, los grupos prestadores con mayor poder de organización acumulan
capacidad de influencia como para definir nuevas reglas de juego en materia de asignación de
recursos. Los prestadores tienden a integrarse y se constituyen en compradores internos de
servicios, intentando articular una red prestadora – aseguradora público privado que tiende a limitar
la competencia, complementando recursos.
En la Capital Federal se implementaron programas del primer nivel de atención, por ejemplo el
desarrollo de un programa de médicos de cabecera para la población sin cobertura de salud, que
se atiende en el hospital público. Además se desarrollaron articulaciones entre los hospitales
municipales de la Ciudad de Buenos Aires, y una red privada de prestadores conformando
Unidades de Prestadores Integrales, entidades sin fines de lucro con participación de ambos
sectores, organizada para brindar prestaciones a la población de jubilados y pensionados del
INSSJP/ PAMI en la Capital Federal.
En la provincia de San Luis se iniciaron experiencias de tercerización de la facturación de las
prestaciones a las obras sociales, y de otros operadores privados (seguros, administradoras de
riesgos de trabajo, prepagas, etc.). Muchos hospitales previamente tercerizaron la cocina,
lavandería, seguridad y otros servicios no asistenciales.
En el informe 14399-AR del Banco Mundial, sobre el proyecto de desarrollo del sector salud en las
provincias (1995) se afirma que la eficiencia en las asignaciones podría mejorar si se introdujeran
criterios de eficacia en función de costos, que permitieran definir prioridades en la asignación de
recursos en el nivel provincial, complementado con la separación gradual de las funciones de
financiación y prestación en este nivel.
Una de las críticas más relevantes que se le puede hacer al programa financiado por el Banco
Mundial apuntan a haber intentado una reforma en las provincias, a punto de partida del logro de
algunos hospitales de mejoras en su eficiencia micro, lo cual les permitiría alcanzar el status de
autogestión. En forma paralela y mediante la reforma del financiamiento, que pasaría a financiar a
la demanda y ya no a la oferta de servicios, se esperaba que se produjera un ajuste de la red
prestadora pública de salud de las provincias. La limitación del enfoque fue no pensar de manera
integral en el sistema (cobertura, seguro, regulación, financiación, red prestadora), de tal manera
de poder contar con un marco general desde donde poder actuar una reforma microeconómica en
la gestión de los actores públicos.
Este esquema sólo permitió financiar pequeños cambios organizativos que no tardaron en caer al
retirarse la asistencia finaciera y volver a funcionar con la misma lógica con la cual funciona todo el
sistema. En última instancia, se trata de una cuestión de supervivencia de la organización, que no
puede actuar de manera responsable y racional en el uso del presupuesto, porque los incentivos
tienden a favorecer a los que exceden las previsiones de gasto.
Gasto en salud en las distintas jurisdicciones
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