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La falta de incentivos a la gestión eficiente de los recursos se hace cada vez más relevante en la
medida en que el Estado Nacional asume mayores responsabilidades en materia de ingresos
concentrando funciones, en tanto que el gasto tiende a descentralizarse cada vez más. El
responsable de las erogaciones tiende a eludir las responsabilidades de asignación eficiente del
gasto y a concentrar las presiones para ampliar el techo que le establece el financiador mediante el
esquema de coparticipación.
Las dificultades de acuerdo que ofrece el dictado de una nueva Ley de Coparticipación que tendría
que haberse aprobado durante 1996 ( 6 ) constituyen una pequeña muestra del desfasaje que se ha
producido entre los cambios en la estructura del gasto público consolidado y la organización de los
ingresos. Las diferencias no son sólo entre la Nación y las Provincias, sino que se da
fundamentalmente entre las mismas provincias por el porcentaje que le correspondería a cada una
de ellas.
La problemática fiscal de las provincias, de continuos y permanentes desequilibrios permite advertir
que claramente muchas de ellas no son viables económicamente y que requieren la continua
asistencia directa o indirecta de las provincias con mayor recaudación. De este modo, con ingresos
inferiores a sus egresos, y subsistiendo de las partidas de la coparticipación federal, las provincias
presentan debilidades en materia de gestión del subsector público.
El empleo público continúa siendo utilizado como seguro de desempleo ante los problemas de
atraso y estancamiento económico y pérdida de competitividad de las economías regionales. Los
niveles de endeudamiento de las provincias se ven incrementados con los pobres indicadores de
crecimiento económicos de la última etapa de los noventa, y conforman hoy una deuda de
aproximadamente 20.000 millones de pesos.
Los problemas de financiamiento, vinculados al crecimiento del sector público en etapas
ascendentes del ciclo económico, no son fáciles de ajustar o flexibilizar cuando el ciclo está en su
etapa descendente sin generar tensiones sociales profundas.
La rigidez de la estructura pública provincial en materia de personal ocupado, estructuras, y pago
de deudas, constituye un fuerte condicionante a la redefinición de funciones de producción y
organización pública más eficientes y eficaces.
Las provincias tienen entre sí profundas diferencias y la distancia económica y social se agranda
aún más si se las compara con la Capital Federal. La inequidad está presente también dentro de
las mismas jurisdicciones, dado que es posible identificar la convivencia de islas de pobreza muy
deprimidas económica y socialmente con islas de opulencia económica.
De manera más reciente un informe de la Consultora Equis (7 ) hace referencia al crecimiento de la
economía durante los años noventa, pero de manera paralela a un crecimiento de la desigualdad.
La Capital Federal aparece como el territorio de mayor desigualdad con una diferencia de 89%
entre el 10% más rico y el 10% más pobre
El coeficiente de Gini que se utiliza para medir el grado de igualdad de una sociedad, nos permite
observar los desequilibrios sociales que se producen. El coeficiente se mueve entre 0 y 1 y cuanto
más cerca de 1 está mayor es la desigualdad. En el caso argentino mientras que en 1990 el
coeficiente era de 0,42, nueve años más tarde se ubica en 0,45.
Según el informe citado con anterioridad, el 10% más pobre de la población pasó de recibir un
2,1% de los ingresos totales en 1990 al 1,5% en 1999. Mientras que en el mismo período el 10%
más rico pasó de recibir 33,6% al 36,7%, mejorando aún más su posición.
6 Según lo establecido en la Reforma Constitucional de 1994
7 Ricos y pobres más separados. La Nación. Economía. 26 de mayo 2000
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