2. diagnóstico del rnvsm maquenque - Eco-Index

Para especies de reptiles y anfibios, en el apéndice I de CITES, se encuentran Chelidra serpentina, Crocodylus acutus
y en el apéndice II, están presentes en la zona Dendrobates pumilio, Dendrobates auratus y Phyllobates lugubris.
La propiedad privada en las áreas silvestres protegidas
El régimen de propiedad en las áreas silvestres protegidas, puede ser entonces estatal, municipal, mixta o privada.
Así, es importante hacer una serie de consideraciones sobre la función social de la propiedad privada: en términos
generales puede decirse que la propiedad privada ha dejado de ser ya un derecho subjetivo absoluto, para
adquirir en cambio una función social, y es con base en ésta que el ordenamiento jurídico puede intervenir e imponer
obligaciones, positivas y negativas, al propietario. Siendo la propiedad privada uno de los pilares del desarrollo
de una sociedad, se hace necesario conciliar el derecho de usar, gozar y disponer de un bien que tiene su propietario,
con los fines últimos del orden público, en beneficio de las demás personas. Ahora bien, si estos fines no
son coincidentes, procede la sujeción de la propiedad privada a la ley y a la Administración Pública, manteniendo
un equilibrio racional para que tampoco se llegue a vaciar o hacer inútil el concepto de propiedad privada. La función
social de la propiedad en consecuencia permite la imposición de límites y limitaciones; en este sentido hoy en
día no es admi-sible un ejercicio del derecho de propiedad contrario al ambiente. El derecho de propiedad
(cualquiera que sea) se ejerce conforme al principio pro ambiente, por lo que debe respetarlo y sustentarlo.
El artículo 2 de la Ley Forestal faculta al Estado, a través del MINAE, para que pueda establecer áreas protegidas
de cualquier categoría en terrenos privados. Estos terrenos podrán ser incorporados voluntariamente a las
áreas protegidas, o de haber acuerdo entre las partes, puede ser comprado por el Estado. En caso de no haber consentimiento,
los terrenos podrán ser expropiados mediante el procedimiento correspondiente. El Estado también
podrá imponer limitaciones a la propiedad que impidan el cambio de uso de suelo y la tala de árboles cuando se
determine mediante ley que el terreno es imprescindible para conservar la biodiversidad o el recurso hídrico. Estas
restricciones pueden ser inscritas ante el Registro Público.
En este sentido, la Sala Constitucional ha establecido que la disposición del artículo 2 de la Ley Forestal no
deviene inconstitucional. Por el contrario, se encuentra acorde con lo establecido en los artículos 50 y 45 de nuestra
Carta Magna, por cuanto es posible mediante una ley restringir el derecho de propiedad por razones de conveniencia
pública, en este caso, por razones ambientales. Además, las limitaciones que puede establecer el Estado
sobre la propiedad no resultan contrarias al principio de proporcionalidad y razonabilidad, ya que cuando una
propiedad privada es sometida obligatoriamente al régimen forestal, esta debe ser adquirida mediante compra o
expropiación. De hecho, la normativa forestal reconoce que el sometimiento puede ser voluntario, con lo cual el
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